Cómo sigue la causa de Olivos luego de las imputaciones: charlas entre las defensas para cerrar un acuerdo exprés

Alberto Fernández recibió ayer su primera imputación formal en una causa judicial desde que asumió la presidencia. El requerimiento del fiscal Ramiro González por el festejo en la Quinta de Olivos es el comienzo formal de la investigación, aunque la causa ya tiene varias medidas de prueba. Ahora es el turno de las defensas. Apenas unos minutos antes de conocerse la imputación en su contra, el Presidente ofreció ayer una conciliación, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. No es la única defensa que apelará a esa estrategia. El objetivo de los abogados es cerrar la causa cuanto antes, pero cualquier acuerdo requiere el visto bueno del fiscal y del juez Sebastián Casanello.

Hasta ayer, el único de los participantes de la fiesta que no se había presentado en el expediente era el presidente Alberto Fernández. El resto ya habían designado un abogado y de esa manera habían quedado imputados de manera implícita. Se trata de Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh.

A partir del requerimiento del fiscal, el Presidente también quedó formalmente imputado. “Considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta en los dictámenes aludidos contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”, escribió González, que actualmente tiene tres fiscalías a cargo y ejerce en simultáneo como fiscal electoral de la Capital Federal.

Tras la jugada del fiscal, ahora es el turno de las defensas. “La semana próxima habrá varias presentaciones con pedidos similares (al del Presidente)”, anticipó a Infobae uno de los abogados que tiene acceso a la causa y tuvo charlas informales con otros defensores.

El primero en presentarse al expediente fue el abogado de la primera dama Fabiola Yañez, Juan Pablo Fioribello, que defiende a cinco de los participantes. En las últimas horas renunció a la defensa de hermanas Rocío y Florencia Fernández Peruilh, que se fueron se fueron con el mediático Fernando Burlando. En un breve escrito, Fioribello habló de “serias diferencias en la estrategia defensiva”.

Su estrategia irá en la misma línea del Presidente. Los pedidos de reparación al fiscal, si los hay, estarán atados al patrimonio de cada uno de sus clientes.

También figuran en la causa Alejandro Rúa, abogado de varios ex funcionarios kirchneristas; el ex camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, que defienden al colorista Federico Abraham; y Mauricio D’Alessandro en representación de Stefanía Dominguez.

Hasta ahora, D’Alessandro es el único que hizo un pedido concreto: el martes, luego de ver el expediente, pidió “inconstitucionalidad” de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron la prohibición de circulación y desplazamientos como medida preventiva para contener la pandemia.

La mayoría de los abogados deambularon esta semana por Comodoro Py y dialogaron entre sí para terminar de cerrar una estrategia. Aunque hay consenso sobre la conciliación, no se descartan otras opciones para cerrar la causa en el menor tiempo posible.

Tal como había adelantado el abogado Gregorio Dalbón, Alberto Fernández le propuso ayer al fiscal un acuerdo concreto para cerrar la causa en los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Ese artículo sostiene que “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

En una jugada inesperada, Fernández se presentó por derecho propio. El abogado Gregorio Dalbón tuvo que salir a decir que seguía siendo su abogado. “El Presidente se presenta como un Ciudadano. Donará al Malbrand y sigo siendo su abogado, para causas que sean delito. Fin de la estrategia”, tuiteó ayer cerca de las 18 horas.

Apenas diez minutos antes, a las 17:50, había ingresado, vía electrónica, la presentación al juzgado de Sebastián Casanello.

La condición de funcionario, en el caso del Presidente, no se lo impediría una conciliación. Los abogados analizan el caso del ex diputado nacional por el Frente para la Victoria de Tucumán, Benjamín Isaac Bromberg, quien fue denunciado por violar el aislamiento pero logró cerrar la causa luego de pagar 60 mil pesos en una cuenta a nombre del Hospital de Niños.

Bromberg había sido denunciado penalmente por no cumplir el aislamiento luego de un viaje a España. El juez Luis Rodriguez lo procesó y el fallo fue confirmado por la Cámara Federal. Pero luego su defensa pidió una conciliación, que terminó siendo avalada por la fiscal Alejandra Mangano y homologada por el juez.

“El instituto de la conciliación penal resulta viable debido a que el encausado se le imputa un hecho con claras consecuencias de contenido patrimonial y se trata de un caso de leve conflictividad endilgado a una persona sin antecedentes penales”, dijo Rodriguez hace menos de un mes.

Varios de los abogados imaginan un escenario similar. Para eso deben obtener el visto bueno tanto del fiscal González como del juez Casanello.

En las últimas horas perdió fuerza la posibilidad de que la causa se traslade al juzgado federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que tiene jurisdicción natural sobre la quinta de Olivos. La magistrada pidió esta semana tener acceso a la causa que lleva adelante el fiscal González.

El próximo paso sería reclamar la investigación ya que tiene una denuncia similar sobre la fiesta de cumpleaños. Pero todavía no lo hizo y los tiempos se acortan.

Si se concreta un pedido de inhibitoria, se abrirá un expediente para discutir la competencia. Primero opinará el fiscal Gonzalez y luego el juez Casanello. Si eso ocurre, según pudo saber Infobae, González respondería que la investigación debe seguir en Comodoro Py.

Solo en el caso que ambos jueces pretendan conservar la investigación, habrá un conflicto de competencia y deberá intervenir la Cámara Federal del distrito donde se radicó la primer denuncia. Si las partes apelan, podría terminar resolviendo la Cámara de Casación. En ese caso, no habrá una definición antes de las elecciones.

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