La denuncia sobre esta presunta negociación espuria fue presentada por los abogados del empresario Fabián de Sousa y apunta contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri a los que acusan de haber promovido una persecución contra Indalo con la finalidad de forzarlo a desprenderse de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo.
La Justicia ordenó investigar los teléfonos de los miembros del directorio de YPF, entre otras medidas de prueba para establecer si existió una asociación ilícita cuya finalidad era extorsionar a los directivos de Oil -empresa que acabó en la quiebra- para que cedieran activos a precio vil y contratos en beneficio de privados.
La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien ya solicitó la identificación de los titulares de las líneas telefónicas desde las cuales había comunicaciones frecuentes con los imputados y en particular con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, por entonces director de YPF - el presidente era MIguel Gutiérrez-, y sindicado como operador judicial del gobierno de Cambiemos. Cabe recordar que Rodríguez Simón se profugó a Uruguay cuando María Servini lo citó a indagatoria aduciendo que era víctima de persecución política.
La jueza Servini pidió entonces la captura de Rodríguez Simón en esta causa iniciada por el empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, contra el ex presidente Maruicio Macri, “Pepín” y otros funcionarios por lo que considera fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas y enviarlo a prisión.
Luego de una serie de entrecruzamientos de llamadas telefónicas de los tres años y medio en que “Pepín” actuó como operador judicial del macrismo, la jueza Servini lo citó a indagatoria. Fue entonces que el ex funcionario anunció que pediría asilo político en el Uruguay y la reacción de la jueza fue pedir a Interpol su captura.
Servini también tiene en la mira al abogado Marcelo Rufino, un ex asesor de YPF, que habría tenido un rol clave en estas negociaciones hoy sospechadas.
Hombre del riñón de Rodríguez Simón, Rufino habría sido quien llevó adelante la estrategia para empujar a Oil Combustibles a la quiebra y para la compra de sus activos que fueron traspasados a las empresas Delta y DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA).
Para los abogados de la querella es esencial establecer cuáles eran las verdaderas funciones de Marcelo Rufino en YPF y su rol en la compra de los activos de Oil a través de YPF para luego cederlos a dos privadas.
En octubre de 2018, YPF y DAPSA adquirieron los principales activos de Oil Combustibles: por sólo 85 millones de dólares se quedaron con toda la red de estaciones de servicio de la petrolera, la refinería de San Lorenzo y la logística de despacho del combustible.
Poco después, en diciembre de 2018, Delta Patagonia S.A. acordó con YPF la compra de 124 estaciones de servicio de Oil distribuidas en 17 provincias.
La maniobra incluyó la cesión de contratos de abastecimiento por los que YPF debía proveer combustible a la red a un valor que resultaba oneroso para YPF pero muy beneficiosos para las privadas Delta y DAPSA.
Los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovy, representantes de los querellantes Cristóbal López y Fabián de Sousa, titulares del Grupo Indalo, señalaron la cercanía de Marcelo Rufino con el juez en lo comercial, Javier Cosentino, a cargo del expediente de la quiebra de Oil. Rufino y Cosentino fueron colegas en el Poder Judicial.
Hace diez días, la jueza comercial María Soledad Casazza, a cargo del Juzgado Número 5, levantó la quiebra de Oil, luego de que la empresa lograra la conformidad luego de que casi el 100 % de sus acreedores aceptara la propuesta de pago de la deuda.
La jueza Servini, que ya solicitó el expediente de la quiebra de Oil para analizarlo, le requirió al actual presidente de YPF, Pablo González, que en el más breve plazo posible presente “todas las constancias que den cuenta de la contratación de Marcelo Rufino por parte de la empresa, tales como facturas de cobro de honorarios, y toda otra documentación que permita ilustrar respecto de los servicios prestados por el nombrado, tareas encomendadas y órdenes que le fueran impartidas”.
Asimismo, el funcionario deberá remitir a la jueza toda la documentación referida a la compra de la red de expendedoras de Oil por YPF y su traspaso a DAPSA y Delta Patagonia.
Otro ex funcionario en la mira es Sebastián Omar Antonio Paladino, que se desempeñó como subdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, y procesado por el diseño de un sistema informático especialmente destinado a espiar los movimientos tributarios del Grupo Indalo.
La jueza Servini le pidió también al director general de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) que haga un cruce de llamadas bien detallado - cuando se trate de reuniones “se deberá identificar en un mapa la cobertura de las celdas”, precisó-, entre los imputados del caso centrado en las fechas clave de desarrollo de la maniobra presuntamente extorsiva contra el Grupo Indalo.
Servini también solicitó la identificación de tres abonados (5412300002; 5422200001; 5412200001) y de sus interlocutores más frecuentes, porque, de acuerdo a los indicios reunidos en el expediente de la causa, surge una intensificación de llamadas con personas de interés en la causa en fechas clave.
La jueza indicó que a esos números llegaban con asiduidad llamados de José Torello, es jefe de asesores de Mauricio Macri, de Nicolás Caputo, amigo personal del entonces presidente, de Mario Quintana, vicejefe de Gabinete durante la gestión de Cambiemos; del ya nombrado Rodríguez Simón, y de dos aspirantes a adquirir Indalo, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, imputados en el caso.
Según la jueza, los titulares de esa líneas se comunicaron asiduamente con los imputados en la causa en las fechas clave -agosto y septiembre de 2017- de las negociaciones entre los dueños de Indalo y los empresarios ligados al oficialismo de entonces que aspiraban a quedarse con los activos del Grupo.
Servini considera muy importante para “el avance de la causa” la identificación de esos interlocutores “comunes y frecuentes”.
Los abogados de la querella también esperan que se pueda obtener información de las computadoras de YPF que deben guardar registro de los sistemas de mensajería interna y de los correos electrónicos vinculados a la compra de las estaciones de servicio de Oil Combustibles y su posterior traspaso a firmas privadas.
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