Tras la muerte de un acusado en la causa D’Alessio, allanaron su casa en busca de celulares, computadoras y las cartas que dejó

La muerte de Carlos Liñani, uno de los procesados en la denominada causa D’Alessio, dejó perplejo a más de uno de los implicados en esa investigación. Ayer por la mañana en los chats de whatsapp de abogados, procesados y querellantes la noticia corrió rápido sin poder encontrar explicación. Acusado de haber integrado la asociación ilícita cuya cara visible fue el falso abogado Marcelo D’Alessio, Liñani, un ex empleado de la Aduana, estaba implicado por haber intentado extorsionar a Pablo Barreiro, hijo de un secretario de Cristina Kirchner; y al empresario Daniel Vestillero. La causa avanzaba por estas horas hacia un juicio oral en donde “Charly”, estaba previsto, ocuparía una de las bancas de los acusados sin haber estado nunca preso. El hallazgo de su cuerpo en su casa del barrio de Palermo, en lo que se presume fue un suicidio, derrumbó ese escenario.

Fuentes allegadas a Liñani señalaron a Infobae que el ex funcionario de Aduana no parecía preocupado por su suerte judicial. Es más: nunca había estado detenido, a diferencia de otros de los implicados en esa investigación, y en un debate oral su estrategia apuntaría a seguir negando su participación y minimizando su rol en los hechos. Sin embargo, el detalle en torno a que había dejado cartas a sus familiares abrió el interrogante entre varios de los protagonistas del caso.

Mientras el fiscal en lo criminal y correccional 46 de la Capital Federal Adrián Pérès intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de Liñani, de 48 años, ocurrida el martes por la noche y aguarda los resultados de la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense “sin descartar ninguna hipótesis”, su par de Dolores Juan Pablo Curi, que impulsa la investigación de la causa D’Alessio, pidió hoy conocer los detalles de esa muerte. Precisamente, Liñani dejó varias cartas en su departamento. El fiscal quiere saber si alguna puede ser de interés para el caso. Esta tarde, el juez Martín Bava ordenó allanar el departamento de la calle Soler al 6000 para secuestrar cualquier material vinculado a la causa D’Alessio.

En un escrito al que accedió Infobae, Curi señaló ante el juez subrogante Martín Bava: “luego de haber tomado conocimiento, a través de publicaciones periodísticas correspondientes a diversos medios de comunicación , sobre el presunto fallecimiento de uno de los imputados en los actuados de referencia, Carlos Alberto Liñani, vengo por el presente a solicitar a V.S. tenga a bien ordenar que se efectúen las certificaciones de rigor en miras a determinar si se inició investigación alguna respecto a ese suceso”.

“En tal supuesto, sería útil y pertinente que se requiera a la autoridad judicial interviniente -posiblemente el Fiscal Adrián Pérès, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46- que informe si, en el marco de dicha pesquisa, se recolectó algún dato, efecto y/o documento que pudiera revestir interés para la consecución de los presentes actuados, en cuyo caso se remitan copias y/o alguna certificación al respecto. A su vez, en el supuesto de corroborarse lo publicado en los medios de comunicación y que la persona mencionada coincide con aquella que se encuentra imputada en este expediente, sugiero a V.S. que solicite la respectiva partida de defunción para que, de corresponder, se declare extinguida la acción penal , señala el escrito de la fiscalía.

Enterado del pedido de la fiscalía, el juez federal Martín Bava fue más allá: ordenó el allanamiento del departamento de Liñani “con la finalidad de proceder a la requisa de la vivienda personal –y sus dependencias anexas- y de todos los vehículos que se encuentren dentro de la finca con la finalidad de hallar y secuestrar todos los elementos materiales y/o electrónicos en los que pudieren haber información relacionada con el objeto de la presente investigación”.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el juez ordenó “incautar todo elemento que haga referencia o que pudiera contener información, respeto de las victimas por las cuales fue procesado, esto es: el caso de Pablo Erasmo Barreiro; como también Víctor Palomino Zitta, Saturnino Costas y Diego Aníbal Vestillero”. Y también “todo elemento que haga referencia o tuviera algún tipo de relación a los ya procesados en la presente causa, esto es: Marcelo Sebastián D´Alessio, Rolando Hugo Barreiro, Ricardo Oscar Bogoliuk, Aníbal Degastaldi, Juan Ignacio Bidone, Rodrigo González, Daniel Pedro Santoro, Eduardo Ariel Menchi, Carlos Stornelli y Franco Leandro Pini”.

