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El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se presentó ante un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores para explicar los lineamientos del proyecto de nueva ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que busca incrementar la producción e industrialización del sector para asegurar el autoabastecimiento del país.
La reunión, que fue informativa y se realizó a través de la plataforma Zoom ya que en el Senado prorrogó el protocolo de sesiones virtuales, fue conjunta de los integrantes de las Comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
El proyecto está impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación y establece un conjunto de modificaciones normativas “claves para la matriz energética de la Argentina”. Con la iniciativa, además, se busca “escalar las exportaciones de petróleo y gas natural, aumentar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central”.
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Según explicó el funcionario el proyecto busca “el autoabastecimiento” por un lado y por el otro “la generación de divisas” a través de las exportaciones. Al igual que, según Martínez, esto busca el incremento de la generación de empresas como proveedoras y de las provincias a través de las regalías. “Hay un mandato muy claro del Presidente y de la Vicepresidenta en este sentido”, explicó Martínez.
Otro punto en el que hizo hincapié, además de que el mandato es de las dos máximas autoridades, fue la estabilidad del proceso de 20 años. “Esto nos va a permitir tener una herramienta legislativa para asegurar el autoabastecimiento de hidrocarburos y resolver el mercado interno. Además, vamos a poder aumentar la producción y generar saldos exportables”, afirmó.
Un dato no menor es el acceso a las divisas para las empresas que exporten el excedente. Según explicó Martínez, la norma establece que las empresas van a tener un 20% de exportación garantizada del saldo de la línea base que se establece para lograr el abastecimiento interno; “las empresas van a tener libre disponibilidad de divisas sobre el 50% de ese 20% de saldo exportable”.
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“El incremento de la producción y la exportación va a fortalecer las reservas del BCRA. Además, hay objetivos generales, por ejemplo, promover la perspectiva de género dentro del sector y también potenciar los planes de sustentabilidad energética”, explicó ante la bicameral.
Luego de hacer referencia a los diferentes sectores del oficialismo, a los beneficios para las provincias vía regalías, Martínez dijo que cualquier decisión de la Secretaría de Energía “es con los trabajadores adentro, sin lugar a dudas, y eso está en el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”.
En lo que se refiere a las inversiones, el funcionario explicó que en los considerandos de los proyectos especiales se establece un mínimo para Exploración y Sísmica para Explotación Convencional un mínimo de USD 6 millones con un plazo de 3 años, y un máximo para los Grandes proyectos de infraestructura de transporte, almacenaje e industrialización de HC que utilicen Gas Natural como materia prima de su proceso industrial, que establece una inversión mínima de USD 1200 millones y un plazo máximo de 5 años.
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“Lo que hacemos con este proyecto es institucionalizar el Plan Gas que viene dando resultados. Logramos frenar el declino, se recuperaron 11.000 puestos de trabajo, se logró un ahorro fiscal de $78.000 millones y en divisas de USD 1.150 millones”, agregó el secretario.
La primera crítica llegó de parte de Pamela Verasay, senadora del PRO por Mendoza, se quejó que el borrador del proyecto llegó a las provincias “24 horas antes”. “Esto no es una ley de hidrocarburos, sino que es un régimen de inversión que trata una política fiscal, cambiaria, de divisas, y las provincias tienen que estar representadas en las decisiones”.
“Quisiera saber qué tipo de injerencia tiene la decisión de las provincias sobre el Consejo que resuelve por unanimidad”, agregó la legisladora.
Por su parte, la legisladora del PRO Gladys González apunto a que el proyecto “no contempla los objetivos de descarbonización de nuestra matriz energética y más allá de entender la necesidad de nuestra economía y del sector hidrocarburífero, creo que no hay posibilidad de avanzar sin la discusión del cambio climático”.
Las críticas del oficialismo, veladas, apuntaron a los beneficios a las empresas. Así lo expresó Silvia Sapag, quien señaló que le parece “que es un buen proyecto de ley que cumple con los objetivos que establece la misma ley, quisiera que los incentivos que se establezcan para las empresas que vayan a invertir para industrialización se sientan tentadas de hacerlo en origen”.
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El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto en un acto que se realizó la semana pasada en el Museo del Bicentenario en Casa de Gobierno. Allí, el jefe del Estado afirmó que la propuesta se orienta a “mejorar la capacidad productiva que la Argentina necesita en hidrocarburos y tiene un rasgo distintivo, ya que todos fueron escuchados y aportaron para que esta ley sea más conveniente, fructífera para el futuro”.
Además, la iniciativa busca incorporar valor agregado nacional y regional con más empleo de calidad, más trabajo para pymes y empresas regionales proveedoras de servicios y más bienes de industria y tecnología nacional, así como garantizar el autoabastecimiento.
Asimismo, proyecta promover el desarrollo regional, fortalecer las finanzas provinciales por mayores regalías e ingresos tributarios, promover la perspectiva de género dentro del sector, hidrocarburífero y potenciar los planes de sustentabilidad energética.
Cristina Kirchner ya había rechazado dos bocetos previos de esta ley, por eso llevó 8 meses su presentación. Una de las críticas que se mantiene es el de los beneficios. Desde el kirchnerismo explicaron que si la norma otorga beneficios “innecesarios” a las empresas tendrá una fuerte discusión
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