Hace cinco años, el 7 de agosto de 2016, un grupo de organizaciones sociales conmovieron a la Argentina con una impactante movilización que partió desde la iglesia de San Cayetano, en Liniers, y terminó en Plaza de Mayor. Protestaban contra el gobierno de Mauricio Macri. Lo acusaban de “hambrear al pueblo”. Esos mismos dirigentes, que forman parte del Frene de Todos, son los que hoy le reclaman a Alberto Fernández un “salario universal que garantice un piso mínimo de ingresos para todos y todas las trabajadoras”; y trasformar los planes sociales en empleo. “Los y las pobres ya no esperan, trabajan, se organizan y luchan”, sostiene la convocatoria. Por eso razón, en la Casa Rosada, se prendieron luces de alarma.
De Macri a Fernández
El día del santo patrono del trabajo de 2016, más de cien mil personas le reclamaban al gobierno de Mauricio Macri “Tierra, techo y trabajo”; también le exigían que se declare la “emergencia social” para conseguir un incremento especial en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, y subas para las partidas alimentarias y nutricionales. Lo consiguieron. Así surgieron y se fortalecieron “Los Cayetanos”.
El movimiento contó con el respaldo personal del Papa Francisco, quien recibió a varios de sus principales dirigentes, como a Juan Grabois y a Emilio Pérsico, en el Vaticano.
Grabois es uno de los impulsores del “salario universal”. El dirigente social, ligado a Cristina Fernández de Kirchner y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue quien advirtió que si es necesario volverá a trasformar a la avenida 9 de Julio en un “corsódromo”, para conseguir ese beneficio.
Ayer, horas antes de la movilización, redoblo la apuesta. “La paz social está en peligro”, advirtió y sustuvo que “la relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos los movimientos sociales e iglesias, no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente”.
¿Cuáles son las organizaciones sociales que integran “Los Cayetanos”? Lo primero a tener en cuenta es que aquellos “piqueteros” que cortaban calles y rutas contra las políticas de Macri, hoy forman parte del gobierno del Frente de Todos y que, desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, no volvieron a las calles para protestar. También manejan un presupuesto multimillonario desde el ministerio de Desarrollo Social, por ahora a cargo de Daniel Arroyo, pero que en los próximos días será reemplazado por Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham.
Los principales referentes de “Los Cayetanos” le reclaman a Fernández que trasforme los planes sociales en puestos de trabajo también dejan en claro su apoyo irrestricto y pertenencia al Frene de Todos.
La convocatoria fue realizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización superadora de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Está integrada por el Movimiento Evita, cuyos principales referentes son Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, ambos funcionarios nacionales, y Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyo líder es el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el referente del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR).
El Movimiento de Trabajadores Excluidos. Su referente es Juan Grabois quien también integra el Frente Patria Grande.
Somos Barrios de Pie. El coordinador nacional es Daniel Menéndez, quien dejará su cargo en el ministerio de Desarrollos Social por integrar la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en el puesto dieciséis.
También forman parte de la UTEP, entre otras organizaciones, el Movimiento Popular la Dignidad, y el Frente Popular Darío Santillán.
Estos movimientos sociales, alineados con la Casa Rosada, el miércoles pasado recibieron un nuevo gesto político del Gobierno. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, aprobó a través de una resolución, los estatutos de la UTEP. De esa manera obtuvo el reconocimiento como representante del sector de los trabajadores informales que abarca un universo de al menos seis millones de personas. Meses antes, se le había otorgado la “personería social”. Esos tramites administrativos acercan a la UTEP a la “personería gremial” y a formar parte de la CGT, su objetivo final.
Presupuesto millonario
La incorporación al gobierno nacional de los principales dirigentes del Movimiento Evita y otras organizaciones, que confluyen en la UTEP, no solo los sacó de las calles. Desde sus cargos, manejan presupuestos multimillonarios en planes sociales y bolsones de alimentos, una herramienta que fue clave durante la primera ola del COVID-19.
