Inesperadas diferencias en Juntos por el Cambio: la Coalición Cívica no firmó el pedido de juicio político al Presidente impulsado por la UCR y el PRO

El escándalo por la fiesta de cumpleaños de la pareja de Alberto Fernández en la quinta de Olivos podría haber sido la mejor materia prima para la oposición en la campaña electoral, pero inesperadamente surgieron diferencias entre los socios de Juntos por el Cambio: mientras el PRO y la UCR impulsan un pedido de juicio político al Presidente, la Coalición Cívica (CC) se negó a firmarlo. Elisa Carrió dijo que “en campaña no se hace juicio político”, aunque el motivo real sería que teme que Cristina Kirchner y La Cámpora aprovechen la ofensiva para desplazar al primer mandatario y quedarse al frente del Poder Ejecutivo.

Es casi imposible que prospere el pedido opositor en el Congreso porque no le dan los números para imponerlo: en la Cámara de Diputados se requiere una mayoría especial de dos tercios, para lo cual Juntos por el Cambio debería conseguir 54 votos. Sin embargo, una vez más, la estrategia de JxC contra el oficialismo se debilitará porque Carrió no quiere hacer nada que complique a Alberto Fernández y le otorgue más poder a Cristina Kirchner.

Algo similar ocurrió el año pasado cuando la ex diputada propuso respaldar a Daniel Rafecas, el candidato del Presidente para la Procuración General de la Nación, porque lo consideraba “un mal menor” ante la posibilidad de que se designara a alguien afín al kirchnerismo o que se cambien las mayorías y plazos para su nombramiento. Desde el PRO, la misma posición tuvieron Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. En su visión, el “ala dura” de Juntos por el Cambio, que consideraba que no debían meterse en una interna del oficialismo, terminó siendo “funcional” a la Vicepresidenta.

Los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, estuvieron en contacto hace 48 horas por un comunicado en el que expresaron su “absoluto repudio” al incumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de Alberto Fernández y exigieron “en forma urgente” que se brinden a la sociedad “las explicaciones que justifiquen esta conducta”. Pero sólo un grupo de diputados del PRO y de la UCR, integrado por Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Waldo Wolff y Luis Petri, entre otros, presentó este jueves un proyecto de resolución para pedir el juicio político contra el Presidente “por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por separado, las autoridades partidarias de JxC delegaron en los titulares de los bloques legislativos la presentación de un pedido de juicio político, por lo que este viernes se presentó otro proyecto de declaración sobre el tema que fue firmado por Cristian Ritondo y Mario Negri, jefes de las bancadas del PRO y de la UCR, y trece diputados más de ambas bancadas parlamentarias: Gustavo Menna, Omar De Marchi, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Miguel Bazze, Luciano Laspina, Albor Cantard, Federico Angelini, José Cano, José Nuñez, Facundo Suárez Lastra, Gisela Scaglia y Ricardo Buryaille

En sus fundamentos, sus autores detallan los DNU y decretos dictados por el Poder Ejecutivo a partir de los cuales “la libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país, los alumnos tenían sus escuelas cerradas, los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los encuentros”. Pero, advierten, “unas fotos tomadas recientemente en la residencia de Olivos dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban”.

“La situación desenmascara la hipocresía del Presidente. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones sociales y limitaba la circulación de los esenciales. Él, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebasó el vaso. Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional en sus artículos 1, 16 y 36″, afirmaron en el proyecto opositor.

Desde la óptica de los diputados de Juntos por el Cambio, “la ejemplaridad es un valor que permite que las conductas se realicen y se repitan porque la autoridad que las crea, las cumple: ¿qué mejor ejemplo que aquel que da al ciudadano un gobernante honesto y respetuoso de la ley? ¿Qué mejor aliciente para el sufriente ciudadano agobiado y asustado por una pandemia desconocida y con final incierto que saber que el Presidente de la Nación cumple irrestrictamente con la norma que creó para protegerlo? Nada de esto sucedió”.

Los legisladores opositores aseguraron que “la palabra del Presidente está devaluada hace tiempo, las conductas que hoy se muestran suman a ese descrédito y desprestigio” y que, “en el caso que nos ocupa hay en curso además una investigación judicial: el Ministerio Público Fiscal está investigando si se ha cometido un delito”, por lo que “si así resultara, habrá que sumar otra causal”. Por eso, según destacaron los firmantes de la iniciativa, “el Congreso debe debatir la responsabilidad que le cabe al presidente Alberto Fernández por los hechos descriptos y abrir su juicio político”.

Cornejo dijo a Infobae que es partidario de unificar todos los pedidos de juicio político que se presentaron y destacó que la mesa nacional de JxC debatirá el lunes próximo durante un Zoom otras medidas para que “no quede impune” el incumplimiento de la legislación por parte del Presidente. Otros dirigentes pusieron en duda que el encuentro virtual se realice ese día porque es feriado y varios integrantes de la coalición estarán en campaña. ¿Aprovecharán las próximas horas para consensuar una estrategia conjunta? La posición de la Coalición Cívica desorientó a sus pares del PRO y de la UCR.

En las filas de la CC destacaron que la voluntad de actuar con sus socios políticos estuvo en el comunicado de hace dos días y justificaron la decisión de no acompañar el pedido de juicio político: “En campaña, Carrió nunca hizo denuncias y por eso no firmamos el proyecto. Es la posición de siempre”.

La Coalición Cívica, en cambio, avaló la creación de una comisión investigadora en el Congreso que propuso Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados del PRO, a través de una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, en donde se justifica el pedido ante “posibles violaciones reiteradas por parte del Presidente de los DNU y los decretos que dieron origen al distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

Carrió no es la única dirigente opositora que no quiere avanzar con un juicio político contra Alberto Fernández. El economista radical Martín Tetaz, segundo candidato a diputado de Juntos Podemos Más en la Capital, publicó en Twitter: “Tampoco nos pasemos de rosca pidiéndole la renuncia o el juicio político a Alberto Fernández porque atrás viene Cristina. El lugar para castigar tiene que ser las urnas y la paliza tiene que ser monumental”.

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