La causa del espionaje ilegal, bajo la lupa de Comodoro Py

La causa por el espionaje ilegal durante el macrismo que nació en Lomas de Zamora comenzó formalmente a ser revisada en Comodoro Py. Es que, después de una serie de planteos sobre qué jueces debían intervenir, la Cámara Federal escuchó a defensores y querellantes que buscan distinta suerte: los acusados, encabezados por el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas, quieren desactivar la causa; los querellantes reclaman que Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri que se postula para ser legislador porteño por Juntos por el Cambio, sea procesado por integrar una asociación ilícita. Su teléfono, secuestrado en la causa, era -según él mismo admitió- la agenda del ex presidente. La causa tiene un voltaje político propio por quienes son los protagonistas que se enfrentan, máxime en un momento de elecciones.

Los principales argumentos de las defensas apuntan a cuestionar, por distintos frentes, la investigación que llevaron adelante los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y los jueces Federico Villena y Juan Pablo Augé. Disparos sobre el inicio de la causa por la declaración del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez y cuestionamientos sobre los teléfonos secuestrados se mezclaron con desmentidas sobre una verdadera actividad de inteligencia ilegal y explicaciones sobre el rol de la cadena de mandos.

Los agentes de menor rango aseguraron que no sabían que estaban haciendo algo ilegal y minimizaron el contenido de los diálogos en el chat de los “Supermariobross”. “En el chat reinaba el caos”, dijeron. En tanto, las ex autoridades de la AFI rechazaron haber dado órdenes de espiar y mantuvieron la idea del “cuentapropismo”: es decir agentes que se “cortaron solos” para extorsionar. Un detalle: también expusieron la ausencia, entre los imputados, del ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, que -en otra causa conexa- ventiló cómo fue el operativo para intentar justificar las vigilancias a la ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y su casa.

El ex jefe de central Gustavo Arribas fue el más directo al hablar de un fallo para “complacer” al kirchnerismo. Sin embargo, la mayoría de las defensas subrayó que el procesamiento fue dictado por Augé cuando ya se había resuelto el pase del expediente a Comodoro Py, una orden que Casación frenó de ejecutar momentáneamente a pedido de las querellas.

Fue el 20 de febrero cuando los ex titular de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y el ex titular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco quedaron procesados como responsables de una asociación ilícita que llevó adelante distintas tareas de espionaje a políticos de la oposición y el oficialismo, a periodistas, jueces y gremialistas, y también a presos de causas kirchneristas. El procesamiento alcanzó a otros 36 imputados, entre ellos autoridades e integrantes de la AFI, agentes penitenciarios y policías. A la ex funcionaria de Casa Rosada del gobierno Susana Martinengo se la procesó como partícipe de la banda. A contramarcha de lo que decían querellantes k, al secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, le dictaron falta de mérito, como había recomendado la fiscalía.

La revisión de la causa está en manos de los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, como integrantes de la Sala II de la Cámara Federal. El encargado de seguir investigando es el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien concentró en su despacho cuatro tramos de esta investigación sobre espionaje, así como la denuncia de Nieto sobre la manipulación de su teléfono.

El juez ya había tenido injerencia en estos hechos, cuando sobreseyó en a Arribas y Majdalani por el caso del Instituto Patria, por entender que las tareas realizadas estaban justificadas en una orden judicial. Sobre ese fallo se habían montado inicialmente las defensas para pedir sus sobreseimientos por entender que la investigación -que después creció- era cosa juzgada.

Darío Nieto, mano derecha de Macri

El secretario de Mauricio Macri es el que menos complicado está porque tiene una falta de mérito. Sin embargo, el secuestro de su teléfono a inicios de la causa fue clave para el kirchnerismo a la hora de disparar sobre otras causas. De allí, por ejemplo, surge una nota en donde se escribió: “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativo y penal”. Las reuniones del ex presidente con dos jueces de Casación -Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- son el anclaje de la vicepresidenta Cristina Kirchner para pedir la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán, pero si la jugada tiene éxito se pondría en marcha en otros procesos penales.

