Tras la presentación de la primera dama Fabiola Yañez ante la Fiscalía que investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus durante el festejo de su cumpleaños el año pasado en la quinta de Olivos, Alberto Fernández decidió que solo se presentará ante la Justicia en caso de que lo citen. “No tenemos que presentar un escrito, es sobreabundante. El Presidente siempre está a disposición”, dijo el abogado que lo representa en este caso, Gregorio Dalbón.
Como publicó este medio, Yáñez se puso anteayer a disposición de la Justicia al presentarse en la causa que investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus durante el festejo de su cumpleaños el año pasado en la quinta de Olivos.
La Primera Dama se presentó a través de los abogados Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, que llevaron un escrito al juzgado federal 7 de Comodoro Py, donde está radicada la causa penal. Junto con Yañez, se presentaron en el expediente otras siete de las 12 personas que estuvieron en el cumpleaños: Sofia Pacchi, Emanuel López, Stefania Domínguez, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Rocio Fernandez Peruilh y Florencia Fernandez Peruilh. Todos son amigos de la Primera Dama y serán representados por los mismos defensores.
En el evento también estuvo presente el Presidente, pero su abogado remarcó en diálogo con Infobae que el caso de la Primera Dama y el resto de las personas investigadas serán llevadas “por un carril diferente”, y deslizó que se enteró “a través de los diarios” de que Fabiola Yañez había hecho una presentación judicial. “Cada uno tiene una forma y su abogado que lo representa”, sostuvo.
En ese sentido, señaló: “Como abogado del Presidente digo es que estamos a disposición de la Justicia. No tenemos que presentar un escrito. Por su grado de institucionalidad, el Presidente está a disposición para colaborar y se ajusta a derecho como lo hace todo el arco del peronismo”. También destacó que Alberto Fernández “es uno de los presidentes sin causas ni procedimientos”.
“No tenemos pensado poner a disposición al Presidente”, insistió. “Sus circunstancias son distintas con respecto a las de la Primera Dama. El Presidente es uno de los poderes constitucionales del Estado. Y como tal puede defenderse como la Constitución lo marca”, sostuvo el letrado que representa al jefe del Estado.
En un intento de tomar las riendas del escándalo, el viernes pasado Alberto Fernández admitió en público, durante un acto proselitista en Olavarría, que el festejo tuvo lugar, señaló que lo había organizado la Primera Dama, dijo que “no debió haber ocurrido, y lo “lamentó”. Días después volvió a referirse al tema. Reconoció nuevamente que estuvo presente en la reunión social en la residencia presidencial, y aseguró que se “hará cargo”. “No anduve con vueltas y en menos de 24 horas dije que lamentaba lo que había sucedido, que no tendría que haber pasado. Y me disculpé ante el pueblo. Algunos dijeron que le eché la culpa a mi compañera, pero no, me hago cargo. Fui yo, y doy la cara”, señaló durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) de González Catán, en plena campaña para las elecciones de octubre.
En este marco, desde la defensa del primer mandatario señalaron que consideran que la realización del evento social es “un hecho”, y lo diferenciaron así de la figura del “delito”. “El juez es el que debe juzgar si se trata de un delito. Por ahora es un hecho. Para que sea un delito lo tiene que definir un Tribunal Oral. El principio de inocencia está incólumne. Cada involucrado tendrá su proceso”, destacó Dalbón. “Alberto Fernández tiene tranquilidad absoluta y va a colaborar en todo lo necesario”, agregó.
Mientras tanto, ya está corriendo el plazo “improrrogable” de cinco días que estableció el viernes pasado la Justicia para que la Casa Militar de la Presidencia de la Nación informe sobre las personas que ingresaron a Olivos el día del cumpleaños y si estaban exceptuadas para circular. Según confirmaron fuentes gubernamentales a Infobae, hasta el momento no se entregaron los documentos solicitados, y no se determinó la fecha en que lo harán. Intentarán “prolongarlo lo máximo posible”, deslizaron.
El expediente fue iniciado por una denuncia de la agrupación “Republicanos Unidos” cuando se conocieron públicamente los ingresos a la quinta de Olivos entre abril y julio del año pasado de allegados y amigos de Yañez que no cumplirían tareas esenciales y cuando regían las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia del coronavirus.
El fiscal González abrió formalmente una investigación y señaló que “el objeto procesal de la presente causa apunta a establecer la efectiva existencia de conducta en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y que en consecuencia pudieran configurar los delitos previstos” por los artículos 205 y el 248 del Código Penal. Se trata de las normas que castigan a quienes violaron la cuarentena por no cumplir medidas para evitar la propagación de una pandemia y a los funcionarios públicos que no respeten las medidas.
La publicación de la lista de invitados a Olivos y la posterior difusión de una foto -el miércoles de la semana pasada- y dos videos -ayer- del evento social del 14 de julio de 2020 generaron un escándalo en la opinión pública, pero también una convulsión interna en el Frente de Todos. En los últimos días, a pesar del intento para dejar atrás la polémica, hubo reproches de parte del kirchnerismo al entorno presidencial, pero desde la Casa Rosada salieron a aclarar que el staff más cercano al Presidente se mantendrá como hasta ahora.
Mientras se acercan las elecciones, en la Casa Rosada intentan poner paños fríos al asunto ante la opinión pública, y siguen atentamente el desarrollo de la causa judicial en contra de Alberto Fernández, la Primera Dama y su equipo. Temen que la investigación mantenga en el candelero la crisis política más grave de la gestión nacional después del vacunatorio VIP. Con el agravante de que falta menos de un mes para las elecciones primarias legislativas donde, según las encuestas, el Frente de Todos compite con estrecho margen contra Juntos por el Cambio.
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