La orden aludía a “secuestro de dispositivos tecnológicos: aparatos de telefonía celular, computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento”, con estrictas instrucciones de no contaminar o perder la prueba.

Bava añadió lo pedido por el fiscal para que los jueces de la causa por la muerte de Liñani enviaran el detalle de si existió “algún dato, efecto y/o documento que haya sido secuestrado en el marco la instrucción que investiga las posibles causales del fallecimiento del Sr. Carlos Alberto Liñani, todo lo cual pudiera revestir interes en esta investigación, en especial referido a sus victimas y co imputados de la asociación ilicita por la que se lo imputa”.

El martes, cerca de las 19.30, los vecinos del edificio de Liñani llamaron al 911 y denunciaron que un fuerte olor a gas emanaba de su departamento. Al llegar el personal de la Comisaría Vecinal 14 B y del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad, constataron que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba cerrada, con las llaves colocadas en la cerradura del lado de adentro y no estaba forzada.

Al ingresar al departamento, la policía encontró a Liñani tendido en el living del inmueble. A su lado se encontró una manguera plástica que, en un extremo estaba conectada a un caño de gas flexible de la cocina y en el otro una mascarilla de goma, al tiempo que las ventanas y puertas estaban selladas con cinta desde adentro. Se encontraron cartas que habría escrito el hombre a sus familiares y allegados, las cuales fueron secuestradas por la Fiscalía.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal señaló que “no se descarta ninguna hipótesis, aunque la policía informó que el interior del departamento estaba ordenado, la puerta de acceso no estaba forzada y el cuerpo de Liñani no presentaba signos de violencia”.

Para el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla (hoy en el juzgado federal 1 de La Plata), Liñani era un engranaje en el mecanismo que se destapó con la detención de D’Alessio, pero su rol “no resultaba de la misma preponderancia que el resto de los miembros” sino que “se hallaba subordinada –en gran parte– al dominio de otros miembros”.

Según describió Ramos Padilla, Liñani y D’Alessio le indicaron a Barreiro hijo que iba a ser detenido al igual que su padre y le exigieron una suma de dinero para evitar tal situación, a raíz de los supuestos vínculos de influencia que tenían con el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Además del dinero, le exigían que declarara ante Stornelli como arrepentido y acusara a funcionarios del anterior gobierno.

Barreiro no aceptó y comunicó la situación a otros abogados, del estudio de Fernando Archimbald. Fue el 5 de octubre de 2018, cuando además recibió un mensaje que le advertía que había cometido un error y le insistía en que podría ser detenido. Según la resolución, en ese momento “en ciertos medios de prensa se difundió la noticia de que era inminente la detención de Pablo Barreiro, lo que otorgó verosimilitud a los dichos de D’Alessio y Liñani y les generó un gran temor”.

En su indagatoria, Liñani negó las acusaciones y afirmó que no conocía el “tenor de las maniobras que se habían pergeñado contra Barreiro y que sólo procuró oficiar de ‘simple colaborador’ desinteresado para ayudar” a D’Alessio. Si embargo, para Ramos Padilla, “Liñani, en razón de su experiencia y actividad en comercio exterior, desempeñaba un rol específico en la organización en particular en torno a los planes de la organización respecto de la denominada ‘mafia de la aduana’ o ‘mafia de los contenedores’, ya que podía utilizar sus especiales conocimientos en la materia para actuar con visos de mayor legimitidad frente a las víctimas y otorgar mayor verosimilitud a las intimidaciones que formaban parte de la batería de recursos que eran utilizados para el desarrollo de ciertas operaciones, alegando vínculos propios o de otros miembros de la organización con la Agencia Federal de Inteligencia, la Embajada de los Estados Unidos, funcionarios de la Aduana, magistrados y periodistas”.

Liñani también estaba procesado en Comodoro Py por el juez Sebastián Casanello por “defraudación con influencia mentida en grado de tentativa” por una denuncia que radicó en su contra el fiscal Carlos Rívolo. Liñani dijo ante los hijos de Barreiro conocer al fiscal Rívolo, quien acompaña a Carlos Stornelli en la investigación de la causa de los cuadernos. Rívolo lo denunció porque nunca conoció a esa persona.

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