La imputación del presidente Alberto Fernández y del resto de los involucrados en la fiesta del 14 de julio de 2020 dará lugar esta semana a una catarata de presentaciones. La defensa de la primera dama Fabiola Yañez, que representa a otras cuatro personas, se mantendrá en la misma línea argumental del Presidente. El abogado Juan Pablo Fioribello planteará que no hubo delito y se apoyará en un dictamen del fiscal Ramiro González en el caso de Facundo Moyano, acusado de violar la cuarentena por hacer una fiesta en un departamento de Puerto Madero.
En ese caso, el fiscal pidió el sobreseimiento de Moyano basado en la teoría del peligro abstracto. Dicho en otros términos: como no hubo contagios, no hubo delito. “Habida cuenta que el tipo penal del art. 205 es de peligro abstracto, resulta imprescindible que en los supuestos de hecho se corroboren puntos de contacto entre el comportamiento analizado y el bien jurídico que se pretende proteger; en su defecto, la falta absoluta de peligro en el caso concreto para el objeto de protección impide su punibilidad”, opinó el fiscal en ese caso. Ante la falta de impulso fiscal, el caso fue cerrado por el juez Sebastián Ramos.
En Tribunales reaccionan indignados ante ese razonamiento. “Es una barbaridad jurídica, los delitos de peligro abstracto no necesitan un resultado”, dijo esta semana un fiscal con oficina en Comodoro Py.
Si bien existe el antecedente del caso de Moyano, la Fiscalía que dirige Ramiro González también pidió la elevación a juicio, pactó una condena y concertó una probation con personas que violaron la cuarentena, tal como publicó este medio. Es decir que impulsó casos por no haber acatado las disposiciones vigentes durante el aislamiento.
Además, hay otro dato que tienen en cuenta los abogados que intervienen en la causa: el caso de Moyano tramitó en la Fiscalía de González y el expediente por la fiesta en Olivos se lleva adelante en la Fiscalía que comandaba el fallecido Jorge Di Lello, por lo que intervienen otros secretarios. Si a eso se suma la repercusión mediática y la imputación del Presidente, la primera en su mandato, se trata de dos realidades bien distintas.
Fioribello fue el primer abogado en presentarse en el expediente. En ese momento representaba a ocho de los participantes. Tres de esos ocho se fueron con otros abogados. La abogada y amiga de la primera dama, Stefanía González, contrató al abogado Mauricio D’Alessandro. Y esta semana se presentó Fernando Burlando en representación de las hermanas Rocío y Florencia Fernández Peruilh. Al renunciar a su defensa, Fioribello habló de “serias diferencias en la estrategia defensiva”.
También figuran en la causa Alejandro Rúa, abogado de varios ex funcionarios kirchneristas; el ex camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, que defienden al colorista Federico Abraham. Esta última defensa también apuntaría a una reparación para cerrar la causa.
Aunque hay comunicaciones permanente entre las defensas para buscar estrategias en común, en el fondo asoma una guerra de egos con acusaciones cruzadas. “Hay tres que se cortaron solos”, dijo ayer uno de los abogados en referencia a las defensas de las hermanas Peruilh y de Stefanía González, acusada de haber filtrado las fotos de la fiesta. De hecho, D’Alessandro se corrió de la estrategia “oficial” y pidió la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron la prohibición de circulación y desplazamientos como medida preventiva para contener la pandemia.
Fioribello todavía no definió si ofrecerá una reparación económica por cada uno de sus clientes tal como figura en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Ese artículo sostiene que “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
Consultado por Infobae, el abogado de Yañez se excusó de responder, al igual que su socio, Mariano Lizardo. Pero este medio pudo saber que los pedidos de reparación, si los hay, estarán atados a los ingresos de cada uno. En el caso de la Primera Dama, la cifra es difícil de anticipar porque no cobra un sueldo del Estado.
El Presidente ofreció donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses. “Hay que ver si al fiscal le parece bien el ‘Ahora 4′ o pide algo más″, ironizó D’Alessandro en una entrevista con Luis Novaresio. Como el salario actual de Alberto Fernández asciende a $315.259, la reparación sería de unos $630.518.
La decisión ahora está en manos del fiscal y luego debería ser homologada por el juez Sebastián Casanello, elogiado el viernes por el Presidente en una entrevista radial.
Pese a las internas, todas las defensas esperan que la causa se cierre en el corto plazo. La situación podría cambiar drásticamente si finalmente interviene la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tiene jurisdicción natural sobre la quinta de Olivos.
La magistrada pidió esta semana tener acceso a la causa que lleva adelante el fiscal González. El próximo paso sería reclamar la investigación ya que tiene una denuncia similar sobre la fiesta del 14 de julio de 2020. Todavía no lo hizo y los tiempos se acortan.
Si se concreta un pedido de inhibitoria, se abrirá un expediente para discutir la competencia. Primero opinará el fiscal y luego el juez Casanello. Si eso ocurre, según pudo saber Infobae, González respondería que la investigación debe seguir en Comodoro Py.
Solo en el caso que ambos jueces pretendan conservar la investigación, habrá un conflicto de competencia y deberá intervenir la Cámara Federal del distrito donde se radicó la primer denuncia. Si las partes apelan, podría terminar resolviendo la Cámara de Casación y se alargarían los tiempos.
En el Gobierno esperan que ese escenario nunca ocurra.
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