Néstor Marcelo Ramos, el abogado cordobés residente en Suiza y sindicado como testaferro de Lázaro Báez en la compra de “La Rosadita”, negó “haber formado parte de una estructura ilícita” destinada al lavado de dinero proveniente de la corrupción en Argentina.
Así lo aseguró en un descargo por escrito presentado por su defensora oficial en Argentina, Florencia Plazas, antes de la feria judicial, pero que recién trascendió ayer, primer día hábil en los Tribunales de Comodoro Py, un mes después de haberse negado a declarar desde Suiza.
Ramos buscó despegarse de las maniobras del empresario patagónico amigo de Néstor Kirchner, condenado por lavado de dinero por la Justicia local en febrero pasado. Asegurar que le prestó “servicios fiduciarios lícitos” y que desconocía el origen ilegal del dinero que lavó el titular de Austral Construcciones.
Presentó un escrito de seis páginas, dos semanas después de haber sido interrogado por videoconferencia por el juez federal Sebastián Casanello, quien llevó la instrucción de la causa conocida como “la ruta del dinero k”, por la que Báez fue condenado a 12 años de prisión. Ramos - un abogado nacido en la provincia de Córdoba y titular de Helvetic Services Group - fue el único de los imputados que no había podido ser indagado hasta ahora, por residir en el cantón de Ticino, en Suiza, hace casi dos décadas. Hasta ahora, ese país había accedido ese país a su extradición.
En el interrogatorio que se llevó en forma remota desde la ciudad suiza de Lugano, Ramos - con doble nacionalidad argentino e italiana-, se negó en principio a declarar ante Casanello, y pidió un plazo de diez días para presentar un escrito. Ese descargo fue el que se conoció ayer, en el que destacó que su “vínculo con el Sr. Báez, solo tuvo lugar en el marco de esta relación profesional limitándose al vínculo contractual y comercial legal, y que hacía al interés de ambas partes”.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez Casanello resolvería la situación procesal de Ramos en los próximos días, ya que se cumplió la instancia que está pendiente de poder indagarlo y darle la oportunidad de ejercer su defensa.
El pedido de extradición para indagarlo había sido presentado por Casanello en 2016. Pero cuando finalmente Suiza accedió a considerarlo - luego de un proceso de colaboración entre la Justicia argentina y la helvética -, Ramos atravesaba ya un cárcel terminal. Desde hace más de dos años está con tratamientos paliativos y un pronóstico médico reservado.
Ramos está acusado de ser coautor del delito de blanqueo de dinero en las maniobras del empresario patagónico más cercano a los Kirchner antes de caer en desgracia.
Fue fundador y presidente de Helvetic Services Group, la firma suiza que usó Báez para quedarse con la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” por la frecuencia con la que funcionarios del entonces Poder Ejecutivo transitaban sus oficinas, y lavar, al menos, USD 55 millones. Por estas maniobras ya fueron condenado Báez, sus hijos y su entorno. La financiera SGI era de Federico Elaskar, quien admitió a cámara frente a Jorge Lanata haber ayudado Báez a fugar millones de dólares al exterior.
Después de cinco años, recién el 30 de junio el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán le pudieron leer, por primera vez, la imputación en su contra. La Justicia determinó que Helvetic fue usada como una sociedad “vehículo” por diferentes clientes en todo el mundo para lavar dinero, no solo por el empresario patagónico. La firma fue disuelta luego de que estallara el escándalo en Argentina.
“Facilitador profesional”
Para los investigadores judiciales, la defensa esgrimida por Ramos en su escrito era “obvia”. El rol que cumplió Ramos es considerado el de un “facilitador profesional”. Y así los describen quienes vienen llevando adelante la pesquisa en esta causa por lavado de dinero: “Son especialistas en finanzas y en armar estructuras societarias. Todos tienen la coartada de asesorar a sus clientes y no saber si el origen del dinero es ilícito. Pero su asesoramiento es un asesoramiento criminal que consiste en armar sociedades de cartón que permitan evitar la trazabilidad del dinero”.
