62.437 personas que están privadas de su libertad podrán votar en las próximas elecciones primarias del 12 de septiembre y para las generales del 14 de noviembre. Se trata de un 7,5 por ciento de detenidos más que en los comicios presidenciales de 2019. Y lo harán con un sistema especial que solo se utiliza en las cárceles: la boleta única de papel. Se votará en 302 unidades de detención (cárceles, alcaidías e institutos de menores) de todo el país.
Pero no votarán todas las personas detenidas. Solo pueden hacerlo quienes no tienen condena firme y tampoco para todas las categorías electorales, sino para senadores y diputados nacionales. Están excluidos de las categorías locales, excepto en la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe donde se dictaron leyes especiales para que puedan hacerlo.
Los presos no votan desde siempre. La primera vez fue en 2007 y solo para los que no tienen condena firme. En 2016, la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional que quienes tengan una condena firme no puedan sufragar. El tribunal dijo que el único derecho que pierden las personas detenidas es el de la libertad y que todos los demás -entre ellos los políticos- están vigentes. Pero el Congreso no modificó la ley para que puedan votar.
Para esta elección el padrón ya cerró. “Siempre se hace lo más cercano posible a la fecha de la elección porque los ingresos y egresos de una cárcel son diarios y así tenemos la mejor foto del padrón posible”, le dijo a Infobae una de las personas que trabaja en la organización de los comicios en la cárcel.
Cada preso no vota por la provincia de la cárcel en la que se encuentra, sino por su último domicilio, aunque sea de una jurisdicción distinta a la que está detenido. Esto implica que a cada unidad de detención del país se envíen las boletas de los distritos de las personas que allí estén detenidas. Por ejemplo, a una cárcel de Córdoba van boletas de las elecciones de Entre Ríos, Santa Cruz, Jujuy o Catamarca si en esa unidad hay personas con domicilios en esas provincias.
Para la elección están habilitadas para votar 62.437 personas detenidas, entre ellas menores de 16 y 17 para quienes la elección es optativa, según la información de la Cámara Nacional Electoral, encargada de la organización de la elección en las cárceles. El número es un 7,5 por ciento mayor de la última elección cuando estaban habilitados 57.745. El porcentaje de votación fue bajo. En las elecciones internas del 2019 votó el 23,9 por ciento del padrón y en las generales el 28,8 por ciento.
“El bajo porcentaje tiene que ver con distintos factores pero el principal es que no todos los internos habilitados tienen en su poder, o puede acceder el día de la votación, a su DNI”, explica la fuente.
A pesar que pueden votar no lo hacen las personas que están detenidas en comisarias porque son lugares de poco tiempo de alojamiento ni tampoco quiénes están en prisión domiciliaria. En esos casos no hay logística para llevar a votar a esas personas.
Los detenidos habilitados para hacerlo están en dos padrones: en el de la cárcel y en el general. “Eso es porque puede ocurrir que salgan en libertad y pueden ir a votar a la escuela en la que están asignados. Si estuviesen solo en el padrón de la cárcel no podrían hacerlo”, explica una fuente.
Los detenidos utilizan una boleta única de papel. Se trata de un sistema en el que están todos los candidatos para votar en un papel. Se vota para las categorías nacionales, en estas elecciones diputados y senadores. No para categorías locales. Esos casos solo es para las unidad de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires porque esos distritos tienen leyes que así lo disponen.
El día de la votación el sistema es como los restantes lugares de votación. Una mesa con autoridades, el padrón, las boletas, las urnas, el cuarto oscuro y el horario de 8 a 18 horas. Las autoridades de mesa en las unidades de votación son elegidos entre el personal docente que da clases en las cárceles o personal del Poder Judicial, preferentemente del fuero penal. Eso es así para que las autoridades estén familiarizadas con el contexto de una cárcel, a diferencia de lo que puede ocurrir con cualquier persona que sale sorteada para ser autoridad de mesa en un colegio.
Una diferencia es que los votos no se cuentan en la mesa de votación. La urna es enviada a la Cámara Electoral que hace el recuento de votos.
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