“Esto es prueba del despiadado propósito político y no jurídico por el cual se inició esta investigación en contra de mi cliente, a punto tal que esta defensa tiene que ocuparse constantemente desde la fecha de su secuestro, en denunciar y cuestionar las continuas filtraciones ilegales sobre el supuesto contenido de lo hallado en el celular del Sr. Nieto que nada guardan relación con el objeto de su imputación o de cuestionar que se comparta esa supuesta información obtenida ilegalmente en otras causas penales. La razón es simple. El teléfono celular de mi cliente fue la agenda diaria del ex Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, añadió. “Con esta delirante teoría, se ha usado ilegalmente el contenido de lo supuestamente hallado en el teléfono celular de mi cliente para ser usadas con un claro y directo propósito político”, afirmó la defensa.

En su apelación, el abogado de Nieto solo insistió en que nunca recibió ningún “informe de inteligencia legal o ilegal”, desmintió tener vínculo “de confianza” con la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo -amiga de los espías y también procesada- y rechazó la “delirante teoría” de que su cliente haya formado parte de una asociación ilícita. También cuestionó la legitimidad de los querellantes para pedir que se lo procese.

“¿Qué legítimo interés o agravio en su condición de víctimas de esta causa pueden tener en la situación procesal del Sr. Nieto, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el Sr. Jorge Horacio Ferraresi, los Sres. Amado Boudou, Roberto Baratta y José María Nuñez Carmona, el Sr. Jorge Chueco, recurrentes del auto de falta de mérito, que en modo alguno los afectan personal o institucionalmente en el caso de la Unidad de Información Financiera, en el rol de víctimas de los supuestos hechos que no definen ni precisan en sus apelaciones y que solo elucubran?”, se quejó.

Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI

“Se me atribuye, sencillamente, haber sido director general de la Agencia Federal de Inteligencia en un gobierno diferente al actual y eso no es un delito”, afirmó en un escrito el ex jefe de la AFI y amigo de Macri. “Parece claro” que el juez de Lomas de Zamora Augé “tuvo siempre en mente un único horizonte: incriminarme por los hechos a como dé lugar. Y lo llevó a cabo con la máxima velocidad posible, con la evidente intención de lograr su objetivo antes de perder el control de la causa”.

El ex funcionario buscó mostrar que su procesamiento ya estaba decidido de antemano. Criticó la urgencia de los fiscales, con un dictamen de más de mil páginas, apenas 24 horas de que terminaran las indagatorias, pidiendo sus procesamientos. “Extraordinaria eficiencia de los acusadores públicos”, ironizó. Y denunció la celeridad que mostró el juez Augé para dictar los procesamientos “cuando su intervención pendía de un hilo” porque la causa estaba por pasar a Comodoro Py. “No puede soslayarse que la admisibilidad de esta impugnación (para que se concretara el pase), interpuesta nada más y nada menos que en representación de la actual vicepresidente de la Nación, fue poco después rechazada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, circunstancia que hizo variar la radicación del expediente. Con todo, el Dr. Augé no consideró pertinente esperar ni un solo día más”, protestó.

Fue así que aseguró: “La resolución parece obedecer, más que al seguimiento de criterios de atribución jurídico–penal, a la necesidad de complacer a algunos de los querellantes con un auto de mérito que iguale la situación del suscripto con la de ellos mismos, quienes se encuentran investigados, procesados y enjuiciados por haber integrado empresas criminales destinadas a la sustracción de dinero público en hechos de corrupción”.

Arribas también cuestionó que los hechos se encuadraran bajo la ley de inteligencia. “Ninguna de las conductas imputadas conllevó más que la observación desde lugares públicos, la consulta de información incorporada en fuentes abiertas o el intercambio de mensajes y datos entre diferentes integrantes de organismos públicos. No se promovió ni materializó, por caso, infiltraciones indebidas, intervenciones de comunicaciones no autorizadas judicialmente u otras técnicas complejas de inteligencia o investigación que hubieren representado una injerencia o intromisión desmedida y por fuera de los límites legales en la esfera de privacidad de las personas”, dijo.

