El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por haber utilizado fondos públicos de esa dependencia para gastos personales o de su familia y que devuelva casi siete millones de pesos por el perjuicio al Estado nacional. Luciani habló de “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no se justificaban con la función, por lo que acusó a la ex funcionaria del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 6. El próximo 15 de septiembre será el turno del alegato de la defensa de la ex funcionaria, a cargo del abogado Felipe Trucco, y antes de fin de mes se prevé el veredicto.
El fiscal además solicitó que Picolotti pague 6.941.170,25 de pesos por esos gastos injustificado. Se trata del monto actualizado a hoy del perjuicio al Estado nacional según un peritaje que se hizo en la causa. Luciani señaló que si la ex funcionaria no tiene forma de afrontar el pago se realice un decomiso de sus bienes.
Picolotti fue secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Desde febrero es juzgada por el uso de fondos públicos para gastos personas. El juicio lo sigue por videoconferencia desde los Estados Unidos donde vive desde 2015.
La denuncia se presentó en 2007 en los tribunales federales de Retiro, fue investigada por el fiscal Guillermo Marijuán. El trabajo realizado por el equipo de la Fiscalía Federal 9 fue complejo y finalmente se llegó al juicio oral en 2015. Hoy se conoció el pedido de pena.
Luciani señaló que Picolotti hizo o autorizó gastos con fondos de la Secretaría que tenían fines personales o para terceros y que no hacían a su función. Detalló comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia. “Todos estos gastos fueron avalados por la Dra. Picolotti mediante la suscripción de tickets o facturas”, señaló.
El fiscal mencionó otros gastos como alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios. En su alegato expuso las facturas de varios de ellos. Uno de los tickets que expuso fue uno de los gastos que más llamó la atención. Es de 77,50 pesos en “Hooters”, un bar que era atendido por mujeres semidesnudas y lleva escrito un “Muchas gracias”. Otro gasto, en el local Pigmento, dice “regalo Flor y Sofi de cumpleaños”.
“Picolotti sabia que gastos podía hacer y cuáles no”, sostuvo el fiscal que analizó los decretos y leyes que enmarcan el uso de fondos públicos de parte de los funcionarios. Luciani explicó que Picolotti utilizaba esos fondos a través de un convenio con la Fundación ArgenINTA que recibió el dinero de la Secretaría y los administraba. “Desde la fundación no se hacía ningún análisis de los gastos”, expuso.
Otros gastos fueron para pasajes en avión o en vuelos chartes a Córdoba, de donde es oriunda Picolotti, que usaron su marido, su madre, sus hijos, su primo y esposa, y amigos. “Fracasaron los sistemas de control ante una maniobra que no era compleja”, criticó Luciani. En su alegato, el fiscal recordó las declaraciones de testigos que trabajaban en el área de administración de la Secretaría que recordaron que le advirtieron a Picolotti sobre los gastos que estaba realizando.
El fiscal acusó a la ex funcionaria de haber cometido el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y pidió tres años y nueve meses de prisión que es de cumplimiento efectivo en prisión en caso que sea condena y que firme. Además pidió que se orden el regreso al país de la ex funcionaria.
Luciani tambipen sostuvo que en los casos de corrupción uno de los objetivos es recuperar el dinero que se malversó. Por eso junto con la pena de prisión le solicitó al tribunal oral que condene a Picolitti a devolver 6.941.170,25 de pesos por los gastos totales actualizados.
“Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”, declaró Picolotti en su indagatoria en el comienzo del juicio oral.
La ex funcionaria -abogada, experta en derecho ambiental y que llegó al gobierno de Néstor Kirchner durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia en Uruguay por su oposición a esa fábrica de celulosa- dijo también que la causa fue por sus políticas en la Secretaría. Y señaló la clausura a la empres Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas. También denunció que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, le propuso hacer negocios ilegales.
La Secretaría dependía de Jefatura de Gabinete de la Nación que entonces estaba a cargo del hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien defendió a Picolotti. “”Se copió una carpeta que estaba dando vueltas, que no era más que una operación política para lastimar a una funcionaria del Gobierno”, dijo Fernández tras la publicación del caso que hizo el diario Clarín. Cuando dejó el gobierno y Picolotti fue procesada sostuvo que ella debía dar las explicaciones necesarias y que la imputación por la que fue procesada era por un tema que él desconocía.
El próximo 15 de septiembre será el alegato de la defensa de Picolotti en la que se prevé que pida su absolución. Luego los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel deberán fijar la fecha de veredicto que se prevé para antes de fin de mes.
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