El viernes 20 de marzo de este año, en un bar de las calles Presidente Roca y Cochabamba, en Rosario, Santa Fe, el mecánico Carlos Argüelles le acercó un listado de posibles víctimas de la banda del presunto jefe narco Esteban Lindor Alvarado al periodista y diputado provincial Carlos del Frade. Ese papel tenía una particularidad: en él figuraba el apellido de ambos. Y ayer, a más de cinco meses de aquel encuentro, un grupo de sicarios asesinó de tres disparos a Argüelles, imputado colaborador y ex miembro de la banda Alvarado.
“Ayer me llamaron de la fiscalía y me dijeron que lo habían herido. Fue realmente impactante, era alguien importante en la investigación. Y lo sentí con mucha preocupación, sobre todo por mis hijas, porque Argüelles decía que al próximo que iban a matar era yo. No me voy a ir ni voy a pedir protección, hay que bancarsela”, aseguró Del Frade a Infobae.
El mecánico, de 46 años, era encargado de gestionar los autos gemelos que usaba la organización de Esteban Lindor Alvarado, preso por instigar el asesinato de un prestamista y liderar una supuesta asociación ilícita, balaceras contra edificios judiciales y por el transporte en 2017 de 493 kilos de marihuana a Río Negro, según una investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Rosario.
Una vez imputado como integrante de la presunta asociación ilícita, Argüelles pidió acogerse a la figura de imputado colaborador. Y según fuentes judiciales, brindó detalles sobre la estructura de la organización criminal, y luego aceptó ir a un juicio abreviado y firmó para recibir una condena de 3 años de prisión efectiva.
Para Del Frade, el crimen es “una señal de que las mafias pueden matar a quién quiera, es una sensación que tenemos desde hace años, porque las mafias son narcopoliciales y los que te tienen que proteger no terminan de estar por afuera de la sospecha, y eso es un problema de la democracia y de las fuerzas políticas”. “Hay que dejar de hacer lo que se viene haciendo hasta ahora, no alcanza con más policías o gendarmes”, señaló el diputado.
“Lo más dramático es que estamos peleando con perejiles asesinos, pero son perejiles”, agregó Del Frade, en relación a la proliferación de grupos violentos vinculas al narcotráfico como el mencionado Alvarado o Los Monos, cuyos líderes son actualmente juzgados por ser los presuntos autores de al menos 10 atentados contra domicilios funcionarios e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en Rosario.
“Lo que se ve en Rosario son varias bandas y pandillas con un alto poder de fuego; son bandas que ocupan los últimos eslabones de la cadena de comercialización, manejan dinero y armas, pero no son los de más arriba, los inversores, lo que traen los elementos químicos para fraccionar, los que manejan las exportaciones. Peleamos con perejiles asesinos, pero son perejiles ”, completó.
Además, argumentó que el nivel de violencia vinculada al delito es directamente proporcional a que el “75% de las exportaciones del país pasan por los puertos de Rosario y San Lorenzo, lo que hace que el mayor flujo de dinero de la Argentina pase por acá”.
“Hay un flujo de dinero permanente, y la mejor manera de disfrazar un elefante es esconderlo en una manada de elefantes. Acá es fácil disfrazar el dinero negro. Mientras tanto, en los barrios comenzaron a aparecer esos “agujeros negros” que deja la desocupación, y las bandas narco empezaron a disputarse el territorio”, agregó.
Del Frade presentó en 2016 un informe titulado “Geografía narco” y en 2019 un proyecto de ley para la confección de un “mapa narco”, negocio que mueve 500 millones de dólares al año, según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario. En los fundamentos de la incitativa, donde enumera más de 30 grupos violentos, aseguró: “La decisión de dar publicidad estos nombres es directamente proporcional al compromiso de poner la cara por las vecinas y los vecinos de cualquier barrio de cualquier ciudad o pueblo de la provincia de Santa Fe”.
“Las personas que informan sobre el accionar de las bandas o pandillas necesitan que sea la política la que diga y denuncie, que se la política la que ponga la cara ante la impunidad que genera la trama de complicidad con los nichos corruptos de las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, como también del servicio penitenciario”, agregó.
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