Citaron al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a declarar como testigo en una causa contra Macri y “Pepín” Rodríguez Simón

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz fue llamado a declarar como testigo en la causa que investiga si durante el gobierno de Mauricio Macri se llevó adelante una persecución para perjudicar al Grupo Indalo. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la citación fue dispuesta por la jueza María Servini, que investiga la causa que impulsó el empresario Fabián De Sousa por la supuesta existencia de una asociación ilícita para perseguirlo, que habría encabezado el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios.

Se trata de la causa por la que está prófugo el ex asesor de Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Precisamente, el juez Rosenkrantz aparecía con comunicaciones frecuentes con el principal operador judicial del ex presidente, según los estudios que se hicieron sobre una serie de teléfonos. Hay más personas citadas como testigos -empresarios y funcionarios- desde este jueves hasta finales de septiembre, según la resolución a la que accedió Infobae.

La jueza Servini además dictó su primer procesamiento en la causa: recayó sobre Sebastián Omar Antonio Paladino, subdirector de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre los años 2016 y 2019, a quien se lo responsabilizó por “haber dado la orden” para que se implementara la herramienta informática de control sobre los contribuyentes que formaban parte del Grupo Indalo”. Se le trabó además un embargo de 2 millones de pesos y se ordenó hacerle un estudio socioambiental.

“La conducta de Paladino lejos está de ser considerada un acto ‘neutral’, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes. Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios la creación de la herramienta se asemejaría a una voluntad que tuvo Sebastián Omar Antonio Paladino, que se ejerciera un control arbitrario sobre todas las empresas en las que Cristóbal Manuel López tuviera algún tipo de participación o injerencia”, se sostuvo.

Para la jueza, “el problema no está en las pocas funciones tenía la herramienta, como se la pretendió justificar, sino en el por qué se la creó únicamente para vigilar a todos los contribuyentes del Grupo Indalo. La respuesta podría estar en que al momento de la creación del sistema, se estaba en un contexto en el que desde el propio Poder Ejecutivo Nacional, del cual dependía la Administración Federal de Ingresos Públicos, se instaba o auguraba que se iban/deberían tomar medidas en contra de los propietarios del grupo económico”.

“Resulta elocuente, concluyente y por demás demostrativo de la discrecionalidad y arbitrariedad con la cual se manejó Paladino, que al poco tiempo de inaugurada la consulta se haya generado una solapa de “Grupo Báez”, otrora empresario también cercano al gobierno opositor al que estuviera de turno en ese momento”, dice el fallo.

En la causa ya fue indagado el ex jefe de la AFIP Alberto Abad, quien rechazó las acusaciones en su contra cuando le tocó declarar. Su situación procesal aún no fue definida por la jueza.

Pero lo cierto es que, después de analizar las pruebas que determinaron el procesamiento de Paladino, la jueza resolvió citar a declaración testimonial para el próximo 26 de agosto al presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkratz. Según se indicó, el juez podrá declarar por escrito si así lo considera, tal como lo habilita el Código Procesal para ciertos cargos.

Si bien en la resolución no está detallado, el ministro de la Corte Suprema aparece entre los llamados frecuentes de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fue declarado prófugo por la jueza Servini. Infobae publicó en marzo pasado que, según el primero análisis hecho sobre las comunicaciones del operador judicial de Macri se detectaron 59 llamados que se registraron con Carlos Rosenkrantz, el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esas comunicaciones fueron entre el 31 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2018.

En aquel momento, voceros del juez subrayaron la amistad previa a llegar a la Corte que existía entre el magistrado y el abogado macrista, algo que ya había sido noticia cuando se conocieron las fotos del casamiento de la hija de Rodríguez Simón. De hecho, la querella de Fabián De Sousa, a cargo del abogado Carlos Beraldi, pidió la recusación de Rosenkrantz.

