La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ordenó la creación de un Comité de Ética Profesional Policial para revisar el desempeño de los miembros de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La institución tendrá como objetivo emitir dictámenes, ante las “faltas profesionales graves” que puedan cometer las fuerzas de seguridad federales, y elaborar una doctrina que fijará los “principios, valores, competencias y conductas” que deberán cumplir los efectivos.
La iniciativa fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y ocurre en medio del debate que se generó sobre el accionar policial en el caso de Santiago “Chano” Moreno Charpentier. El ex líder de Tan Biónica fue baleado por un miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un confuso episodio en el que el cantante estaba sufriendo un brote psicótico. El hecho no solo reavivó la discusión sobre el uso de las pistolas Taser, sino sobre el comportamiento y entrenamiento de las fuerzas policiales ante situaciones semejantes.
La Resolución 374/2021 que se oficializó esta madrugada establece que el Comité de Ética Profesional Policial intervendrá en el ámbito del Ministerio de Seguridad, con la intención de “mejorar las instancias de control” sobre los uniformados “mediante el análisis de casos y dictámenes, doctrinas y estándares de ética profesional policial, para su empleo en el juzgamiento administrativo del personal”.
El aspecto novedoso de la norma es que habrá una institución formalizada de control “externo”. Organismos de derechos humanos, instituciones académicas y ONG’s especializadas en materia de seguridad y transparencia podrán emitir opinión sobre las actuaciones del organismo, a través de un Consejo Consultivo que funcionará en paralelo.
El comité dos misiones principales: la elaboración de un Código de Ética Profesional Policial, respaldado por estatutos internacionales, y emitir dictámenes sobre situaciones que involucren conductas de los agentes de las fuerzas que, a priori, “constituyan faltas profesionales graves, o cuando por su naturaleza, las circunstancias que los rodeen, su repercusión o significancia, pudieran representar graves abusos funcionales, graves violaciones a los derechos humanos y/o severas afectaciones al servicio”.
De esta manera, la entidad estará facultada para convocar al personal involucrado para entrevistarlo junto a testigos, funcionarios y expertos. La expectativa de la cartera de Sabina Frederic es que el organismo pueda recomendar la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma ante los casos o situaciones que resulten controversiales.
Una voz para la elaboración de sumarios y ascensos
¿Frente a qué casos podría intervenir este nuevo organismo? El subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves, aclaró a Infobae que el rol será distinto al de las oficinas de Asuntos Internos de cada fuerza de seguridad, ya que tendrá un carácter “preventivo”. Y precisó, entre algunas de consecuencias prácticas, la incidencia en la elaboración de sumarios o establecer criterios para promover o rechazar ascensos en la carrera policial.
“El Comité no tiene la intención de realizar una investigacion disciplinaria o paralela a la judicial, sino una herramienta preventiva a través del estudio de casos. Tiene otra lógica y otra finalidad. Queremos ver la matriz a los problemas que dan lugar a conductas disvaliosas, poner de manifiesto los errores. La intención no pasa por sancionar, sino por construir un repertorio de conductas promovidas, precisando lo que está bien y lo que está mal”, consideró el funcionario.
“Si un sumario está abierto, el Comité puede aportar elementos para que el instructor sumariante lo tenga en cuenta. Si está cerrado, quizás pueda pedir la reapertura del sumario, y si hay un caso prescrito puede incluirlo como antecedente de desempeño a los afines de proponer o no un ascenso ante las juntas de calificación”, ilustró Rosa Alves.
Desde la mirada del Ministerio de Seguridad, en la actualidad los códigos que regulan la profesión policial “son parciales”, en tanto intervienen en el rol de los agentes como encargados de cumplir la ley y que pueden ejercer la fuerza. Sin embargo, “la profesión y las actividades policiales exceden” a esas funciones tradicionales. El Comité busca completar ese vacío institucional, con una nueva normativa de índole ética.
“Hay quienes también tienen tareas de investigación o administrativas. La idea es abordar todos los aspectos, con un código completo y de cáracter general que sea aplicará a todas las fuerzas”, señaló el subsecretario. “Esto nos permite salir del laberinto de la benevolencia disciplinaria o de los estándares judiciales, aportando un analisis ético ante los hechos de violencia isntitucional o de cualquier otra inconducta que adquirió relevancia social”, concluyó.
Según se desprende de la norma, el Comité de Ética estará presidido por el o la titular de la unidad gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad, quien podrá encomendar la función al subsecretario de Control y Transparencia Institucional. Además tendrán asiento un representante de Frederic, un representante de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, un representante de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional; y un miembro de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género, y cuatro representantes de los miembros de cada fuerza federal.
A ese organismo se le sumará el “Consejo Consultivo de Ética Profesional Policial”, donde tendrán lugar los “representantes de la sociedad civil, organizaciones y entidades académicas, especializadas en las temáticas de seguridad pública y ciudadana, la integridad y ética públicas y la prevención de la corrupción estatal, los derechos humanos y la violencia institucional, “que sean convocadas a tal efecto por el Ministro o la Ministra de Seguridad”.
El código de ética y sus reformas deberán someterse a una ronda de consultas de los miembros de dicho consejo.
Esta resolución había sido adelantada este miércoles en una reunión que mantuvieron Frederic, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, junto con decenas de organizaciones de DDHH. El encuentro se dio en el marco del relanzamiento del programa de “Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego” (Pufeaf) en las fuerzas de seguridad federales. La iniciativa, que estaba virtualmente paralizada desde hace años, tiene el objetivo de monitorear aquellas situaciones en las que se dispara un arma de fuego y estén involucrados los uniformados. La intención es sistematizar la información de estos casos y, eventualmente, producir cambios en el entrenamiento de los efectivos, mejorar prácticas policiales e identificar casos de violencia institucional.
Durante la presentación, Frederic anticipó que los organismos serán “actores fundamentales de este programa” y tendrán un “lugar activo, protagónico, no externo” de asesoramiento y sugerencia permanente.
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