Tras sostener que “el juez a que hizo referencia a un presunto acuerdo de voluntades que uniría a más de 30 personas, a quienes, en su mayoría, no conozco personalmente o solo vi de manera esporádica”, Arribas apuntó a la cadena de mandos. Afirmó que ningún testigo o imputado aseguró que él había dado ordenes directas. Se quejó por la “distribución de roles antojadiza y arbitraria” que hicieron los fiscales al acusar y planteó que a él se le adjudicó ser el jefe de la asociación ilícita como director de la AFI, pero “no se asignó intervención alguna a Martín Coste, máximo responsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, a la que reportaban la mayoría de los imputados durante buena parte del lapso en que habría operado la organización”.

Por último, Arribas insistió en la idea del cuentapropismo. “Si alguna persona actuó ilegítimamente, ya sea por negligencia, imprudencia, desconocimiento o porque, positivamente, quería cometer un delito, lo desconozco” señaló, luego de resaltar que en la AFI “llegó a tener 1800 agentes, de manera tal que, como podrá comprenderse, no podía estar en el día a día de cada uno de ellos”.

Silvia Majdalani, vicedirectora de la AFI

“Silvia C. Majdalani ha sido injustamente procesada. Se le imputa la comisión de graves delitos, pero sin embargo, luego de una extensa investigación, al final de cuentas no se ha reunido una sola prueba que demuestre lo que se afirma. La pretensa resolución es un collage de copias de capturas de pantalla y referencias raquíticas, que mostrarían sucesos que, en todo caso, deberán ser explicados por quienes los habrían llevado a cabo; pero adolece -notoriamente- de un desarrollo claro y circunstanciado que no sólo respalde el encuadre legal de tales eventos escogido por la Fiscalía y seguido ciegamente por el Juzgado, sino fundamentalmente y en cuanto aquí interesa que pruebe el aporte de nuestra asistida a la supuesta empresa criminal”, sostuvo la defensa de la ex funcionaria.

En el escrito al que accedió Infobae, el abogado Pablo Vigliero habló del “origen oscuro del expediente judicial, que pone en duda la legalidad de toda la investigación”. Sin nombrarlo, la defensa apuntó contra el juez Villena por el comienzo de la investigación con la declaración del narcotraficante Verdura que llevó a la bomba que se dejó en la casa del ex funcionario de Defensa José Luis Vila y la vinculación con el abogado-espía Facundo Melo. “No podemos descartar que se haya preparado el escenario para ‘traer’ a Facundo Melo al proceso y dar con información de éste que ya se conocía previamente. Queda por determinar quién o quiénes fueron los autores intelectuales del guión, aunque está clara su finalidad”, se aseveró.

La defensa siguió en la misma línea: “Nadie, a lo largo de la investigación, pudo señalar que presenció cuando la Sra. Majdalani impartió esas supuestas órdenes o cuando recibió alguno de los supuestos informes. No existe en el expediente una sola prueba que corrobore la hipótesis de los acusadores: nadie recibió la orden de Silvia Majdalani; nadie presenció ningún evento en el que Silvia Majdalani hubiera ordenado la realización de cualquier tipo de recopilación de información en violación a la Ley 25.520″. Según se argumentó, “en ningún caso los Directores ni el Director Operacional elevaron jamás ningún informe a la Subdirección relacionado con ningún seguimiento, ni con la recopilación de ninguna información ya sea de fuentes públicas ni de ningún otro origen” sobre los seguimientos a los querellantes en esta causa.

