El gobierno de Alberto Fernández le reclamó a la Cámara Federal que procese a los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel -hoy intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento-, por presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El pedido fue formulado días atrás por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Vialidad, como querellantes de la causa. Incluso, la UIF solicitó el apartamiento del caso de la jueza María Eugenia Capuchetti, que se encuentra transitoriamente al frente de la causa por subrogar el juzgado federal 6.
Los imputados, en tanto, se opusieron a un procesamiento y plantearon que no hay elementos suficientes en su contra. También afirmaron que uno de los testigos estrellas de la causa, Gustavo Marcelo Gentili, es un ex funcionario kirchnerista que estuvo a cargo entre 2008 y 2015 del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), entre 2008 y 2015 y acaba de ser procesado por corrupción y lavado de dinero.
El análisis de la cuestión está en manos de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, los mismos que firmaron el fallo contra Gentili. La causa bajo análisis, impulsada por diputados kirchneristas como Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, se llama “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”.
Allí se investiga si existió un armado para una renegociación de la concesión de “Acceso Norte” a AUSOL SA -en donde tenía acciones la empresa SIDECO, de la familia Macri- y de “Acceso Oeste” a Grupo Concesionario Oeste SA (GCO), con la excusa de un reclamo millonario ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial) que se presentó tres días antes de que Macri se convierta en presidente.
La causa fue tramitada por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y ahora instruye la jueza Capuchetti. Precisamente, pocos días antes de su jubilación, Canicoba Corral procesó a todos los ex funcionarios. A Dietrich, Iguacel y Saravia Frías por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; a Dujovne por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, la Cámara Federal anuló esos procesamientos porque las defensas sostuvieron que el juez, en medio de la pandemia, no les había mostrado toda la documentación a la hora de indagarlos. El pasado 2 de julio, la jueza Capuchetti dictó la falta de mérito de todos los involucrados a la espera de peritajes. Eso es lo que deberá revisar ahora la Cámara Federal.
Según los planteos a los que accedió Infobae, la UIF atacó en duros términos la resolución de Capuchetti. “La falta de ponderación por parte de la jueza de la prueba acumulada, o la mirada sesgada de la misma, no equivalen a la conclusión de que no hay mérito suficiente”, se sostuvo. “Tanto las testimoniales como la documental agregada son coherentes en demostrar la existencia de elementos de cargo que prueban las hipótesis investigadas, y más allá de la que oportunamente se produzca, existe mérito suficiente para el dictado del procesamiento, lo que aquí se solicita”.
El apoderado del organismo que dirige Carlos Cruz aseguró que el fallo de Capuchetti implicaba un “prejuzgamiento, adelantando una decisión sobre el fondo y recortando arbitrariamente el objeto de investigación”. Es que la jueza había dicho que no le correspondía “emitir un juicio de valor sobre la decisión política de llevar adelante un determinado acuerdo” sino que solo debía analizar si hubo un perjuicio a la administración pública.
“De ningún modo forma parte del rol del magistrado de instrucción mutilar la investigación para que llegue a la instancia de juicio solamente una versión esterilizada de la misma, descartando gran parte del objeto de la investigación, no por inexistencia de hecho ni carencia de evidencias, sino por un recorte arbitrario que implica necesariamente un juzgamiento de los hechos. Entiende esta parte, que el juicio emitido por la magistrada ha comprometido el rol que la misma desempeña, siendo prudente su apartamiento de la presente investigación.
A criterio de la UFI, “se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente” que los contratos de renegociaciones que hicieron en junio de 2018 “no contaron con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida a las empresas”, sin la intervención del Ministerio competente y cuando -según se sostuvo- el pedido ante el CADI era “de casi imposible acogida favorable” con “montos excesivos”.
El área de jurídicos de la Dirección de Vialidad, en tanto, también apeló la falta de mérito. Tras hacer un racconto histórico desde cuándo se gestaron los contratos de concesión y cómo se renegociaron después de las crisis del 2001, esta querella aseguró que durante 13 años, desde que se dictó la emergencia nacional, “las empresas operaron sus concesiones en los términos ofrecidos por el Estado Nacional sin exigir la rescisión contractual ni su rescate por parte del Estado Nacional, así como tampoco promover reclamos administrativos y/o judiciales en jurisdicción nacional”.
Fue así que reseñó que recién en julio y agosto del año 2015 Grupo Concesionario Oeste S.A. y Autopistas del Sol S.A. respectivamente, interponen un reclamo administrativo ante el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con copia al Poder Ejecutivo Nacional y al ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Dirección Nacional de Vialidad y a la UNIREN, con el fin de que el Estado Nacional haga efectiva la recomposición del contrato de concesión. Y el 7 de diciembre de 2015, Abertis SA presenta una demanda contra el Estado Argentino, tres días antes de asumir el mandato Macri.
