El fiscal que investiga la fiesta en Olivos elevó a juicio varios casos por violación de la cuarentena

El fiscal Ramiro González tiene a cargo -por delegación del juez Sebastián Casanello- la investigación de las visitas a la quinta de Olivos y como casi todas las fiscalías federales de la ciudad de Buenos Aires, en la suya hubo casos de violación de la cuarentena estricta de 2020. El capítulo más importante de la causa abierta por no acatar las prohibiciones de circulación y reunión que regían durante el año pasado, es el que corresponde al festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, la pareja del presidente Alberto Fernández, en la quinta presidencial y con más de diez personas alrededor de la mesa.

El año pasado se iniciaron centenares de causas por violación de las restricciones. Según un relevamiento hecho por Infobae en el fuero federal de la Capital, algunos casos se enviaron a la Justicia de la Ciudad para que se cobren multas, en otros expedientes se dictaron sobreseimientos luego de las indagatorias y también se firmaron procesamientos que fueron elevados a juicio oral y público. En varios de los casos en los que se dictaron procesamientos se llegó a una conciliación y los imputados pagaron dinero –que fue destinado a hospitales públicos- para evitar la acción penal. Y también hubo desestimaciones.

Se conoció recientemente que González había desestimado un caso de 2020 en el que se había denunciado al por entonces diputado nacional Facundo Moyano por haber violado la cuarentena. El empresario de la noche Luciano Garbellano había denunciado que Moyano había hecho una reunión en su departamento de Puerto Madero el 10 de junio de 2020 en plena cuarentena cerrada y que había invitado gente.

González dictaminó que el caso debía desestimarse por inexistencia de delito. “La insignificancia del comportamiento denunciado no afecta gravemente al interés público”, había dicho González cuando pidió el sobreseimiento de Moyano -que renunció a su banca- y su novia. Ante la falta de impulso fiscal el caso fue cerrado por el juez Sebastián Ramos.

Aquella decisión del fiscal que ahora investiga la fiesta de cumpleaños de Yañez podría ser tomada como antecedente para aplicar en el caso en el que están bajo investigación el Presidente, su pareja y el resto de los asistentes al cumpleaños.

Pero como todos los fiscales federales González no solo desestimó denuncias por violación de la cuarentena como la de Facundo Moyano y centenares de otros desconocidos que no respetaron el aislamiento.

El fiscal que tiene a su cargo la investigación del festejo en Olivos en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) -según confirmaron fuentes judiciales- también pidió la elevación a juicio, pactó una condena y concertó una probation con personas que violaron la cuarentena. Es decir que impulsó y llevó adelante casos por no haber acatado las disposiciones vigentes durante el aislamiento decretado por Fernández.

Uno de los casos por los que González impulsó la acción penal por violación de la cuarentena sucedió en la villa La Veredita, ubicada en Villa Soldati. El 30 de abril de 2020, en plena cuarentena cerrada, había en la puerta de una casa una reunión -que estaba prohibida- en la que se escuchaba música alta que provenía de un auto estacionado en la calle. Llegó la policía y pidió que terminara la reunión, ante eso el dueño del auto intentó escapar: puso marcha atrás y atropelló a un policía sin generarle consecuencias graves. Se bajó del auto y se peleó con los agentes que intentaron identificarlo, los empujó y se escapó. Cuando lo encontraron dentro de una casa los vecinos agredieron a los policías y se escapó. Al rato tanto el hombre y su pareja, que habían organizado la reunión, se presentaron en la comisaría de la zona. Fueron procesados por el juez Ramos. El hombre, que tenía antecedentes penales, fue procesado por violar la cuarentena y por resistencia a la autoridad. Pactó con el fiscal González una pena a cambio de que no se hiciera el juicio: fue condenado a siete meses de prisión efectiva. La pareja en tanto, que no tenía antecedentes penales, fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba, es decir una probation. La jueza María Eugenia Capuchetti homologó los acuerdos planteados por González en ambos casos.

Otro de las causas en las que González impulsó la investigación penal por violación de la cuarentena sucedió en la villa Zavaleta. El 30 de abril de 2020 la policía paró un auto que circulaba sin la patente delantera en el que había dos hombres. Estaban lejos de sus domicilios. Cuando se les solicitó los permisos para circular necesarios por aquel entonces, uno de ellos tenía y el otro no. El autorizado a circular figuraba como personal de comedores escolares, comunitarios y merenderos. El auto tampoco tenía permiso para circular como se exigía en 2020. Cuando requisaron el auto hallaron cuatro ladrillos de que contenían casi tres kilos de marihuana y dos balanzas de precisión. El que no tenía permiso para circular fue indagado y dijo que la marihuana y las balanzas eran de una vecina a quien él transportaba en carácter de remisero. Y que había dejado las cosas en el auto. Admitió que su acompañante no sabía nada de lo que había en el baúl y que solo estaba en el auto porque se había ofrecido a llevarlo a hacer un trámite. El amigo que tenía permiso para circular no fue procesado. En tanto el que manejaba el auto fue procesado por el juez Ramos por el delito de “transporte de estupefacientes” y por la violación a la cuarentena. González pidió la elevación a juicio.

El 20 de mayo de 2020 cerca de las 23.30, en plena cuarentena estricta, una mujer llamó a la policía. Denunció que dos hombres querían trepar a un cable para llegar a la terraza de su casa en el barrio de Villa Soldati. La mujer sostuvo que querían entrar a robar. Llegó la policía y los detuvo. Intervino un juzgado de Instrucción por el intento de robo, delito por el que fueron sobreseídos por falta de pruebas. En cambio fueron procesados por el juez Ramos y González pidió la elevación a juicio de ambos por haber violado la cuarentena. Cuando declararon admitieron haber estado toda la tarde en la puerta de la casa de un amigo bebiendo hasta que llegó la policía. No estaban cerca de sus domicilios y por entonces no se podía circular sin permiso.

Otro de los casos en los que González pidió la elevación a juicio de varias personas por violar la cuarentena se inició por un caso de “transporte de estupefacientes”. El 16 de octubre de 2020 un hombre se bajó sin barbijo de un auto en la avenida Patricios al 1600 en Barracas. Un policía se acercó al auto y detectó otras tres personas, dos de ellas sin barbijo. Cuando les pidieron identificación y permiso para circular los policías notaron que algo raro sucedía. Al requisar el auto encontraron una mochila con siete ladrillos de marihuana que pesaban casi cuatro kilos. Uno de los hombres se hizo cargo: “la mochila es mía, la droga es toda mía”, dijo y se responsabilizó por el delito de “transporte de estupefacientes”. Junto al dueño de la mochila viajaban su hermana y el novio de ella. El cuarto ocupante del auto era un amigo al que encontraron por la calle y como estaba con muletas porque se había roto un tobillo, le ofrecieron alcanzarlo hasta su casa en auto. Antes de llegar a destino pararon a comprar cigarrillos y ahí los detuvo la policía. Ninguno de los tres acompañantes sabía del contenido de la mochila. Los cuatro fueron procesados por el juez Sebastián Ramos por violación de la cuarentena y solo uno, el que se hizo cargo, por el transporte de la marihuana. González pidió la elevación a juicio del caso.

El fiscal que investiga en el caso de los ingresos a la quinta de Olivos tomó varias posturas ante diferentes de violación de la cuarentena. El que caso tiene en su despacho en la actualidad tiene una particularidad: se debe determinar si cometió delito quien prohibió mediante un DNU las reuniones y asistió a una de ellas para el cumpleaños de su pareja.

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