Susana Martinengo, ex funcionaria de la Casa Rosada

Fue Cristina Kirchner la que denunció en la causa que Martinengo recibía a dos agentes en la Casa Rosada cuando la causa del espionaje recién comenzaba. El dato fue detectado recibiendo los ingresos a Balcarce 50 durante los años macristas. A pedido de los fiscales, la mujer fue procesada como participe necesaria de la asociación ilícita. En la causa hay registrados diálogos con dos de los integrantes de la AFI pidiéndoles información y enviando material a Nieto. La fiscalía planteó entonces que “a Susana Martinengo no sólo le constaba el carácter de agentes de la AFI que detentaban Araque y Sáez, sino que se valía de ello para obtener información, no sólo para favorecer sus aspiraciones personales y sino también transmitirla a su superior, Darío Nieto”.

La defensa se quejó hoy de “la vaguedad con la que se asigna responsabilidad penal” a su clienta mientras que buscó minimizar las pruebas en su contra y los delitos atribuidos. “Se encuentra acreditada en exceso la relación de amistad y cercanía que unía a mi defendida con los agentes aludidos, único motivo por el que la visitaron en numerosas ocasiones en su lugar de trabajo”, afirmó. Según la defensa, “no existe elemento alguno que permita establecer que sabía que esa información era producto de tareas de inteligencia ilegal y, los más importante, que ninguna intervención tuvo en la producción y elaboración de esos informes”. También dijo que nunca coordinó tareas de inteligencia.

Alan Ruiz, ex director de Operaciones de la AFI

La estrategia de ex jefe del chat de los “SuperMarioBross” se basó en denunciar que las pruebas obtenidas en su contra partieron del teléfono de Leandro Araque, secuestrado en otra causa penal y sin verificar la cadena de custodia. “La modalidad de incorporación del aparato celular no fue para nada ortodoxo y contiene diversas irregularidades, por lo que no debe ser considerada válida su utilización”, afirmó. Pero Alan Ruiz también sostuvo que los chat transcriptos fueron “sacados de contexto” y se convirtieron en “simples y puras inferencias del Tribunal”. Por ejemplo apuntó a los espías Leandro Araque y Facundo Melo -que lo denunciaron- por haber querido extorsionar por cuenta propia al hoy precandidato a diputado Diego Santilli. También negó haber realizado inteligencia sobre presos. “Nunca fue su función ni tampoco le ordenaron hacerlo”, afirmó el defensor Leandro Emsani.

El grupo “Super Mario Bross” tenía como fin “intercambio de diversa información de trabajo, relacionado con reunión de todo tipo de información vinculado a temas generales” y “todos los requerimientos que disponía Ruiz tenían que ver con la seguridad nacional, cuestiones vinculadas a posibles acciones de grupos anarquistas, potenciales amenazas que pudieran afectar la paz interior o la seguridad interior”. Además, dijo, las ordenes las daban primero Diego Dalmau y luego Martín Coste. No tenía, dijo, trato con Silvia Majdalani o Gustavo Arribas. Si “algunas veces les decía a sus compañeros y/o dependientes que tenía trato directo y frecuente con ambos”, era para “consolidar autoridad”, añadió

Jorge “Turco” Saez, ex policía y agente de la AFI

La defensa sostuvo que el fallo que lo procesó fue arbitrario, en la base de distintos puntos. Primero se centro en cuestionar “la forma de obtención de los archivos, documentos, chats, videos y conversaciones que supuestamente estaban en el interior del teléfono” de su acusado. Denunció así que fue obligado a entregar las claves de sus celulares cuando los gendarmes enviados del juez Federico Villena llegaron a su casa a allanarlo. “Perdiste. Lo único que te voy a decir es una sola cosa: sino me das la clave de tus teléfonos ya mismo, tengo órdenes de esposarte delante de tu hijo”, afirmó que le dijo uno de los gendarmes que exhibían armas y agregó que por miedo a “males mayores” dio su clave.