Según los últimos datos a los que accedió Infobae, desde enero 2020 y hasta el mes de febrero de este año, el gobierno nacional destinó $131.826.220.932 al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre (PNACH). De ese total, $113.057.865.000 se vehiculizó a través de la Tarjeta Alimentar, el principal programa asistencial del Ministerio de Desarrollo Social. Los restantes $18.768.355.932 corresponden a otros programas.
Del informe de ese mismo ministerio, surge que de ese último monto casi 10 mil millones de pesos destinados a repartir comida fueron canalizados a través de organizaciones sociales. Algunos de esos programas son los que están destinados a llevar alimentos secos a comedores escolares, merenderos y desarrollos comunitarios como Sembrar Soberanía Alimentaria o Pro-Huerta.
Esos movimientos sociales son los que tienen trabajo territorial en los barrios y representación en el propio Ministerio de Desarrollo Social como Emilio Pérsico, el Secretario de Economía Social y, entre otros, el líder de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, a cargo de la Subsecretaría de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) hay inscriptos 13.865 lugares que dependen de organizaciones sociales a lo largo del país, la mayoría de ellas pertenecen a la provincia de Buenos Aires donde se registraron 3.684 comedores y 1.919 merenderos. Es a través de estos movimientos y de esos locales que se canaliza buena parte de los alimentos que llegan a los más humildes. Entre enero de 2020 y febrero de este año, y según lo revela la Dirección Nacional de Asistencia Critica, se distribuyeron 61.199.010 kilos alimentos.
Para la asistencia de comedores escolares se destinó $7.301.361.155; para los comedores comunitarios y merenderos, donde los movimientos sociales tienen preponderancia, se derivaron $6.623.302.129; otros $400.000.000 fueron trasferidos a las provincias para reforzar la situación alimentaria generada por la crisis del COVID-19. Al proyecto relacionado con la comercialización de alimentos, vinculado a los trabajadores de la economía popular, se destinaron $80.000.000.
Buena parte de los comedores y merenderos del país, están bajo la órbita de los movimientos sociales, como el Evita, Barrios de Pie y la CCC, entre otros. A esas cifras hay que sumarle más de 200 millones de pesos que fueron derivados a emprendimientos sociales como “sembrar soberanía” o “Pro-Huerta”, entre otros programas.
Uno de los principales programas creados por el ministro Arroyo se denomina “Potenciar Trabajo”. La iniciativa está destinado a brindar inclusión laboral, sobre todo a los trabajadores de la economía popular, y favorecer el acceso al crédito no bancario. Entre enero del año pasado y enero de 2021, el gobierno de Fernández le destinó $82.705.119.547. Para acceder a los beneficios que otorga el programa hay que inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) que está bajo el liderazgo de Emilio Pérsico.
Rafael Klejzer, otro nombre con volumen propio dentro de las organizaciones barriales, también comparte ministerio con Pérsico y Menéndez. Es el director de la Secretaría de Economía Social y es el referente del Movimiento Popular La Dignidad.
Al acceder al gobierno central, Fernández cumplió con una de sus primeras promesas de campaña: que integrantes de organizaciones sociales accedan a espacios de poder en la administración nacional. Quizás por la pandemia, quizás por impericia o falta de recursos, los índices sociales como pobreza, indigencia y creación de puestos de trabajo, lejos de mejorar, empeoraron.
Esos datos también forman parte de los reclamos de “Los Cayetanos” que, aunque forman parte del Frente de Todos, y harán campaña para vencer a Juntos en la próxima elección de medio término, observan con preocupación las quejas que ellos mismos reciben en el territorio.
La llegada del nuevo ministro a Desarrollo Social también los convoca. Hasta ahora Daniel Arroyo no solo supo contenerlos y hacerlos partícipes de las principales políticas desplegadas desde su cartera; también sentó a la mesa de diálogo a referentes de los movimientos sociales de izquierda, como el Polo Obrero. Si bien las organizaciones díscolas siguen en las calles y realizan acampes y protestas, algunas de ellas fueron “desactivadas” por esta línea de negociaciones que Arroyo siempre mantuvo abierta. Lo que suceda de ahora en más será pericia del nuevo hombre que tendrá a su cargo una de las papas más calientes del gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social.
SEGUIR LEYENDO: