Pagos, tareas comunitarias y cursos: cómo fueron los acuerdos cerrados ante la Justicia por siete personas que violaron la cuarentena

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus derivó en una causa penal en la que el principal imputado es el presidente Alberto Fernández, autor de los decretos de necesidad y urgencia que restringieron la circulación de la población y prohibieron las reuniones como la que se realizó en la Quinta de Olivos.

La información de aquel festejo con más de diez personas trascendió un año después de haberse realizado, cuando se hicieron públicos los registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos durante el año 2020. También se publicaron fotos y videos. Y el Presidente, a pesar de sostener que no cometió delito, ofreció pagar una “reparación integral del daño” equivalente a dos de sus sueldos, pero en cuatro cuotas.

Infobae hizo un relevamiento de casos de violación de la cuarentena que se tramitaron ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y que terminaron con una suspensión del proceso a prueba (Probation). La aplicación de la probation no implica el reconocimiento de la responsabilidad por parte de los imputados por lo tanto no queda un antecedente registrado. Los fiscales porteños pactaron con los imputados las condiciones de cada probation y, en algunos casos, sumar una reparación integral del daño como propuso el presidente de la Nación, cuya causa está radicada en la Justicia Federal.

El de Fabiola Yañez no fue el único festejo de cumpleaños que derivó en una causa penal por violación de la cuarentena. El 29 de septiembre de 2020 E.C.M. cumplió años y decidió celebrarlo, como Yañez, pero, en vez de en la Quinta de Olivos, en su casa de la calle Armenia en Palermo. Y con más gente. Cuando llegó la policía, alertada por los vecinos, se encontró con 46 personas bailando “cachete con cachete, barbijo con barbijo”. Se identificó a E.C.M. como el organizador del festejo quien fue imputado en una causa. Pactó una suspensión del proceso a prueba por lo que se comprometió a cursar el taller de “Convivencia Urbana” que se dicta en la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno porteño, a realizar 50 horas de trabajo comunitario y, además, pagó 5.000 pesos en insumos hospitalarios.

A mediados de marzo de 2020, cuando la cuarentena era estricta y la prohibición de circular era casi total, el psiquiatra R.S. siguió recibiendo pacientes en su consultorio de la avenida Scalabrini Ortiz. Por aquel entonces se había comenzado con la atención remota de los pacientes. Pero el profesional, incumplió con las reglas de la cuarentena en varias ocasiones: recibió pacientes con asiduidad y los atendió en “sesiones de cuarenta minutos”, tal como se señala en el expediente. Por eso se le inició una causa penal que también terminó en una probation. Tuvo que hacer 30 horas de trabajo en una entidad de bien público y el mismo curso de “Convivencia Urbana” del cumpleañero de Palermo. El psiquiatra acordó pagar 16.000 pesos como reparación del daño. El dinero fue destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

La Justicia porteña inició casos penales contra los dueños de dos locales que permitieron el ingreso de gente a sus instalaciones a pesar de las restricciones por la pandemia. El primero se inició el 16 de marzo de 2020 cuando, pasadas las dos de la mañana, la policía llegó a un establecimiento de la avenida Córdoba al 4000 que teóricamente estaba habilitado como “casa de lunch/café bar/despacho de bebidas, whiskerías, cervecería/confitería”. Encontraron 78 personas bailando cuando el aforo del lugar permitía 60 y con la pandemia el gobierno porteño lo había reducido a 30. El lugar estaba funcionando como ”local bailable de clase C” y el gobierno porteño había prohibido el funcionamiento de ese tipo de negocios. La dueña fue imputada y logró la suspensión del proceso a cambio del curso de “Convivencia urbana” y de 50 horas de trabajo no remunerado en una institución de bien público.

A pocas cuadras de allí, en la calle Malabia al 1300, funciona una de las tantas cervecerías de “Palermo birra”. Por el aislamiento social preventivo obligatorio, los locales gastronómicos debían permanecer cerrados y solo podía funcionar mediante las modalidades de envíos (delivery) o retiros (take away). El 28 de marzo de 2020 a la madrugada bailaban allí 275 personas. Algo que estaba prohibido. El dueño del lugar fue imputado en una causa y se logró la suspensión del proceso a prueba. Se comprometió a realizar 10 horas de trabajos comunitarios y ofreció comprar barbijos tricapa antibacteriales por la suma de 30.000 pesos para entregar a un centro de salud porteño.

La pasión por un club de fútbol hizo que H.B., un hombre que tenía 48 años en abril de 2020, violara las restricciones de circulación impuestas durante la cuarentena estricta. El 6 de abril de 2020, pasadas las 18, H.B estaba pintando con aerosol un “globlito” que representa al Club Atlético Huracán en una pared de la calle Salta al 1600, en el barrio de Constitución, cuando fue detectado por la policía. Fue imputado en una causa penal por violación de la cuarentena y llegó a un acuerdo para suspender el proceso. Se comprometió a cursar el taller de “Convivencia Urbana”, a realizar 50 horas de trabajo comunitario y a blanquear a su costo la pared donde había hecho el graffiti que identifica a los “quemeros”.

Tal vez la causa judicial más curiosa que se inició en la ciudad de Buenos Aires por violación a la cuarentena fue la que tuvo como protagonistas a un taxista y a una pasajera que viajaba en el baúl del auto. El caso ya había trascendido en su momento debido a que la mujer iba en el baúl de un taxi a visitar al ex participante de Gran Hermano Christian U, cuyo verdadero nombre es Christian Urrizaga. La mujer contrató a un taxista que aquel 6 de abril de 2020 la llevó desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a Puerto Madero, en Capital, donde vivía Urrizaga. La mujer, que trabaja como modelo, mostró a través de su cuenta de Instagram cómo violó los controles e incluso relató que viajó en el baúl. Ante la viralización de sus posteos, se inició una causa penal que terminó con una probation para ambos: la mujer y el taxista. Ella se comprometió a hacer el curso de “Convivencia Urbana”, a realizar 20 horas de tareas comunitarias y a pagar 10.000 pesos para ser destinados a la Fundación Garrahan. En tanto que el taxista tuvo que tomar el mismo curso y realizar 10 horas de trabajo comunitario.

Las fiscalías que pactaron los acuerdos controlan que los imputados los cumplan. A ninguno le quedó el antecedente penal. Todos cerraron sus casos. Estos solo fueron algunos de los cientos que se abrieron en todo el país por violar la cuarentena.

SEGUIR LEYENDO