Servini ordenó más indagatorias en la causa contra Mauricio Macri y “Pepín” Rodríguez Simón

La jueza federal María Servini ordenó este lunes varias indagatoria en el marco de la causa que investiga la denuncia de Fabián De Sousa, dueño de C5N, contra el gobierno de Mauricio Macri por haber intentado desapoderarlo de sus empresas. La decisión fue tomada ante la declaración de De Sousa y de Cristóbal López que reveló un intento por tomar el control de su grupo económico, en una maniobra que -dijeron- fue realizada en nombre del entonces presidente Mauricio Macri.

Las indagatorias se activaron en la causa en la que está prófugo el ex asesor de Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien pidió -hasta ahora sin éxito- ser considerado un refugiado político en Uruguay. Ahora, Servini convocó a las indagatorias a partir del 30 de septiembre próximo. Inicialmente, la decisión apuntaba a integrantes del grupo Publicidad Sarmiento, entre los que están Gustavo Casir y Gerardo Molinaro.

Gustavo Casir fue apoderado de Publicidad Sarmiento, la empresa de vía pública. Molinaro fue gerente administrativo de Arcor, Cencosud, Atanor y en la petrolera San Antonio. De acuerdo a la información recolectada en la causa, en setiembre de 2017, ese grupo empresario aparecía señalado como el que iba a quedarse al frente de un fideicomiso que regentearía gran parte de los bienes del grupo Indalo, algo que finalmente no ocurrió.

Según la declaración de Cristóbal López como testigo ante Servini, a la que accedió en su momento Infobae, un enviado de Nicolás Caputo y Macri, aparecía como un supuesto nexo con el entonces presidente. El empresario le avisó que prefería perder el grupo a ser arrestado. Según Cristóbal, en un momento la respuesta que recibió desde las autoridades políticas de entonces habría sido: “No nos interesa que López pague políticamente, el negocio es otro para nosotros; lo mejor es que quiebre y poder exhibirlo en la Plaza de Mayo’”.

Cristóbal López contó más intentos e incluso que se habría conseguido un aval del Gobierno pero el problema estaba en que el ex titular de la AFIP Alberto Abad no daba un plan de pagos. Y agregó que De Sousa habría conseguido un compromiso para que los gobernadores pauten en C5N porque la pauta había pasado a ser cero. Sin embargo, pasadas unas semanas, tras una charla con el ecuatoriano Jaime Durán Barba, los interesados desaparecieron “hasta del WhatsApp”.

Inicialmente, la jueza había convocado a Molinaro y Casir como testigos. Sin embargo, apelación mediante de la querella de De Sousa, la Cámara Federal los consideró hace dos semanas imputados. “Gustavo Casir y Gerardo Molinaro, según la hipótesis planteada (en las condiciones aludidas) por los acusadores, están imputados por los hechos de la causa. Y que, siendo eso así, no es viable que la directora del proceso, ignorando esa toma de postura, convoque a los nombrados, sin más, como testigos”, dijo el juez Roberto Boico, acompañado por Martín Irurzun. La jueza entonces los citó como imputados, luego de que presentaran abogado defensor.

La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba detenido. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. Según Cristóbal López, que el día de las elecciones generales de 2015 fue a una reunión con Macri en donde el hoy presidente le preguntó “qué vínculo tenía con Cristina Kirchner” y, según declaró, “me hizo saber que había que meterla presa”. También relató en detalle cómo fueron, según su versión, los mensajes para cambiar la línea editorial de C5N, las advertencias de que iría preso y las negociaciones para intentar vender el canal.

De Sousa y López estuvieron presos. Actualmente están siendo enjuiciados junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por supuesta defraudación al Estado. Se investiga allí el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles durante el kirchnerismo.

En la causa se investigan las llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Ignacio Rosner, entre otros.

Precisamente en los próximos días, la jueza enviará un pliego de preguntas al presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, en virtud de que solicitó declarar como testigo por escrito. Se trata de la causa por la que está prófugo el ex asesor de Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Precisamente, el juez Rosenkrantz aparecía con comunicaciones frecuentes con el principal operador judicial del ex presidente, según los estudios que se hicieron sobre una serie de teléfonos.

Infobae publicó en marzo pasado que, según el primero análisis hecho sobre las comunicaciones del operador judicial de Macri se detectaron 59 llamados que se registraron con Carlos Rosenkrantz, el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esas comunicaciones fueron entre el 31 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2018. En aquel momento, voceros del juez subrayaron la amistad previa a llegar a la Corte que existía entre el magistrado y el abogado macrista, algo que ya había sido noticia cuando se conocieron las fotos del casamiento de la hija de Rodríguez Simón. De hecho, la querella de Fabián De Sousa, a cargo del abogado Carlos Beraldi, pidió la recusación de Rosenkrantz.

En la causa el único procesado es Sebastián Omar Antonio Paladino, subdirector de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre los años 2016 y 2019, a quien se lo responsabilizó por “haber dado la orden” para que se implementara la herramienta informática de control sobre los contribuyentes que formaban parte del Grupo Indalo”. La situación del ex director de la AFIP Alberto Abad, que ya fue indagado, aún no fue definida.

Ahora, la jueza ordenó investigar los teléfonos de los miembros del directorio de YPF, entre otras medidas de prueba para establecer si existió una asociación ilícita cuya finalidad era extorsionar a los directivos de Oil -empresa que acabó en la quiebra- para que cedieran activos a precio vil y contratos en beneficio de privados. Según trascendó, la jueza quiere esclarecer el rol de abogado Marcelo Rufino, un ex asesor de YPF y señalado como uno de los que llevó adelante la estrategia para empujar a Oil Combustibles a la quiebra y para la compra de sus activos que fueron traspasados a las empresas Delta y DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA).

Mientras tanto, Rodríguez Simón hizo pública su decisión de no volver al país cuando lo esperaban a indagatoria. Estaba en Uruguay desde diciembre y había solicitado a Uruguay ser considerado un refugiado político porque en Argentina buscaban -según dijo- meterlo preso. La justicia argentina pidió su captura. La Comisión de Refugiados en Uruguay dictaminó en contra de esa solicitud, pero ahora la defensa de Pepín apelará esa decisión no vinculante. La batalla legal para lograr la extradición del ex funcionario aún tiene varios capítulos pendientes.

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