En el Gobierno de Macri se dio curso a la renegociación “alegando una supuesta urgencia por el perjuicio que podía generar para el Estado Argentino”, dijo la DNV. Y agregó: “Puede observarse que la firma de este acuerdo permitió, mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma” y sin que se explicara “cuáles fueron las razones de interés público o beneficiosa para los usuarios que motivaran tal modificación esencial del contrato de concesión y el reconocimientos de montos tal elevados”.
La querella también afirmó que “mediante el mismo acuerdo se dejó sin efecto las multas y sanciones de la empresa, lo que no sólo implicó más beneficios para la misma, sino que demostraría que la concesionaria no cumplía en modo y forma las obligaciones asumidas”. Otra de las cuestiones que destacó esta querella es que aunque la renegociación estaba bajo el paraguas de la ley de emergencia económica que había pesificado los contratos ajustados en dólares, el acuerdo durante el macrismo -”sin que haya mediado ley que dejara sin efecto la normativa referida o dispusiera algo nuevo al respecto- se fijó en dólares, incumpliendo la normativa vigente y provocando evidentes pérdidas a las aras del Estado”.
“Este solo argumento, sella la suerte del recurso, pues la prueba documental que luce en autos como el aporte de los testigos dan sobrada cuenta de los extremos fácticos y jurídicos que sustentan la denuncia, resultado ello suficiente para el procesamiento de los mentados funcionarios”, se sostuvo.
Frente al pedido de las querellas, los acusados también hicieron sus propios descargos en donde reclamaron que no se haga lugar al pedido e insistieron en que no hubo delito. “La resolución de la jueza ha sido sobradamente fundamentada y debe ser confirmada”, sostuvieron las defensas, según pudo saber Infobae.
Los ex funcionarios rechazaron la idea de una “supuesta pasividad hasta mediados de 2015” por parte de las concesionarias y la relación entre la demanda del CIADI y el triunfo de Macri, eje de la acusación. También sostuvieron que es falsa la afirmación sobre un seguro rechazado a la demanda ante el CIADI, al hacer hincapié en un “sugestivo informe hecho por la Procuración del Tesoro Nacional, cuya autoría e incorporación al proceso resulta de lo mas llamativo”.
Desmintieron además que hayan existido “clausulas leoninas” en los contratos renegociados. “La realidad demuestra que los acuerdos integrales fueron aprobados por las máximas autoridades del país luego de cumplirse un procedimiento que se extendió por mas de dos años y medio e incluyó la intervención y la opinión de los servicios jurídicos de la DNV y el Ministerio de Transporte, de la PNT y de la SIGEN, sin que se haya efectuado ninguna observación respecto de la legalidad de los términos y condiciones”.
“En la medida en que no exista un apartamiento de los procedimientos administrativos con una finalidad dolosa para lograr un perjuicio económico para las arcas del Estado Nacional no estaremos ante un hecho delictivo”, afirmaron. Y apuntaron a “los informes del señor Gentili que no tuvieron repercusión alguna ni siquiera en la propia administración que integraba”.
Según se sostuvo, “solo la arbitrariedad y el claro sesgo adverso del anterior juez de la causa (Canicoba Corral) pudo darle la entidad a estos ‘informes internos’ (de Gentili) hasta ahora desconocidos por las compañías y elaborados por un cuestionado funcionario que llegó al extremo de designar a su propia esposa como interventora de Ausol”, dijeron. Y añadieron: “Gentili asumió el cargo de directos del OCCOVI el 11/2/2010 y estuvo en funciones hasta diciembre de 2015. ¿Por qué motivo esperó a los últimos meses de su gestión para formular los informes que mantuvo en secreto cuando sus consideraciones versan sobre cuestiones que supuestamente habrían ocurrido con bastante anterioridad?”, se preguntaron.
Gentili quedó al frente del OCCOVI tras la salida de Claudio Uberti, el ex funcionario que acompañaba al venezolano Guido Antonini Wilson y que se convirtió en “arrepentido” en la causa de los cuadernos. Los denunciados subrayaron que en marzo, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Gentili, su hermano y a su esposa y ex funcionaria Laura Andino, junto a cinco imputados por el delito de negociaciones incompatibles y lavado de activos. En julio, la Sala II de la la Cámara Federal -la misma que tiene a su estudio esta causa- confirmó ese procesamiento.
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