Procesaron a las tres personas que intentaron extorsionar a un ex diputado y funcionario de la Cancillería

El 22 de julio pasado, Fernando Asencio, ex diputado nacional por el oficialismo, hombre de La Matanza, amigo del canciller Felipe Solá y actual subsecretario de Asuntos Nacionales del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, denunció que lo extorsionaron.

Contó que una mujer que dijo llamarse Verónica Gómez Castañón y que se presentó como secretaria privada del diputado nacional Máximo Kirchner y como integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lo citó a una reunión en el hotel Hilton de Puerto Madero.

En aquella reunión realizada el 19 de julio pasado, siempre según Asencio, la mujer le mostró una carpeta con datos y fotos de amigos y familiares. Le dijo que la información allí contenida se haría pública si no contrataba en la Cancillería a Víctor Di Santo. En esa misma reunión –a la que obviamente no concurrió Máximo Kirchner- la mujer le exigió a Asencio que llamara a Di Santo para convenir una reunión en la Cancillería. El 22 de julio Di Santo fue a la Cancillería y le dijo que si lo contrataban “no iba a tener ningún problema”.

El 28 de julio Asencio -que fue concejal por el peronismo en La Matanza- se presentó de nuevo en los tribunales y declaró que el día anterior Gómez Castañón le había enviado un mensaje de texto que rezaba “Buen día, Fernando. Estamos esperando lo que acordamos, usted le informó al Sr. Martín Di Santo que lo llamarían de RRHH el día lunes. Y nadie lo llamó. Ocúpese de ese tema en el día de hoy, esas son las órdenes”.

Luego la mujer le mandó el siguiente mensaje: “Mañana 15:30 lo esperamos en el mismo lugar. Para diagramar algunos temas. Mañana jueves, hotel Hilton 5to piso misma sala. Saludos”. Y Di Santo otro que decía: “Me acaban de confirmar para tu reunión, mañana 15:30 mismo lugar. Todo confirmado. Van a ir 4 personas. Solo me dijeron que te avise. Obvio que son del equipo de él. ¡Y MK siempre está!”. Las iniciales MK correspondían al diputado Kirchner.

Asencio concurrió a la reunión que fue monitoreada por agentes de la División Antifraudes de la Policía Federal que actuaba por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti que interviene en el caso junto al fiscal Carlos Rívolo.

A la reunión asistieron Verónica Gómez Castañón –en realidad se llama Victoria Beatriz González- y Claudio Petruzzi quien se presentó como secretario del diputado Kirchner. Se inició la reunión y Asencio observó la carpeta con las fotos, cuando se lo hizo saber a la mujer, ella comenzó a romperla. En ese momento entraron los policías y los detuvieron.

Entre los papeles de la carpeta los policías hallaron una tarjeta que rezaba: ”Martin Di Santo, Asesor de Gabinete, Secretaría General, Presidencia de la Nación”. Cuando se produjo la detención, que llamó la atención dentro del hotel, un hombre se acercó a los policías. Era Luis María Kreckler, ex embajador argentino en China. Explicó ante la jueza que Di Santo lo había citado allí con la misma estratagema usada con Asencio: iba a reunirse con Máximo Kirchner.

En el allanamiento en la casa de González en Benavídez, partido de Tigre, fue detenido Di Santo. Allí se hallaron otras dos tarjetas que decían: “Martín V. Di Santo, Asesor, Secretaría de Asuntos Nacionales y Parlamentarios” y “Martín Di Santo, Coordinador Área Empresas, Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, Presidencia de la Nación”.

Luego de la detención los policías enviaron la carpeta a medio romper al juzgado. Asencio declaró y reconoció entre los fotografiados a sus hijos, y a algunos amigos de la familia.

