Si no hay diálogo, no hay acuerdo. Eso evaluó la Fiscal federal de Bariloche Sylvia Litlle para solicitar el procesamiento de tres integrantes de la comunidad autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de una fracción de tierras perteneciente a Parques Nacionales, ocurrida en 2017.
Los imputados rechazaron participar de la instancia de diálogo y por ese motivo Little suspendió la audiencia prevista para esta semana y solicitó a la Jueza federal subrogante de Bariloche, María Silvina Domínguez, su procesamiento.
La Fiscal es la única querellante de la causa, luego de que la Administración de Parques Nacionales decidiera no seguir adelante con el proceso judicial, avalando de esa forma la instalación de los ocupantes en el predio fiscal situado a 35 kilómetros de Bariloche.
“Si no participan de la instancia de diálogo para llegar a una solución alternativa al proceso penal, el camino es la elevación a juicio” sentenció la Fiscal. El espacio de diálogo para alcanzar un acuerdo había sido solicitado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por recomendación del fiscal general Javier De Luca.
En el pedido de procesamiento, Little mencionó que los tres imputados “fueron parte del grupo que se enfrentó a la Prefectura Naval Argentina para lograr la ocupación ilícita del predio”. Ese episodio ocurrió a fines de 2017, en el que murió de un disparo por la espalda Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la agrupación.
Dos de los imputados ya habían sido procesados en primera instancia el 11 de diciembre de 2018, en tanto que sobre el restante se adoptó la misma decisión el 5 de abril de 2019. Los procesamientos fueron apelados por sus defensores y la Cámara Federal de Apelaciones de Roca hizo lugar a esa presentación, revocando la decisión y dictando el sobreseimiento de los imputados, un año después de la medida inicial.
No obstante, la Fiscalía general objetó la decisión de la Cámara, anuló la medida y ordenó que el caso vuelva a foja cero para adoptar una nueva resolución. El fiscal general ante dicha Cámara, Javier De Luca, mantuvo el recurso de su par Sabas Herrera contra la desvinculación de los imputados y a favor de sus procesamientos y recomendó posibles vías de soluciones no punitivas del caso, que fueron atendidas por los jueces.
En ese contexto, Little ideó distintos encuentros para tratar de abordar una solución pacífica, alternativa al proceso penal, pero los integrantes de la comunidad mapuche ignoraron los acercamientos. La funcionaria había citado a las partes involucradas en la causa federal, en la que también se investiga a otros siete integrantes de la comunidad mapuche por la usurpación de otros lotes, pertenecientes a organismos del Estado y también a privados.
“Las reuniones no prosperaron ya que las defensas de los imputados entendieron que era mejor continuar adelante con los diversos procesos”, argumentó Little, quien decidió dar por concluida la vía alternativa y solicitar los procesamientos.
Participación confirmada
Los argumentos que tiene la fiscal en su poder, son solventes. Los tres acusados formaron parte del grupo que el 25 de noviembre del 2017 bajó desde la montaña hasta la Ruta Nacional 40, para enfrentar y expulsar a los miembros de la fuerza de seguridad que custodiaban el predio, con el fin de ocupar el terreno de forma ilícita.
En esa línea, demostró que se podía acreditar a través de conversaciones telefónicas que los acusados estuvieron presentes y que permanecieron ocultos en las zonas altas de la montaña. En esos audios, uno de los imputados manifiesta estar “arriba” y que un integrante de la comunidad recibió un “plomaso”, en referencia al homicidio de Rafael Nahuel, hecho que se investiga en otro expediente en el que hay cinco albatros de Prefectura procesados.
A su vez, explicó que la presencia de las tres personas quedó confirmada ya que dos de ellos fueron heridos de bala por parte de los efectivos de Prefectura Naval y sus lesiones fueron certificadas por un médico que ingresó al predio para constatar la presencia de heridos.
Ante esas pruebas, Little manifestó que no quedaba lugar a duda de que “al menos ellos tres formaban parte de ese grupo que se enfrentó a los Albatros”. Por ese motivo, y como ya existe en otra causa una sentencia firme hacia Fausto Jones Huala, otro de los participantes que estuvo episodio y que reconoció haber atentado contra la autoridad de los efectivos junto a otras personas, la fiscal solicitó los procesamientos.
Cuatro años
Desde la ocupación inicial hasta la actualidad, la Lafken Winkul Mapu fue protagonista de innumerables episodios de violencia, daños y agresiones, que fueron certificados.
Tanto en los tribunales federales como en la justicia ordinaria, hay expedientes por ocupación de tierras públicas y privadas, incendios intencionales de viviendas, agresiones a vecinos, ataques a automovilistas, daños al tendido eléctrico y tala indiscriminada de especies arbóreas nativas.
La Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, fue blanco de la violencia gestada por los “encapuchados” quienes al identificarla, agredieron a piedrazos el vehículo en el que se movilizaba, en dirección a la localidad de El Foyel – ubicada entre El Bolsón y Bariloche – donde otra comunidad mapuche había sido desalojada tras otra ocupación.
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