Aunque las flexibilizaciones van ganando la batalla a las restricciones en esta etapa de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires sigue vigente la norma que obliga a todos los viajeros que salieron del país después del 1° de julio a aislarse en hoteles a su regreso. Quienes no cumplen, se exponen a una denuncia penal y a una multa de hasta $4.300.000. Según datos oficiales a los que tuvo acceso Infobae, más de 300 personas están en esas condiciones. El gobierno bonaerense ya constató que no fueron a los hoteles y puso en marcha en mecanismo para aplicar la sanciones.
La resolución 192 obliga a los viajeros que residen en la provincia de Buenos Aires a aislarse en hoteles los primeros cuatro días luego del regreso y los tres restantes en sus domicilios. Solo deben cumplir aquellos que se fueron del país después del 1 de julio.
A partir de ese momento, la provincia de Buenos Aires abrió un registro de hoteles, varios de ellos muy selectivos. El listado actualmente incluye un total de 117 establecimientos. Los gastos del alojamiento corren por cuenta de cada viajero. Encima, la estadía debe incluir las cuatro comidas diarias, ya que la persona no puede salir de su habitación.
Desde el 1° de julio, 19.401 bonaerenses salieron del país, pero solo reingresaron 3821. De ese universo, el 74% cumplió con el aislamiento en hoteles, un dato festejado en los despachos de la Gobernación.
¿Qué pasa con el resto? Hasta ayer, se habían detectado 311 personas que no cumplieron deliberadamente con la norma y se fueron directamente a sus domicilios. En esos casos, la Provincia labra un acta con fiscalizadores del Ministerio de Salud y arranca el proceso administrativo que terminará con denuncias penales y multas millonarias.
La cocinera Maru Botana es uno de esos 311 casos. Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, el acta en su domicilio se hizo el martes 10, luego de admitir por teléfono que no estaba en un hotel. “No conocía la normativa”, habría dicho para excusarse.
Es la excusa más recurrente de los viajeros que reciben el llamado de la Provincia. “Todos los que viajan al exterior firman una declaración jurada a la salida y otra cuando vuelven. Todos están notificados de la normativa. Además les mandamos un mail”, explica a Infobae Agustin Wydler, subsecretario de Coordinación de la Gestión, una oficina que depende del jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
Otra excusa habitual para no cumplir con el aislamiento en los hoteles es la supuesta condición de esencial. “Los esenciales, como los docentes, no significa que estén exceptuados de cumplir con el aislamiento”, agrega Wydler. Ese privilegio solo está reservado para funcionarios, diplomáticos y algunos deportistas.
El listado de 311 incumplidores podría ampliarse en las próximas horas: hay otras 380 personas que ya dijeron que se negaban a pasar por un hotel o nunca contestaron los llamados telefónicos. “Están en proceso de fiscalización presencial”, dicen en la Provincia. En realidad es casi una formalidad: cuando reciban la visita de los fiscalizadores la mayoría pasarán a integrar el lote de incumplidores.
En el medio de la polémica, hay una serie de trampas para esquivar los controles. Aquellos que tienen domicilio registrado en Capital pero viven en Provincia muchas veces terminan esquivando los hoteles porque quedan afuera del radar de las autoridades provinciales.
El proceso de control comienza apenas el viajero vuelve al país. Con los datos que aporta Migraciones, se contacta a cada uno por teléfono pero además los hoteles aportan una prueba clave porque deben informar cada check in. “Hasta ahora no tuvimos casos de personas que vayan antes del cuarto día”, apunta el Subsecretario de Coordinación de la Gestión.
El aislamiento en hoteles fue una medida que aplicó la Ciudad de Buenos Aires, en soledad, apenas comenzó la pandemia. Actualmente solo se realiza en la provincia de Buenos Aires, Salta y San Juan. “No es una medida efectiva si no se aplica en todas las jurisdicciones”, dicen ahora en los despachos de Uspallata.
En todo el país, los controles domiciliarios están a cargo únicamente de Migraciones. Esos operativos desembocaron en más de 1200 denuncias por los incumplimientos de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que castigan la violación de medidas contra epidemias y la desobediencia a la autoridad pública.
Las causas hasta ahora avanzan a paso lento por las dificultades que encuentra la Justicia para probar los supuestos incumplimientos. Los jueces reclaman testigos, cuando sea posible, y mayor cantidad de pruebas.
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