Los imputados llegaron detenidos al juzgado y se negaron a declarar. La excarcelación fue denegada por Capuchetti y esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

Pero luego cambiaron de opinión y declararon. En su indagatoria González dijo que no hubo extorsión y que Asencio estaba al tanto de todo. La imputada explicó que “las intenciones de él eran ser candidato en el 2023 como intendente de La Matanza, pero no tenía un partido político que lo estuviera llamando”. Y dijo que si “hubiera querido extorsionarlo, no le habría dado su número de teléfono ni lo hubiera citado en el Hotel Hilton que es un lugar público”. En su declaración sostuvo que fue Asencio quien le pidió que le enviara los mensajes de texto intimidatorios y que le dijo que “no tenía que tener miedo ya que era algo habitual en la rosca política y la convenció de mandar los mensajes convocándolo para la segunda reunión”. También agregó que la carpeta con la información personal se la había dado Martín Di Santo y que a él se la había entregado Héctor Mantelo (cuñado de Asencio). Aseguró que Asencio no podría haber nombrado a Di Santo en Cancillería ya que no tenía el poder para hacerlo. Para concluir González afirmó que Asencio le había dicho que se presentara como funcionaria de la AFI. Y reafirmó que el hecho “no fue ninguna extorsión porque Asencio no me dio nada a ella, ni dinero, ni cosas, ni documentos. Y respecto a que se sentía intimidado tampoco es cierto porque él estaba al tanto de todo”.

En su indagatoria Petruzzi -que es diseñador gráfico- dijo que no conocía a Asencio ni jamás intercambió mensajes, con él. Afirmó que fue al hotel con González porque tenían que reunirse con unos empresarios. Antes de eso, la mujer le explicó que tenían otra reunión en la que debía decir que “era el secretario de Máximo”. El imputado dijo no saber a qué Máximo se refería. Cuando estaban en la reunión llegaron los policías y los detuvieron. “Yo no amenacé nunca a nadie, no le pedí nada a nadie, no tenía nada que ver con ese asunto, yo iba a otra cosa”, relató.

Por su parte Di Santo, a la hora de defenderse en indagatoria negó los hechos por los que fue imputado y contó que conocía a Asencio desde hacía mucho tiempo y que tenían una muy buena relación. Explicó que fue Asencio quien le indicó que se hiciera las tarjetas personales a su nombre que fueron secuestradas por los policías. Agregó, incluso, que en un momento le envió una foto de las tarjetas a Asencio y él las aprobó. Di Santo también dijo que hace unos meses se había reunido con un conocido llamado Uriel Vera y con Héctor Mantelo, que fue quien le entregó la documentación que se halló en la carpeta secuestrada por los policías. Di Santo dijo que el 16 de julio pasado se reunió con Mantelo, quien le pidió que armara una reunión con Asencio y otra persona para reactivar su imagen y que esta persona debía presentarse con la documentación de la carpeta y su propio currículum. Seguidamente, Di Santo dijo que, ante el pedido de Mantelo, le pidió a su pareja Victoria González que asistiera a la reunión. Luego agregó que el 22 de julio fue a la cita con Asencio en la Cancillería, donde estuvo unos 15 minutos y notó nervioso al funcionario. Cuando le preguntaron a Di Santo para qué había citado a Kreckler en el hotel Hilton sostuvo que solo había convocado a “una reunión de la gente allegada a Máximo”. Dijo no saber nada de los mensajes de González a Asencio y que había sido él quien había convocado a la mujer a las reuniones a instancias de Mantelo.

