El fiscal Ramiro González recibió en las últimas horas un pedido de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para tomar vista de la causa que se lleva adelante en su Fiscalía. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el fiscal hizo lugar al pedido y le pidió al juez Sebastián Casanello, que le delegó la instrucción, que “arbitre los medidos necesarios” para que Arroyo pueda acceder al expediente de manera digital.
Arroyo Salgado y el fiscal de San Isidro Federico Iuspa ya habían pedido certificar la causa. Ahora dieron un paso más y reclamaron tomar vista del expediente donde se investigan los ingresos a Olivos y la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez. “Antes el acceso a la causa era mediante una copia, ahora se hace de manera electrónica”, explicó una fuente judicial.
Se trata de movimientos clave porque la jueza de San Isidro tiene una denuncia similar a la que tramita en Comodoro Py y podría reclamar la investigación ya que tiene jurisdicción territorial sobre la quinta de Olivos. Todavía no lo hizo. Si se concreta ese escenario con un pedido de inhibitoria, se abrirá un expediente en el juzgado de Casanello para discutir la competencia. Primero opinará el fiscal Gonzalez y luego el juez federal de Comodoro Py.
Solo en el caso que ambos pretendan conservar la investigación, habrá un conflicto y deberá intervenir la Cámara Federal del distrito donde se radicó la primer denuncia.
La causa que tiene Arroyo Salgado se inició por una denuncia del abogado Alejandro Sarubbi Benítez y apuntaba específicamente al festejo del 14 de julio en la quinta de Olivos. “Independientemente de las posturas personales en función de las restricciones vigentes, no corresponde que en un país donde millones de personas se encuentran confinadas o impedidas de trabajar aún hoy, estudiar o hacer valer su derecho a la salud, estas personas realicen eventos de esta magnitud con total descaro, impunidad y desinterés por lo que vive el resto de los habitantes de la Nación”, dijo el abogado al hacer la presentación, a la que adjuntó una copia de las fotos del festejo y la planilla de ingresos de ese día.
“Los hechos no fueron en la Capital Federal sino en Olivos, debería intervenir el juzgado federal de San Isidro”, le dijo Sarubbi Benítez a Infobae. Su denuncia está fechada el 12 de agosto pero quedó radicada al día siguiente en el juzgado de San Isidro que estaba de turno. Este dato será clave al momento de evaluar qué Cámara interviene ante un conflicto de competencia.
El fiscal Ramiro González sigue sumando medidas de prueba a la causa mientras define si imputa formalmente a todos los participantes. En realidad, es solo una formalidad porque diez de los protagonistas, todos menos el presidente Alberto Fernández, ya se presentaron en el expediente y designaron un abogado defensor.
Ayer el expediente sumó un informe de la Casa Militar con los detalles de los ingresos a Olivos. Pero faltan otras medidas. La Secretaría de Innovación Pública, que depende de la Jefatura de Ministros, debe contestar si Fabiola Yañez y el resto de los invitados a la fiesta habían tramitado un permiso para circular como los que eran obligatorios para aquellas personas que cumplieran tareas esenciales.
Todos los abogados esperan por estas horas cuál será la próxima jugada del fiscal. Se descarta que habrá una imputación formal para todos los acusados. La única duda es cuándo ocurrirá. A partir de ese momento, habrá distintas estrategias. La defensa del presidente Alberto Fernández, a cargo de Gregorio Dalbón, apunta a cerrar este expediente de alto impacto político con una conciliación, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Para eso, Alberto Fernández debería pagar una multa o hacer una donación.
No es la única defensa que imagina ese escenario. La condición de funcionario, en el caso del Presidente, no le impediría acceder a una conciliación. Los abogados analizan el caso del ex diputado nacional por el Frente para la Victoria de Tucumán, Benjamín Isaac Bromberg, quien fue denunciado por violar el aislamiento pero logró cerrar la causa luego de pagar 60 mil pesos en una cuenta a nombre del Hospital de Niños.
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