El Gobierno busca una tregua con los movimientos sociales para evitar cortes de calles en la última semana de la campaña

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió esta mañana con las organizaciones populares no alineadas con el Gobierno para buscar una tregua a nueve días de las elecciones PASO y evitar así nuevos cortes y movilizaciones en el centro porteño y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como viene ocurriendo desde que reemplazo a Daniel Arroyo en esa cartera.

La cita fue acordada para las diez, pero se postergó veinte minutos porque algunos de los delegados de la autodenominada Unidad Piquetera se demoraron por el corte en Puente Pueyrredón por reclamos de reincorporación de trabajadores despedidos en una fábrica. El incidente generó un momento de distención ya que el ex intendente de Hurlingham los recibió, palabras más, palabras menos, diciéndoles que fueron víctimas de su propia medicina.

Durante los 70minutos que se extendió el encuentro, cada uno de los participantes utilizó lo mejor de su esgrima verbal. Café y agua de por medio, los movimientos sociales vinculados a la izquierda, y encabezados por el Polo Obrero, presentaron un documento de propuesta con varios puntos para generar “un millón de puestos de trabajos genuinos que reemplacen a los planes sociales”.

Al finalizar la reunión, voceros del ministro Zabaleta aseguraron que, si bien existieron momentos de diálogo ameno y otros más tensos, coincidieron en los ejes centrales: “Trabajo genuino, urbanización y Estado presente”.

Por otra parte, los delegados de los piqueteros, encabezados por Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, reconocieron ante Zabaleta: “Estamos en un piso superior al de hace un tiempo: pasamos de discutir asistencia con alimentos a trabajo y salida de la pandemia”.

El momento más discordante del encuentro fue, según Belliboni, cuando se habló de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para los funcionarios, esto podría llegar hacia fin de año, para los piqueteros, “será un condicionante para llevar adelante cualquier tipo de política social”. Según expresó Belliboni ante Infobae, “un acuerdo con el FMI implicará recortes y ajuste contra el pueblo y dinamitará cualquier posibilidad de un programa serio para generar puestos de trabajo genuinos, que es lo que pedimos”.

El documento de los piqueteros

En la reunión, junto a Zabaleta, estaba Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita, una de las organizaciones alineada con la Casa Rosada e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En el encuentro Pérsico, quien mantiene una buena relación de diálogo con los otros dirigentes sociales, aseguró que la idea es seguir avanzando “en el diálogo para la construcción de trabajo genuino”.

Los militantes de izquierda y de organizaciones barriales le entregaron al ministro una carta titulada: “Una propuesta de trabajo genuino de las organizaciones sociales”. El funcionario de Alberto Fernández, se comprometió a estudiar el documento y dar una respuesta. En el diálogo quedó implícito que los movimientos sociales más combativos, al menos de manera conjunta, no realizarán en ese lapso marchas contra las políticas sociales como la realizada el 18 de agosto pasado en la que se reivindicaba, como también lo hicieron hoy, trabajo y la reactivación de obras públicas para potenciar el trabajo en los barrios a través de las cooperativas que manejan las propias organizaciones sociales.

Después de la reunión, Belliboni le aseguró a este medio que durante el fin de semana recorrerán los barrios para comunicar a las asambleas los resultados de la cumbre en el piso 14 del Ministerio de Desarrollo Social, y el martes próximo se realizará una asamblea general entre las cuarenta organizaciones que conforman la “Unidad Piquetera” para precisar cuales serán los próximos movimientos.

- ¿Qué tiempo le dan al Gobierno para analizar la propuesta que le presentaron a Zabaleta?, le preguntó Infobae al dirigente del PO.

- Cómo máximo dos semanas. Hasta mediados de septiembre. Si no hay una respuesta a nuestros reclamos, saldremos a manifestarnos en las calles como ya lo hemos hecho. Valoramos el compromiso de estudiar nuestro plan para la generación de empleos, pero acá vemos una primera barrera: el presupuesto. Acá hay medidas que las deben tomar varios ministerios. Y si el de Trabajo tampoco nos da respuestas, iremos a manifestar también a las puertas de ese edificio.

La fecha coincide con la finalización del acto eleccionario de las PASO, que están previstas para el próximo domingo 12 de septiembre. Para entonces, cada una de las acciones serán sopesadas con ora mirada: los comicios de medio término que se desarrollarán el 14 de noviembre.

En la carta dirigida a Zabaleta, los movimientos de izquierda, que representan a unas cuarenta organizaciones, solicita “reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran y la generación y estimulo de trabajo genuino bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

El enunciado coincide con los uno de los objetivos que el funcionario aseguró abrazar desde el mismo momento en el que asumió el cargo.

El desafío será llevarlo a la práctica.

Desde el entorno del ministerio se le aseguró a Infobae que varios de los puntos desarrollados en el documento firmado por la Unidad Piquetera “ya están en marcha”.

La propuesta de los movimientos sociales opositores contempla también “la necesidad de dar respuesta a la falta de urbanización, escuelas en todos sus niveles, conjuntamente con las viviendas populares que permitan empezar a resolver el drama social de la vivienda propia que sufren millones de personas en nuestro país”.

Parte del texto presentado por los movimientos sociales a Zabaleta está basada en la información publicada por Infobae en la que se detallaba el aumento de barrios carenciados en las últimas décadas y la necesidad de su urbanización. Esos datos son oficiales y pertenecen al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social.