También criticó el valor que se le dio a los chats. “No se puede hacer suposiciones derivadas de la informalidad de un grupo de chat que (supuestamente) hace comentarios en tono informal. La seriedad de un proceso penal requiere más profundidad para homologar un auto de procesamiento”, se sostuvo. El abogado Alfredo Oliván también atacó que se le atribuya haber violado la ley de inteligencia y haber integrado una asociación ilícita. “Nuestro defendido estaba junto al resto de las personas imputadas, cumpliendo funciones como consecuencia de las disposiciones de la ley 25.520 y de los distintos reglamentos y órdenes del día en cuya virtud se les había asignado un destino común, en un ámbito también común, en función de distintas jerarquías con obligaciones determinadas legal y reglamentariamente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que todas las circunstancias comienzan a indicar que no puede hablarse de acuerdo de voluntades. Nuestro defendido estaba junto a otras personas imputadas por diversas directivas, y en función de obligaciones legales cuyo cumplimiento les incumbía, debían prestar un servicio en la AFI”, dijo.

“No hubo plan. Ni previo ni concomitante. No estaban organizados ni siquiera para cumplir funciones, ya no hablamos de delinquir. Entre el grupo no había concierto hubo desconcierto. No había orden, reinaba el caos. (...) ¿Acaso debe responder, personal y penalmente nuestro defendido –como se pretende- por lo que hagan o dejen de hacer las personas le impartían órdenes? Hablamos de órdenes que, objetivamente, no tenían visos o sesgos de ilegitimitad o ilegalidad”.

Leandro Araque y Facundo Melo, integrantes del chat “Supermariobross”

Los espías Leandro Araque y Facundo Melo tienen un papel central en la causa, junto a la de Saez. Los tres, sin embargo, fueron los que llevaron adelante los planteos de nulidad que llevaron a la Cámara Federal de La Plata a apartar del caso al juez Federico Villena, cuando la causa sumaba más de 20 detenciones. El defensor Fernando Sicilia abordó abordar cómo empezó la causa, con la declaración de “Verdura” y la manipulación de los teléfonos. También recordar que tiene un planteo de nulidad para todo el expediente a estudio del juez Martínez De Giorgi, tal como lo había detallado Infobae apenas el caso se trasladó a los tribunales de Retiro.

La defensa pidió la nulidad de los procesamientos, al sostener que se violó el principio del juez natural. “El juez escribió 1400 hojas en un día”, subrayó. “El juez agarró un traje que le hizo la fiscalía, le hizo el dobladillo y se lo tomó como propio”, afirmó. También resaltó que para la hora en que dictó el fallo ya no era el juez competente, dicho por la Cámara Federal de Casación y cuando nadie tenía claro si quiera dónde se encontraba la causa. “Acá hay gente que juega a la política”, dijo, tras apuntar que el juez.

El abogado también sostuvo que sus clientes cumplieron órdenes. “Si trabajan en un organismo de inteligencia y los mandan a hacer inteligencia, ¿qué es lo ilegal?”, afirmó el defensor en la audiencia por zoom en donde los jueces Farah, Llorens y Bruglia tomaban nota de las observaciones desde la sala de audiencias de los tribunales de Retiro. “Melo y Araque no decidían la inteligencia nacional”, afirmó.

En esa audiencia también hicieron lo propio las defensas de la los penitenciarios Cristian Suriano y Miguel Perrota, uno de los funcionarios de la AFI del área jurídicos Bernardo Miguens y la integrantes del chat de Supermariobross María Belén Saez, hija del “Turco” Saez. Todos insistieron en sostener su inocencia y desmintieron haber pertenecido a una asociación ilícita.

Como querellantes, pidieron el procesamiento de Nieto estuvieron los abogados del ex detenido Jorge Chueco (de la causa de la ruta del dinero k) y Rafael Resnick Brener, ex funcionario de la AFI que fue condenado en la causa Ciccone. Según esos abogados, toda la actividad de espionaje ilegal “respondió a un plan perfectamente orquestado y delineado desde la cúspide del poder del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, que lo sindican como responsable directo de lo que hasta podría denominarse como una “política de estado”. Por escrito, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort también insistieron en los vínculos de Nieto con Susana Martinengo y pidieron el procesamiento del secretario de Macri por integrar una “organización criminal construida desde el propio aparato del Estado”.

SEGUIR LEYENDO