La jueza Capuchetti procesó a los tres imputados por el delito de amenazas. En la resolución a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la jueza contrastó los dichos de González con lo investigado. Capuchetti señaló que su declaración indagatoria “no encuentra correlato razonable con los elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación”. En este punto, recordemos que González indicó que Asencio en todo momento tuvo conocimiento de la existencia de la carpeta y que la realización de la reunión fue idea del damnificado. Asimismo, sostuvo que “respecto a que se sentía intimidado tampoco es cierto porque él estaba al tanto de todo”. Ahora bien, a partir de lo expuesto por la imputada, surge la imperiosidad de destacar ciertas cuestiones. En primer punto, no resulta lógico suponer que el denunciante tenía conocimiento del trasfondo de las reuniones porque, de haber sido así, no habría sido necesaria la exhibición de fotografías de sus hijos ni la utilización de otra identidad y cargos falsos. Sumado a ello, no debe perderse de vista que durante el transcurso de la segunda reunión llevada a cabo en el Hotel Hilton Buenos Aires la nombrada le indicó que la carpeta `no tiene nada que ver, esto ya no existe´ y luego le volvió a referir `no existe más esto´ para posteriormente comenzar a destruir las hojas que se encontraban dentro. Incluso, nótese que, en un momento dado, le manifestó que `lo de la carpeta ya se olvidó, ya estás limpio de eso. Vos ya llamaste adelante mío´. Así, pues, considero que el descargo de la imputada no logra desvirtuar las probanzas aunadas en el expediente toda vez que, en el supuesto de que hubiese sido un plan ideado por Asencio no existiría motivo alguno para destruir la documentación, ni haber mantenido el escenario montado cuando se encontraban solamente presentes el denunciante con los imputados. Tal circunstancia impide considerar la hipótesis planteada al momento de prestar declaración indagatoria”.

La jueza agregó que, “por último, en relación al planteo efectuado en cuanto sostuvo que `Fernando Asencio no hubiera podido nombrarlo a Martín en Cancillería ya que no tenía el poder para hacerlo´, cabe destacar que dicha afirmación no encuentra correlato razonable con los hechos investigados toda vez que, por un lado, Di Santo efectivamente fue contactado por el personal de Recursos Humanos del Ministerio a los efectos de continuar con los trámites relativos a su contratación y que, por otro lado, el Canciller -Felipe Solá- tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo”. Solá declaró como testigo en la causa.

Al fundamentar el procesamiento de Di Santo la jueza señaló que “el nombrado resulta ser coautor de la conducta investigada toda vez que, si bien no fue quien exhibió la carpeta incautada prestó una colaboración sin la cual el delito no habría podido cometerse y en todo momento tuvo el dominio del hecho investigado. En ese sentido, no debe perderse de vista que compareció ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación a los efectos de comenzar los trámites vinculados a su contratación, es decir, fue a recoger el fruto del ilícito perpetrado. Asimismo, cabe destacar que le envió mensajes al damnificado citándolo a una reunión con el equipo del Diputado Nacional Máximo Kirchner”.

Capuchetti analizó la situación de Petruzzi, quien asistió a la reunión en la que se produjeron las detenciones y que fuera grabada por los policías. La jueza explicó que: “al momento de conversar respecto de la carpeta exhibida con fotos de los hijos de Asencio le refirió al denunciante `no existe más eso, te lo dije claro´. Al mismo tiempo, le manifestó `vos sabes cómo es esto. La gente que está en nuestro equipo, nosotros la cuidamos a esa gente ¿Si? Nos cuidamos mutuamente, vos nos cuidas a nosotros, nosotros te cuidamos a vos´. Ahora bien, llegado el momento de analizar la conducta llevada a cabo por el imputado, considero que, si bien su accionar no tuvo la misma trascendencia y relevancia que el de González y Di Santo, lo cierto es que cooperó en la ejecución del hecho investigado ya que participó de la reunión llevada a cabo, refirió ser Secretario de Máximo Kirchner y le indicó a Asencio que la carpeta no existía más”. Cuando declaró en la causa el diputado Kirchner negó conocer a los imputados.

La jueza les dictó el procesamiento por el delito de amenazas que prevé, en este caso, una pena que va de 5 a 10 años de prisión. El procesamiento fue dictado con prisión preventiva por varias razones. La jueza determinó que la pareja de imputados había alquilado la casa en Tigre con documentos falsos. Ninguno de los dos pudo demostrar de qué trabaja y tenían a su nombre algunos autos de alta gama. La jueza consideró que podían fugarse. A Petruzzi también lo procesó con prisión preventiva pero mandó a hacer un informe socio ambiental para considerar si puede seguir detenido pero en prisión domiciliaria.

La jueza los embargó por un millón de pesos y envió al juzgado federal de San Isidro el caso del contrato de alquiler de la casa con documentos falsos. Los imputados apelaron el procesamiento ante la Sala II de la Cámara Federal.

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