Con la mayoría kirchnerista, el Senado aprobó los pliegos de dos camaristas resistidos por Juntos por el Cambio

El Senado es territorio del oficialismo y así quedó demostrado esta tarde en el debate en donde, con la ausencia de Cristina Kirchner, se aprobaron los pliegos de 33 jueces y fiscales sin debate en donde dos de ellos -camaristas- eran acusados de no ser imparciales por parte de Juntos por el Cambio.

Se trata de los camaristas a Gabriel de Vedia y María Guadalupe Vázquez, ambos fueron aprobados en la Comisión de Acuerdos donde fueron criticados por los senadores de Juntos por el Cambio.

En el caso de Gabriel de Vedia quien fue propuesto, y ahora aprobado, para cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V, fue criticado por Juntos por el Cambio porque lo señalan de supuesta falta imparcialidad.

La acusación de los senadores del bloque de la oposición se debe a dichos de De Vedia respecto de una supuesta reunión con el ex asesor de Mauricio Macri y hoy en Uruguay con un pedido de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez.

De Vedia declaró en la causa que se investiga a la ex jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó por el posible delito de corrupción en la compra de un inmueble. Dijo que en 2017 mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, quien amenazó con perseguir a la entonces jefa de los fiscales para que renunciara a su cargo.

En el segundo caso, el de la camarista Vásquez, tiene que ver con las funciones que tendrá en un futuro cercano sobre una causa que preocupa al ex presidente Mauricio Macri y a su familia.

Vásquez era propuesta y ahora fue aprobado su pliego, para ocupar una vocalía de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal. Una vez que asuma en su puesto tendrá a su cargo la causa de la quiebra del Correo Argentino que involucra a la familia y las empresas del ex presidente, Mauricio Macri.

Para el ex presidente y líder del Pro esa causa es una “revancha del kirchnerismo” contra él y su familia y no tiene sustento legal. Parte de su argumento para decir que es una revancha quedó expuesto en la reunión de la Comisión cuando hubo un fuerte cruce entre los legisladores de la oposición y del oficialismo.

El encargado de exponer la postura de Macri en la comisión fue el senador radical Julio Martínez quien le consultó a en ese momento la aspirante si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín, que intervino en la causa de la quiebra del Correo Argentino y el macrismo había logrado remover, si además había intervenido en la causa y si también había trabajado con la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó.

Vásquez negó haber trabajado con Boquín y tener algún tipo de relación con la causa Correo y señaló: “Entre numerosas personas, he trabajado con la doctora Gils Carbó”.

Pero el cruce entre los legisladores se generó cuando Martínez planteo una situación “hipotética” para que Vásquez entregue una respuesta técnica. En ese contexto, le consultó cómo debería actuar un magistrado en el caso de que “un deudor ofrezca el 100% del crédito reconocido y el acreedor se negara a recibirlo”. La pregunta es si el juez debería aceptar la oferta del deudor o avanzar con la quiebra como propone el acreedor.

La “hipótesis” de Martínez es lo que plantea Macri que sucede en la causa del Correo, por lo que generó la reacción de senadores del oficialismo, que le pidieron a la postulante que no responda, lo que generó el enojo de Martínez. El cristinista Oscar Parrilli le señaló a en ese momento la postulante que no responda, le pidió a Martínez que retire la pregunta y le dijo que la misma mostraba “una actitud casi de inteligencia, y además no corresponde pedirle a un postulante su opinión sobre un caso concreto”. Martínez visiblemente enojado, dijo que ningún senador le puede decir “qué se puede preguntar y qué no”.

Hoy, con la mayoría del Senado, luego de la incorporación como senador de Juliana Di Tullio, el oficialismo dejó atrás la discusión en la comisión y sin debate aprobó los pliegos de los dos postulantes.

Por otro lado, se aprobaron dos convenios sobre seguridad social firmados por Argentina, uno con Israel y el otro con Corea del Sur, que reconocen los aportes previsionales realizados por los trabajadores migrantes en cada país.

El convenio entre Argentina y el Estado de Israel en materia de Seguridad Social fue suscripto el 12 de septiembre de 2017 y fue convertido en ley, mientras que el de Corea fue rubricado el 27 de noviembre de 2018 y fue aprobado y girado a la Cámara de Diputados .

Los entendimientos firmados durante el gobierno de Mauricio Macri y que recibieron respaldo durante la actual administración del actual presidente Alberto Fernández, prevén mantener los beneficios sociales a los argentinos radicados en esos países.

También se aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que aprueba el convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales.

El Comité que se crea es una “instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de recursos hídricos de la región” y tiene “como objeto principalmente promover y facilitar una gestión eficiente de las aguas de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales, tendiente a la preservación de los recursos naturales”.

El proyecto propone el desarrollo de iniciativas “para prevenir inundaciones, procesos de erosión del suelo y obras para minimizar los efectos que generan los períodos de escasez del recurso” y también “propiciar acciones que conduzcan al desarrollo productivo de la región”.

Finalmente, se aprobaron y enviaron a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que limitan la tasa de interés que cobran a los usuarios las empresas de servicios públicos, entidades bancarias, servicios de medicina prepaga y las empresas privadas de servicios en general por mora en el pago de las facturas.

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