En pandemia, atravesada por las balas narco, con spots bizarros de algunos candidatos, sin debates, con publicidad abrumadora, apatía ciudadana, la mitad de los telegramas a autoridades de mesa rebotados, encuestadores que dejaron de medir por el desinterés de los consultados y resultados inciertos en todos los espacios políticos. Ese es el estado de situación electoral en la provincia de Santa Fe después de la campaña más atípica de su historia.
“Puede salir para cualquier lado”, confiesan los que habitualmente a esta altura suelen tener certezas. Políticamente es una de las pocas provincias donde el peronismo no va unido y tendrá interna, y se dan situaciones inéditas: la vicegobernadora enfrenta al gobernador, su ministro de Gobierno apoya a la lista adversaria, en el armado jugaron fuerte el Presidente de la Nación y la Vice, y en los tres frentes políticos (de Todos, Amplio Progresista y Juntos por el Cambio) se juegan liderazgos para el 2023 más que un ordenamiento de candidaturas para noviembre.
Nunca antes en Santa Fe una campaña electoral estuvo tan atravesada por los temas de la realidad. La violencia armada no formaba parte relevante de la agenda de los candidatos hasta que las bandas narcos, que ajustan sus diferencias en las calles de Rosario, irrumpieron con seis asesinatos en menos de un día y cambiaron de golpe la agenda de la política.
Lo que siguió fueron reproches mutuos, donde la culpa siempre es de otros, la responsabilidad viene de antes y la solución le corresponde a algún nivel superior o distinto del que reclama. El fantasma de la apatía ciudadana y el voto en blanco, que en algunas encuestas distritales sale segundo, crece entre tanta incertidumbre.
Será imposible medir cuánto influirá la última ola de crímenes narco en el resultado de las elecciones de este domingo, pero algo es seguro: los principales referentes de la política santafesina tuvieron que cambiar el discurso, aunque con reacción tardía, y la inseguridad, un asunto que incomoda a varias puntas, empezó a dominar las declaraciones y las acciones de la última semana.
Casi todos lo descartan, pero quedó flotando la duda si este “remezón” de violencia concentrado en la semana previa a las elecciones tiene alguna vinculación con ese acontecimiento o es simple casualidad. Cualquiera diría que sí. Lo que confunde es que en Rosario las balaceras y homicidios están presente todos los días. Hasta el propio gobernador de la provincia insinuó que le llamó la atención la seguidilla de crímenes de esta semana.
Menos creíble es otra de las conjetura que hizo: siempre los episodios violentos ocurren en los horarios de los noticieros de televisión. Para consuelo se podría recordar que en elecciones anteriores, algunas más relevantes que esta, se sucedieron también hechos de violencia parecidos en los días previos, tal vez no de tanta gravedad. Como si algo o alguien los activara o quisieran marcar presencia.
Entre los candidatos se da una polémica paradójica, porque mientras la actual oposición reclama como si no hubiera ya participado del intento de solución del mismo problema que ahora critica, los que gobiernan se desentienden de la expectativa de arreglar las cosas que generaron hace apenas dos años.
La pelea con la Nación
La oleada narco obligó no sólo a los candidatos a adecuar sus estrategias. Quienes ejercen funciones públicas estuvieron más afectados. Principalmente el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin se vieron obligados a reaccionar en medio de sus actividades programadas de campaña, y convocaron a reuniones urgentes para enfrentar un problema que es diario, viene desde hace mucho tiempo, pero cada tanto se intensifica.
Probablemente porque los encontró en medio de un proceso electoral es que no se tomaron medidas de fondo para cambiar la situación actual, apenas el reclamo genérico de ayuda al gobierno nacional. La primera consecuencia fue un clásico, el envío temporario de unos cientos de efectivos federales. Quedó planteado algo más profundo, como la necesidad de reforzar la estructura de la justicia federal, que está igual desde hace 70 años, y que se controle a los narcos presos, que desde una cárcel y con teléfonos deciden lo que pasa en las calles rosarinas.
En soledad se quedaron los que propiciaron un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para evitar este cruce de culpas repetido. El reclamo de fuerzas federales tiene un motivo concreto: las estadísticas de homicidios y hechos de inseguridad y el estado en el que se encuentra la policía santafesina, inmersa en un proceso de depuración que nunca termina.
El gobernador se encargó de repetir estos días que antes los jefes policiales se iban condecorados y ahora, si se portan mal, son procesados o van presos. Tampoco se cansó de afirmar que durante muchos años se hizo una bola de nieve con esta violencia que ahora apenas se intenta achicar. Aclaró ahora que eso no va a ser rápido, por lo que en el mientras tanto el Estado nacional tiene que dar una mano grande, porque “Rosario está en Argentina”.
La ministra nacional de Seguridad, que se metió en la campaña sin querer cuando dijo que no pensaba mandar más efectivos a Santa Fe porque Buenos Aires estaba peor, se llevó todas las críticas y casi que logró un imposible en tiempos electorales: que se unan referentes de los partidos que compiten.
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