“En la Argentina los barrios populares nunca dejaron de crecer. Las últimas cifras oficiales (diciembre de 2016) ubican a estos asentamientos en 4.416. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones sociales que trabajamos en el territorio sostenemos que esa cifra ascendió a unos 5.000. La mayoría de ellos están ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Dentro de ella, los municipios que suman la mayor cantidad de asentamientos son los municipios de La Plata y La Matanza, en ese orden”, sostiene el escrito que demanda la urbanización de esos lugares.

Las Villas representan el 21,5% y son las que tienen mayor densidad poblacional. Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000. El 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% a la red de energía eléctrica, según los datos del RENABAP.

Zabaleta les aseguró que esa es una prioridad del gobierno del Frente de Todos y de su ministerio.

“Desde diciembre de 2016, fecha del último relevamiento, la situación económica del país derivó en que miles de familias quedaran en situación de vulnerabilidad, que no pudiesen pagar un alquiler, en muchos casos por la pérdida de empleo, y terminaron formando nuevos barrios populares”, le explicó Belliboni a Infobae. Y afirmó que en la carta al ministro también se sostiene: “En la Argentina, unas 870 mil familias, esto es unos cuatro millones de personas, que viven en asentamientos, en viviendas precarias, en muchos casos sin agua potable, cloacas y luz”.

El último censo realizado sobre los asentamientos de todo el país determinó que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% tienen viviendo menos de 150 familias.

“La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de Barrios Populares. El ultimo relevamiento determinó que son 1.783, pero las últimas estimaciones elevan esa cifra por arriba de los dos mil”, le dijeron los piqueteros a Zabaleta.

“La situación social no solo constituye una negación de derechos para los millones de personas que necesitan asistencia por su situación, sino que deja en un atraso enorme a los barrios obreros que margina aún más a la población que contiene”, le dijeron a Zabaleta.

“El trabajo genuino y las obras publicas no solo son imprescindibles para el desarrollo nacional, sino que constituyen un acto de justicia indelegable del Estado, que debe figurar entre las principales prioridades”, puntualizan en el escrito los piqueteros y describen el “Plan Integral de Generación de Trabajo Genuino”, que elaboraron.

En ese esquema se plantea “la urgencia de desarrollar un ´Gran Plan de Obra Pública y Vivienda’ para crear un millón de puestos de trabajo financiado por el Estado Nacional que incluya la construcción de viviendas en todo el país”. También se propuso una “mesa Interministerial” con las organizaciones sociales donde participen el ministerio de Desarrollo Social, el ministerio de Trabajo, el ministerio de Obras Públicas, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la secretaría de Intervención Socio Urbana, y el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Ese ámbito de trabajo ya había sido esbozado por Zabaleta pero aún esta en pañales pero el funcionario se comprometió a impulsar en las próximas semanas.

Por su parte, la Unidad Piquetera puso a disposición el relevamiento a través del cual se construyó una gran bolsa de trabajo de unos 100.000 trabajadoras y trabajadores de esas organizaciones sociales con diversos oficios y profesiones, entre ellas, electrotécnicos, programador de computación, albañil, solador, pintor, electricista, enfermeras, auxiliares de limpieza, cocineras y cocineros, cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos.

Según Belliboni, la propuesta a Zabaleta fue que: “El plan se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital”.

En el escrito, al que accedió Infobae, se afirma que “en lo que va del año, el Banco Central destinó 800.000 millones de pesos a pagar intereses a la banca privada, el Estado pagó más de 1000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y se están pagando las cuotas al Club de París, mientras no se resuelven las necesidades de los barrios populares, además de los compromisos que ya ha establecido el Gobierno para los próximos años en pagos exorbitantes que postergan las más elementales necesidades del pueblo”.

Para finalizar, los delegados de la Unidad Piquetera afirmaron que: “Estamos convencidos de que la conversión de planes sociales en trabajo no se va a resolver con programas como el ‘empalme’ o ‘enganche’ que no dieron ningún resultado concreto y que constituían un subsidio encubierto a las patronales y un ataque a los convenios colectivos de trabajo, entendemos que esa reconversión es solo posible con trabajo genuino, bajo convenio y sin eliminar derechos conquistados”.

Por último, la propuesta presentada a Zabaleta contempla la “prohibición real de los despidos”; la “construcción de polos educativos en los barrios populares que incluya jardín de primera infancia, escuela primaria y secundaria”; un “plan de viviendas populares y accesibles con un porcentaje del salario mínimo vital y móvil en todo el país” y, entre otros puntos, “apertura de concursos en hospitales, jardines de infantes y escuelas para cubrir vacantes de auxiliares, limpieza, cuidado de personas”.

Las cartas están jugadas. Y los movimientos de uno y otro lado son previsibles, al menos en el corto tiempo. El acercamiento entre las parte fue importante. Ahora resta saber si habrá presupuesto para llevar adelante al menos los puntos de la propuesta de la Unidad Piquetera que coincide también con las acciones de gobierno que se propuso Zabaleta al llegar al ministerio de Desarrollo Social.

El 5 de agosto pasado, Zabaleta recibió una partida presupuestaria adicional de unos 96 mil millones de pesos para poder cumplir con los pagos de los planes Potenciar Trabajo y la distribución de alimentos a los barrios más vulnerables, entre otros programas. Ese dinero, según Zabaleta, alcanzará para lo que resta de este año. La discusión de aquí en más es el presupuesto 2022, un análisis que ya están realizando los técnicos económicos del ministerio de Desarrollo Social.

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