El Grupo Macri reclamó a la Cámara Comercial revocar la quiebra dictada sobre Correo Argentino SA

El empresa Correo Argentino SA, del grupo Macri, reclamó ante la Cámara en lo Comercial que revoque la quiebra decretada sobre la firma, decisión dictada por el 5 de julio pasado por la jueza de primera instancia, en sintonía con el pedido del Procurador del Tesoro Carlos Zannini. Habló del “relato” que se hizo sobre esta causa, sostuvo que no existe mejor propuesta que la que la firma llevó al proceso judicial y sostuvo “el Estado Nacional pudo percibir el total de su acreencia, pero eligió ponerla en riesgo en un escenario de quiebra”.

“¿Qué intereses representó el Sr. Carlos Zannini cuando manifestó en nombre del Estado Nacional, el rechazo al pago total e íntegro ofrecido por Correo Argentino? La verdad es que no conocemos la respuesta, pero podemos señalar que el de los argentinos no”, se afirmó en el escrito de más de un centenar de páginas al que accedió Infobae.

La apelación también cuestionó a la jueza Marta Cirulli. “Lo que no ocurrió, es decir, la tarea que omitió realizar el Tribunal de Primera Instancia, en analizar de manera concreta, seria y completa los hechos ocurridos durante el procedimiento de salvataje. Ello, como si la decisión hubiera sido tomada desde hace mucho tiempo y sin analizar las constancias de la causa, recurriendo a la búsqueda de antecedentes llamativamente opuestos al presente caso y argumentos vacíos en contenido, para justificar un decreto de quiebra que se presenta infundado e incoherente”.

Y aseguró que “se ha llegado a una decisión tan agraviante para la concursada como para los sujetos principales por los cuales debió velar la justicia: todos los acreedores que aún hoy no han cobrado sus acreencias, por resultar más importante quebrar a la compañía que sus propios intereses. Ello, a sabiendas que la quiebra no garantiza ni mucho menos da certeza sobre el pago de las deudas”.

Este es un proceso que lleva 20 años, en donde el Estado Nacional le reclamó a la firma por no haber pagado el canon de 300 millones de pesos/dólares, un acuerdo sellado entre Franco Macri y Carlos Menem. Al mismo tiempo, la firma también había demandado al Estado por el no cumplimiento del acuerdo al momento de la concesión por un valor de 400 millones de pesos/dólares. Durante el macrismo, la empresa y el Estado había intentado llegar a un acuerdo, pero la fiscal Gabriela Boquin entendió que la oferta de la empresa representaba una quita abusiva y perjudicial para los intereses del Estado.

El acuerdo no se concretó. Después de idas y vueltas, la justicia abrió en 2020 un proceso de salvataje como última instancia. Lo cierto es que, según el Ministerio Público Fiscal, la cifra actualizada de la deuda al Estado alcanzaba más de $4.000 millones de pesos. Los acreedores -repartidos en grupos- debían resolver si aceptaban la oferta de la empresa para no ir a la quiebra. Algunos acreedores habían avalado una propuesta hecha hace más de diez años. El grupo Macri ofreció pagar unos $1.011 millones o “lo que disponga la jueza”, señalaron sus abogados. El Estado era el único acreedor del llamado grupo A y pidió la quiebra en marzo pasado.

La jueza Marta Cirulli decretó esa quiebra, aunque días después suspendió sus efectos a pedido de la empresa. Zannini también apeló ante la Cámara en lo Comercial que comience la ejecución del fallo que decreta la muerte de la firma.

Este caso tiene voltaje político: la quiebra había sido reclamada por el Estado, en la presentación formulada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini, y el ex presidente aseguró que se trataba de un plan de “venganza y persecución” en contra de su familia. Es que Correo presentaba como principal accionista a Socma, propiedad de la familia del ex jefe de Estado. Y fue el Estado argentino el que se opuso a la oferta hecha por el grupo en el proceso de salvataje, como última instancia antes de decretar la quiebra.

