La relación de la Argentina con China y con Rusia genera desde hace tiempo varias controversias. Desde la gestión de Cristina Kirchner el gigante asiático fue ganando terreno como el principal financista de las grandes obras de infraestructura del país y la relación con Vladimir Putin significó el apoyo en diferentes ámbitos internacionales. Más cerca en el tiempo, esto se materializó en el acceso a las vacunas Sputnik V con un tratamiento especial.
En ambos casos la contrapartida es un marcado interés de parte de las empresas de esos países por acceder al mercado energético de la Argentina. En especial, en lo que se refiere a la construcción de una nueva central nuclear, algo que se comenzó a conversar en la última gestión kirchnerista y se mantuvo durante el gobierno de Mauricio Macri en donde estaba todo acordado con China para la construcción de una cuarta central nuclear pero no se llegó a buen puerto porque, con el cambio de gobierno, el ministro de Economía Martín Guzmán lo frenó no estaba de acuerdo en avalar el préstamo y los plazos de repago.
Sin embargo, la intención de una cuarta central nuclear siguió presente. Y la relación con los dos Estados también.
En ese contexto es que en las últimas horas la diputada Jimena Latorre, junto a los diputados Alfredo Cornejo y Dolores Martínez, presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que explique en qué estado se encuentran los proyectos y las negociaciones que se están llevando a cabo con China y Rusia para impulsar el desarrollo de la energía nuclear en Argentina a través de la instalación de nuevas centrales nucleares.
Según explicaron los legisladores, el pedido lo realizó de acuerdo a los objetivos de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) expresados en el Proyecto de Presupuesto 2022, enviado recientemente al Congreso, donde se hace referencia al análisis de la competitividad de la inserción en el mercado eléctrico de nuevas centrales nucleares.
A partir de esto es que los legisladores están solicitando conocer “el Plan de Acción para la construcción de la Central Nuclear Hualong de origen chino y que se informe sobre las negociaciones entre la Secretaría de Energía argentina con la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional de ese país”.
En el mismo documento se requiere la realización de estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular se deberá informar cuál es el estudio que demuestre que el emplazamiento apropiado de esa central es Atucha, vinculado a la protección radiológica a su cargo y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
En el Gobierno llamó la atención el pedido de informes ya que durante la gestión de Cambiemos el ex secretario de Energía Atómica, Julián Gadano, y el embajador argentino en China, Diego Guelar, habían avanzado al punto tal que estaban negociando un crédito que en 2019 era de USD 6.715 millones del banco de capital chino ICBC, con un plazo de repago de 20 años y ocho años de gracia.
Esto también quedó confirmado por el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quien en una nota del 2 de diciembre 2019 explicó al periodista Fernando Krakowiak de Página 12 los cuatro años de negociaciones con China para la construcción de una nueva central nuclear.
Esto también tiene que ver con los acuerdos que se arrastran de la gestión de Julio De Vido. En ese momento la Argentina firmó un acuerdo con China para la construcción de dos centrales atómicas. Cambiemos lo renegoció para construir solo una. Aunque hay documentos firmados, nunca se ejecutó.
“De acuerdo a trascendidos y declaraciones de funcionarios nacionales en los medios de comunicación nos enteramos que existen tratativas con China para la instalación en nuestro país de una nueva Central Nuclear cuyo costo estaría estimado en 8.000 millones de dólares. Los dichos coinciden con los objetivos expresados por la Secretaría de Energía en el Presupuesto 2022, pero no encuentra reflejo de asignaciones presupuestarias, ni indicación de financiamiento ni compromisos asumidos para su concreción. Esa información debería estar incluida en el marco de un Plan Económico y Energético, en cumplimiento de la Ley 24.354, para su análisis y aprobación por el Congreso”, explicó la diputada Latorre.
El pedido además exige información sobre las negociaciones con Rusia, realizadas a través de la empresa estatal nuclear rusa Rosatom, para instalar en Argentina una central nuclear grande, o reactores medianos, o una central nuclear flotante. La propuesta sería de construcción y operación, manteniendo Rusia la propiedad de la central y vendiendo energía a precio fijo por 20 o 30 años.
En el caso de la empresa estatal rusa la relación también comenzó en el gobierno de Cristina Kirchner pero en junio de este año el embajador ruso en la Argentina, Dmitry Feoktistov, propuso al gobierno nacional “la construcción de una central nuclear grande. Una segunda opción es la construcción de reactores medianos y como tercera opción una central nuclear flotante”.
Al respecto, Gadano reconoció en una entrevista que dio a Radio Universidad de Córdoba que la relación entre la Argentina y Rusia viene desde hace mucho tiempo. “Como heredera de la Unión Soviética es un jugador importante en materia nuclear. Tienen una empresa pública llamada Rosatom. Es muy prestigiosa en los mercados de las Centrales nucleares de potencia para generar energía eléctrica. En el mundo no son muchos los vendedores de energías nucleares; las americanas, francesas, coreanas, chinas y rusas. En este sentido hay que decir que son muy buenas, pero uno puede elegir tener energía nuclear o no. Esa es otra discusión, pero son tecnológicamente muy probadas”, aclaró el funcionario de la gestión de Mauricio Macri.
Sin embargo, la preocupación por la relación entre los legisladores persiste. Y se acrecentó cuando se conoció que se incluyó en el Presupuesto la compra de aviones de guerra a China por USD 664 millones. Aunque el ministro de Defensa, Jorge Taiana, desmintió frente a los legisladores de la Comisión de Defensa que el acuerdo esté cerrado, el crédito figura en el Presupuesto 2022.
No así las centrales nucleares, y eso lo que reclama Latorre. “Estos proyectos no se encuentran informados en forma expresa en el Plan Nacional de Inversiones 2021-2023. Sólo se encuentra una mínima referencia a la posibilidad de construcción de “Atucha III”.
“Una vez más la falta absoluta de transparencia del Gobierno en acuerdos internacionales, sin un plan energético, ponen en riesgo áreas estratégicas comprometiéndolas a largo plazo. Este Gobierno debe rendir cuentas a la ciudadanía, dar a conocer los proyectos y negociaciones que está llevando a cabo y cumplir con la legislación vigente, previo a instalar nuevas centrales nucleares sobre todo cuando se trata de un contrato llave en mano, de una tecnología distinta a las desarrolladas en nuestro país y sin indicar de dónde sacarán la materia prima, uranio enriquecido”, concluyó la diputada.
Acompañan el pedido de informe los diputados Gustavo Menna, Alejandro Cacace, Brenda Austin, Ximena Garcia, Josefina Mendoza, Gabriela Lena, Lorena Matzel, Gonzalo del Cerro, Lidia Inés Azcarate, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Fabio Quetglas y Ricardo Buryaile, entre otros.
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