El Gobierno y la Justicia Electoral siguen con atención la circulación de la variante Delta de cara a las elecciones

La noticia de la aparición de casos de esta variante pone en alerta a las autoridades sobre los preparativos de las PASO. Qué dicen en el Ejecutivo y en la Justicia Electoral ante el temor de un rebrote

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En 2017, el traslado para su distribución de urnas y boletas de sufragio para la PASO desde la sede del Correo Argentino en Barracas. (Foto: Ramiro Gómez/jcp)
En 2017, el traslado para su distribución de urnas y boletas de sufragio para la PASO desde la sede del Correo Argentino en Barracas. (Foto: Ramiro Gómez/jcp)

La organización de elecciones en medio de la pandemia será un desafío hasta último minuto. No es ninguna novedad, pero cada vez que la situación sanitaria amenaza con agravarse las luces se encienden en modo alerta. Es por eso que tanto desde el Gobierno como desde la Justicia Electoral se empezó a seguir con atención la irrupción de los primeros casos de la variante Delta y el temor de que se convierta en un rebrote de contagios, más allá de los empeños en aplicar la vacuna a la mayor cantidad de ciudadanos posibles.

Por lo pronto, está claro que la postergación de las PASO y las generales a septiembre y noviembre, respectivamente, fue una forma de buscar dar más tiempo a que el operativo vacunación siguiera incrementándose. Pensar en suspender o modificar nuevamente la fecha de la elección no es algo que se esté barajando ante la nueva variante de Covid, confirmaron a Infobae las fuentes consultadas. Esa decisión, además, sería exclusiva potestad del Congreso Nacional. Los comicios se llevan adelante en todo el país al mismo tiempo y sin posibilidad de sectorizar en zonas que puedan estar más afectadas por la circulación del virus

Frente a eso, lo único que pueden hacer desde el Ejecutivo y la Justicia Electoral es buscar garantizar que se cumplan con las medidas de prevención para disminuir los riesgos de cara a los sufragios. “La vacunación está avanzando con más de 30 mil aplicaciones diarias”, insisten desde el Ejecutivo. “Los equipos están enfocados en que se mantenga la situación bajo control”, resaltaron.

Desde la Justicia Electoral, en tanto, solo son observadores de lo que decidan las autoridades nacionales en materia sanitaria. El proceso ya abrió la lista de largada el sábado pasado con la inscripción de los precandidatos y los jueces electorales ya comenzaron a hacer los primeros controles.

Santilli y Gollán, dos de los observados
Santilli y Gollán, dos de los observados

Fue así que el juez de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla les dio 48 horas a postulantes para que justifiquen su residencia en la provincia para poder presentarse. Ahí aparecen desde el saliente ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan o el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli hasta junto al ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos macrista Hernán Lombardi, la empresaria Carolina Castro, que acompaña a Florencio Randazzo en su lista. Hoy se sumó también la actriz Cinthia Fernández, que probará suerte en la política en estas elecciones. “El juez hace un control de las presentaciones. Han encontrado también errores en anotar los DNI de los postulantes. Se piden aclaraciones. Es algo normal en cada elección”, se señaló.

El ley de Presupuesto fijó unos 17 mil millones de pesos para llevar adelante todo el operativo elecciones. De ahí se desprende desde la las boletas o la compra de urnas hasta la contratación vía Licitación Pública de la empresa Indra para que lleve adelante el “diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de digitación, procesamiento y publicación para el Recuento Provisional de Resultados a nivel nacional y distrital”.

La pandemia, sin embargo, generó otros gastos. El Ministerio de Salud, por ejemplo, aportará el kit de barbijos para las autoridades de mesa, junto al litro de alcohol en gel. No se descarta, incluso, que haya que pedir ampliación de la partida presupuestaria, admitieron a Infobae los consultados.

El reclamo de la Cámara Electoral para que se dispusieran mamparas para cada mesa de votación también abrió otros planteos. De hecho esta semana la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Patricia García Blanco pidió que se le informe “las cantidades necesarias por distrito y especificaciones técnicas de las mismas” para “realizar las transferencias a cada juzgado electoral para la adquisición de las mismas”.

En algunas jurisdicciones se planteó que mejor serían las mascaras de acetato, como una alternativa. “A veces las autoridades se hacen en escuelas que son mesas de jardín de infantes. El votante te va a pasar por arriba de la mampara para acercarse o preguntarte algo. No hay una única solución”, dijeron a Infobae fuentes de la Justicia Electoral.

La Cámara Electoral también exigió garantizar la aplicación de la vacuna a todo el personal estratégico convocado al proceso. El Ejecutivo entendió que la vacunación ya era masiva por lo tanto si hubiese algún ciudadano convocado a ser autoridad de mesa que no hubiese recibido su dosis, la justicia electoral podrá comunicarlo y se le garantizará la aplicación.

Lo que no se estableció, sin embargo, es qué pasará con aquellas autoridades de mesa convocadas que no quieran darse la vacuna. “La obligación de ser autoridad de mesa es una carga pública, la vacunación no”, respondieron las fuentes de la justicia electoral ante la consulta de Infobae.

El desafío también estará en seguir con atención que las autoridades de mesa que sean convocadas efectivamente se presenten. Si ya en elecciones comunes, algunos ciudadanos se ausentan sin previo aviso o justificación válida, la pandemia abre el interrogante de qué pasará con aquellos que se puedan contagiar o tengan que estar aisladas al momento de los comicios.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que se busca que los controles sean exhaustivos en ese sentido para que “no haya avivadas”, mientras que al mismo tiempo se está convocando a más personas de las habituales para que la presencia esté garantizada.

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