Por extorsión, pidieron la indagatoria de dos lugartenientes de Moyano por el bloqueo a una empresa en Villa Soldati

El fiscal en lo Criminal y Correccional Ignacio Mahiques pidió la indagatoria de seis dirigentes y activistas del Sindicato de Camioneros por considerarlos coautores del delito de extorsión contra la empresa Andar Transportadora, cuyo depósito de Villa Soldati fue bloqueado el año pasado por unos 15 representantes de esa organización para reclamar “una deuda inexistente”.

Entre los involucrados en el pedido del fiscal figuran dos lugartenientes del líder sindical: Omar Pérez, que es secretario de Políticas de Transporte del sindicato y uno de los dirigentes de mayor confianza de Hugo Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística. Ambos, junto con Diego Coria, Matías Paz, Mario Villalba y Jorge Aguirre, fueron acusados por “la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal” del gremio de Camioneros, según se destaca en el requerimiento.

En los fundamentos de Mahiques se destaca “la presencia de los imputados y su desplegar intimidatorio” ante el depósito y que “mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Pérez y Dutra, exigieron la entrega del dinero” al dueño de la empresa, Alejandro Castell.

Ahora, el juez en lo Criminal y Correccional Fernando Caunedo deberá tomar una resolución sobre el pedido de indagatoria de los dirigentes y activistas del Sindicato de Camioneros.

“Quiero que se haga justicia y que tengan una pena. Esos tipos me extorsionaron, me privaron de la libertad de trabajar”, dijo Castell a Infobae desde Trenque Lauquen, donde en 2001 fundó su pyme familiar dedicada al transporte de cargas. “Tengo 45 años y trabajo en esto desde los 17. No manejo una megaempresa: tengo seis camiones y cinco choferes en un plantel de 12 empleados en total”.

El empresario contó que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado Andar Transportadora, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó una suma de dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes y admitió que, mal asesorado y pensando que podía evitar un conflicto, él accedió a entregarle diez cheques a la orden del gremio y de su mutual.

Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato, tanto a mí como al contador y a mi abogado, para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

Según el dueño y apoderado de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la envió por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas diez personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones que tenían que despachar mercadería y amenazaban a los choferes.

Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.

“Esto es un sistema: ellos saben que tienen que bloquear y que en cuatro o cinco horas se soluciona el conflicto. Si no, siguen bloqueando hasta que pagues. Decidí no pagar porque no es legal -sostuvo el empresario-. La policía de la Ciudad, en lugar de pedirles los datos personales a los que me amenazaban, me preguntaron si no quería negociar con ellos. No tengo nada que mediar con delincuentes. Sentí una gran impotencia”.

Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutra, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar la sede del sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar por allí el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Florencia Arietto, la abogada y dirigente del PRO que se especializa en casos de bloqueos sindicales.

Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutra que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.

En el lugar, Dutra lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.

En medio de un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse del lugar. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutra y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores durante el bloqueo.

Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.

Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutra también había estado allí y que llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de representantes de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, el fiscal pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.

El ataque contra la empresa de Castell, difundido primero por el programa “La cornisa”, de Luis Majul, es el primero en el que terminan involucrados directivos clave de la estructura de los Moyano. El dueño de Andar Transportadora admitió que está preocupado por la posibilidad de que haya represalias sindicales (“existe mucha impunidad y ellos conocen todos mis movimientos”), pero que no teme por él sino porque piensa en sus hijos. Sin embargo, según confesó, los chicos se muestran más inflexibles que él y ya le pusieron un límite: “Si le pagás al gremio, no te hablamos más”.

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