En la investigación de la “ruta del dinero K”, Báez dijo en su defensa, - según recordó una fuente con acceso a la investigación - que “el dinero que pasó por ‘La Rosadita’ y que salió al exterior no era de él y que ‘Helvetic era una prestigiosa firma suiza que quería invertir en sus negocios en Argentina’. Siempre negó tener cuentas en Suiza y que Helvetic fuera de él o de sus hijos. Y justamente el servicio que le prestó Ramos con Helvetic era una estructura fiduciaria para mover dinero, y que no se supiera quién era el dueño de ese dinero. Porque, pese a lo que dice Ramos, no hay solo papel en el que haya quedado registrado el fideicomiso que dice haber armado para la inversión de fondos”.
En su descargo, en cambio, Ramos no negó manejar dinero de Báez, solo que dijo creer que su origen era legal. “A la fecha de los episodios que aquí se analizan, la calidad de contratista deI Estado argentino deI Sr. Báez era pública y notoria y, habida cuenta que en aquella época no se encontraban cuestionada la gran cantidad de obra pública que el nombrado tenía adjudicada, en modo alguno el suscripto podía tener motivos para sospechar siquiera que el origen de las sumas de dinero que le fueron encomendadas por quien fuera su cliente, podía llegar a tener algún tipo de origen ilícito”.
“Mi intervención en las maniobras a las que se me ha hecho referencia ha sido jurídicamente lícita, es decir, fue realizada en el marco de los servicios fiduciarios que le prestara al Sr. Báez, los que se encuentran registrados y reglamentados con sistemas de control, precisamente, para evitar el lavado de dinero. En este sentido, me parece importante destacar que mi vínculo con el Sr. Báez, sólo tuvo lugar en el marco de esta relación profesional limitándose al vínculo contractual y comercial legal, y que hacía al interés de ambas partes”, sostuvo Ramos en el escrito al que tuvo acceso Infobae.
Ahora, el juez Casanello está en condiciones de resolver. Esto implica tanto sobreseerlo, como dictar una falta de mérito a Ramos, como elevar esta parte del expediente a juicio.
La condena a Báez
En el marco de la causa llamada “ruta del dinero K”, Baéz fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. El 26 de abril último, el Tribunal Oral Federal Nro 4 dio a conocer los fundamentos en un extenso escrito, de más de 3.000 páginas, en el que los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti, por mayoría, ratificaron que la fortuna que amasó el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, tuvieron en cuenta las causas de evasión donde el empresario también está siendo investigado. Báez cumple prisión domiciliaria desde septiembre pasado en un domicilio que se mantiene en reserva, hasta que la condena quede firme.
Parte del dinero que Báez fugó al exterior, fue reingresado al país, también a través de Helvetic, mediante una maniobra de compra de bonos, que terminaron en la cuenta de Austral Construcciones, la empresa madre del empresario kirchnerista, en el Banco Nación. En su descargo, Ramos argumentó “la operación de transferencia hacia la Argentina a través deI empleo de bonos no puede considerarse ilícita y, menos aún, como instrumento para ocultar el origen deI dinero cuando este tipo de operaciones resulta legal y es una herramienta financiera válida”.
Pero para los investigadores argentinos, Ramos habría tenido un rol fundamental en prestar el “servicio de lavado de dinero” a través de Helvetic a Báez -su cliente-, así como en la estructuración de una serie de cuentas en Suiza y la repatriación de los fondos a Argentina, una vez ingresados al circuito bancario helvético. Austral Construcciones justificó el reingreso del dinero ilícito al país como fondos de un supuesto socio en Suiza que quería invertir en acciones preferidas de Austral, operatoria simulada que nunca se concretó finalmente.
“Báez era un cliente. Helvetic le prestó servicios a muchos otros, que lo que menos hacían era evadir impuestos. Le prestaba servicios a un funcionarios corruptos o narcos. Hay que poner el ojo en los facilitadores profesionales”, insistió una fuente judicial.
SEGUIR LEYENDO