El juez federal Daniel Rafecas quedará a partir del próximo 5 de octubre a cargo del juzgado federal número 6, que encabezó durante más de dos décadas el juez Rodolfo Canicoba Corral, jubilado hace ya un año. En ese juzgado tramita la causa por la voladura de la AMIA.
Fuentes judiciales revelaron a Infobae que hoy, a las 11, en la mesa de entradas de la Cámara Federal se llevó adelante el sorteo, con bolillero manual, para elegir al juez que subrogará el juzgado 6. La suerte hizo que saliera el número 3: Rafecas. Durante este año, el juzgado estuvo transitoriamente a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Rafecas era el candidato del presidente Alberto Fernández para hacerse cargo de la Procuración General de la Nación. Así lo hizo saber el jefe de Estado cuando llegó a la Rosada en diciembre de 2019. Sin embargo, el Senado, presidido por Cristina Kirchner, nunca lo convocó a la audiencia frente a los legisladores. En el medio se intentó cambiar la ley que rige al Ministerio Publico, un proyecto impulsado por el kirchnerismo que fue aprobado en el Senado pero no tiene consenso para aprobarse en la Cámara Baja. Mientras tanto, Eduardo Casal sigue de forma interina a cargo de la jefatura de los fiscales.
Hasta ahora, Rafecas se había autoexcluido de los sorteos para subrogar juzgados. Esta vez, sin embargo, eligió participar.
El juez no pierde las esperanzas de que en algún momento se active la propuesta a convertirse en Procurador porque “sigue preparado para la carrera”. Pero mientras tanto, dicen sus allegados, no puede desvincularse de sus compromisos con el fuero y por eso esta vez eligió ser parte de los postulantes del bolillero.
Es que eran pocos los que se postulaban a ser parte del sorteo. Además del ganador, también estuvieron las bolillas que representaban a Ariel Lijo y Sebastián Ramos.
Hubo seis magistrados que se excusaron ante la Cámara Federal de participar en el sorteo: la jueza del federal 1 María Servini, que, como jueza electoral, enfrenta lo que -según ella mismo dijo- la organización de las elecciones más difíciles de su carrera por la pandemia; la jueza del 5, Capuchetti; el juez federal 7 Sebastián Casanello; el juez federal 8 Marcelo Martínez De Giorgi, el juez federal 9 Luis Rodríguez (que todo el año pasado ya se había excusado por motivos personales) y el juez Julián Ercolini.
Actualmente hay tres de los doce juzgados federales en la primera instancia vacantes: el 6 de Canicoba, que se jubiló al cumplir 75 años; el 11 que perteneció al fallecido Claudio Bonadio y el 12 que tenía en sus manos el juez Sergio Torres, hoy en la Suprema Corte bonaerense.
Los concursos están en marcha en el Consejo de la Magistratura, pero aún no hay fecha cierta de cuándo habrá definiciones. Así las cosas, hoy Lijo, Ercolini y Rafecas tienen bajo sus órbitas dos juzgados cada uno.
Apenas se jubiló Canicoba, Ercolini fue sorteado para subrogarlo, pero meses después se excusó de seguir interviniendo por problemas personales. Fue entonces cuando salió sorteada la jueza Capuchetti, titular del juzgado 5, quien continuará al frente del juzgado 6 hasta el próximo 5 de octubre cuando le entregue la posta a Rafecas por un año o hasta que avance el Concurso de la Magistratura con el concurso, elija una terna, el presidente Fernández elija uno para probar suerte en el Senado y allí se apruebe el pliego.
El juzgado número 6 tiene una importancia significativa para Comodoro Py: allí tramita la investigación por el atentado contra la AMIA, la explosión que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas y que aún sigue impune. La investigación, no obstante, está delegada en la Fiscalía Especial AMIA, que lideró el fiscal Alberto Nisman.
Allí también tramita la causa conocida como “peajes”, en donde la jueza Capuchetti había resuelto la falta de mérito de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, y ordenó una serie de medidas de prueba para reactivar la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires. . El Gobierno pidió el procesamiento de todos, tal como reveló Infobae el 23 de agosto pasado. La decisión está siendo revisada por la Cámara Federal.
En el juzgado federal 6 también tramita la causa por el intento de extorsión a un legislador y un funcionario de Cancillería en nombre del diputado Máximo Kirchner. Hay tres personas procesadas.
Seguir leyendo