En extenso escrito de casi 130 hojas al que accedió Infobae, en donde trató de abordar lo que dio en llamar “Los mitos del concurso preventivo de Correo Argentino”, los abogados de la empresa ligada a la familia de Mauricio Macri acusaron a Zannini de perjudicar los intereses del Estado al rechazar la oferta que se había hecho en el proceso salvataje para pagarle a los acreedores y evitar al Estado argentino el cobro de esa deuda. Así, reclamaron la homologación del concurso preventivo.

La apelación fue presentada por el presidente de Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y por el abogado Jaime Kleidermacher. Los dos están imputados junto al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y otro funcionario en la causa que instruye el juez Ariel Lijo, en Comodoro Py, para establecer si hubo delitos en el acuerdo al que había querido llegar la empresa en tiempos de Gobierno de Mauricio Macri. En esa causa, se recibió un informe técnico que confirma que aquel acuerdo, que no llegó a homologarse, era perjudicial para el Estado.

“No podemos dejar de señalar aquí, como parte del relato de esta insólita historia, es que la concursada y también todos los argentinos, beneficiarios de cualquier crédito que perciba el Estado Nacional, no podrán comprender jamás las razones que motivaron el rechazo del pago íntegro y total. Estas razones nunca fueron expuestas en estas actuaciones ni en las numerosas exposiciones mediáticas del Sr. Carlos Zannini”, dijo la empresa.

Zannini había pedido la quiebra de la firma. “Lo que es más grave, y con la intención de retener la atención del lector procedo a ‘spoilear’ es que en un escenario de quiebra el Estado Nacional no podrá percibir su acreencia”, se añadió. “No tenemos dudas que, en cualquier otro proceso concursal, vista la excepcional calidad de las propuestas de pago y el grado de adhesión obtenido, se procedería sin hesitación a homologar el acuerdo preventivo, atento ser esta la mejor opción para que los acreedores cobren y el deudor continúe con su actividad”, sostuvo el reclamo.

A la hora de aludir a esos “mitos”, la empresa afirmó: “se ha contado, con excesivas repeticiones, a lo largo de estos años, una fábula, un relato de fantasía, construido en base a verdades a medias, prejuicios e invenciones” como que la empresa le debe al Estado 70 mil millones de pesos.

Y resaltó: “Correo Argentino ofreció al Estado Nacional el pago total e íntegro de la deuda, que incluye todos los intereses (sin suspensión) calculados de acuerdo a la tasa pactada por las partes, denunciada por el Estado Nacional y reconocida por el propio Tribunal, comprometiéndose incluso a pagar los intereses calculados en base a cualquier otra tasa que disponga el Tribunal” y añadió: “Nos preguntamos, ¿Es posible mejorar esta propuesta de pago? La respuesta es no. No existe una mejor propuesta que el pago total, íntegro y actualizado de la deuda”.

La apelación instó a las camaristas: “es hora de resolver con el derecho y dejar a los mitos y a la política fuera de la consideración del tribunal” y citó al jurista Francesco Carrara diciendo: “Cuando la política entra por la puerta del templo, la justicia huye asustada por la ventana para regresar al cielo”.

Además, en la causa se presentó además un dictamen del constitucionalista Daniel Sabsay “para ilustrar a Vuestra Excelencia –dice la presentación- respecto de la gravedad institucional que representa el accionar del Estado Nacional en este expediente y el riesgo evidente que significa para la Republica el avalar la actuación del Estado en el derecho privado cuando es impulsado por motivos ajenos al derecho”. Según Sabsay, “estamos en presencia de exceso y desvío de poder que debe ser necesariamente contenido ya que sus efectos no solo se proyectan al caso concreto y a los derechos patrimoniales de un grupo empresario sino que impactan en toda la sociedad generando un angustiante cuadro de gravedad institucional”. Y aseguró que se abrió el “derecho concursal del enemigo”.

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