Fue Rodríguez Simón el que a inicios del gobierno de Mauricio Macri acercó el nombre de Carlos Rosenkrantz para ser nombrado en la Corte Suprema. Inicialmente, “Pepín” propuso que tanto él como Horacio Rosatti fueran designados por decreto en comisión, pero la iniciativa produjo fuertes críticas. Ambos cumplieron el procedimiento previsto, con el aval del Senado y se incorporaron al máximo tribunal a mediados de 2016. Desde el 1° de octubre de 2017, Rosenkrantz preside de la Corte Suprema y su mandato al frente del máximo tribunal vence en octubre próximo.

El 18 de marzo, la jueza Servini citó a indagatoria luego de recibir un informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que analizó los llamados entrantes y salientes de un número telefónico de “Pepín” Rodríguez Simón. Allí aparecen 10.738 llamadas durante tres años y medio: se trata de las comunicaciones que se concretaron entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019

La indagatoria se fijó para mayo. Cuando faltaban pocos días para que es cumpliera el trámite, Rodríguez Simón hizo pública su decisión de no volver al país. Estaba en Uruguay desde diciembre y había solicitado a Uruguay ser considerado un refugiado político porque en Argentina buscaban -según dijo- meterlo preso.

La semana pasada, la Comisión de Refugiados en Uruguay dictaminó en contra de esa solicitud, pero ahora la defensa de Pepín apelará esa decisión no vinculante. La batalla legal para lograr la extradición del ex funcionario aún tiene varios capítulos pendientes

La jueza también citó a declarar, vía zoom, a Andrés Ballotta, administrador Gubernamental de Ingresos Públicos C.A.B.A. - AGIP; a Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, ambos socios de López y De Sousa y accionistas minoritarios del Banco Finansur; y a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sánchez Córdova y Pujol aparecen manteniendo llamadas telefónicas con Rodríguez Simón en los informes analizados. El cronograma de citaciones se extiende hasta finales de septiembre.

Los cruces de teléfonos siguen investigándose. Por eso, la jueza ordenó también que el Presidente de YPF, “a la mayor brevedad posible, indique quién/es utilizaba/n tres abonados telefónicos” entre 2016 y 2019. Lo mismo se dispuso para el Presidente de la Asociación de Agentes de Loterías.

En la causa también se investigan las llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner.

La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba detenido. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. En esa causa declaró como testigo Cristóbal López que el día de las elecciones generales de 2015 fue a una reunión con Macri en donde el hoy presidente le preguntó “qué vínculo tenía con Cristina Kirchner” y, según declaró, “me hizo saber que había que meterla presa”. También relató en detalle cómo fueron, según su versión, los mensajes para cambiar la línea editorial de C5N, las advertencias de que iría preso y las negociaciones para intentar vender el canal.

El fiscal Guillermo Marijuán describió, en base a la denuncia de De Sousa, que se investigan “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.

Esas acciones, se añadió en la denuncia, tuvieron como fin que “los medios de comunicación que integran el Grupo Indalo adquirieran una línea editorial afín al gobierno encabezado por Mauricio Macri, limitando de ese modo la libertad de prensa, como así también generar el derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.

“De tal manera, a partir del año 2015 las autoridades del Grupo Indalo habrían comenzado a recibir advertencias con exigencia para que los medios de comunicación del grupo fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el Ingeniero Mauricio Macri, pues en caso contrario el conglomerado económico iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias. En tal contexto se habrían mantenido reuniones con Macri sobre la línea editorial del canal de noticias C5N, con anterioridad y posterioridad a la asunción de aquel como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, con requerimientos de acompañamiento de la totalidad de las medidas del gobierno y restricción de la opinión de los periodistas que eran adversos y para que no se diera cobertura a cuestiones negativas para el presidente y sus funcionarios, como también relativas a Fabián Rodríguez Simón”, precisó.

Se investiga en la causa si “ante la negativa de poner a disposición los medios del Grupo Indalo en consonancia con la línea editorial pretendida por el gobierno, se habría iniciado una campaña en el ámbito judicial, administrativo y en medios de comunicación, con el objeto de perjudicar a las empresas del grupo empresario”.

De Sousa y López estuvieron presos. Actualmente están siendo enjuiciados junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por supuesta defraudación al Estado. Se investiga allí el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles durante el kirchnerismo.

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