A días de iniciada la polémica por el tiro que recibió en su abdomen el músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, desempolvó el programa de “Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego” (Pufeaf) en las fuerzas de seguridad federales. La iniciativa, que estaba virtualmente paralizada desde hace años, tiene el objetivo de monitorear aquellas situaciones en las que se dispara un arma de fuego y estén involucrados los uniformados. La intención es sistematizar la información de estos casos y, eventualmente, producir cambios en el entrenamiento de los efectivos, mejorar prácticas policiales e identificar casos de violencia institucional. También se creará un Comité de Ética Profesional, destinado a la revisión del desempeño de las fuerzas.
El relanzamiento se oficializó este miércoles, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la presencia de decenas de organizaciones de DDHH. Durante la presentación, la ministra Sabina Frederic anticipó que los organismos serán “actores fundamentales de este programa” y tendrán un “lugar activo, protagónico, no externo” de asesoramiento y sugerencia permanente.
El programa de “uso racional de las armas de fuego” se creó en el año 2012 por la gestión de la entonces ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré, una medida que fue calificada como “pionera” por Frederic. Sin embargo, no tuvo desde entonces grandes aportes. Frederic cuestionó abiertamente a su predecesora, Patricia Bullrich, porque hubo un “marcado retroceso en la materia durante la gestión del Ministerio entre 2015 y 2019”. “Nosotros, sobre finales de año pasado, decidimos relanzarlo introduciendo nuevas herramientas pensadas para la prevención de la violencia institucional”, sostuvo la ministra.
En esta nueva versión, el programa fue reestructurado a través de la Resolución Nº 377/2020, restituyendo a través de esa norma los lineamientos generales de 2012. El nuevo esquema se implementará de manera transversal entre las distintas áreas del ministerio de Seguridad involucradas, y tendrá como responsable directo en su ejecución la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez.
“Cuando iniciamos la gestión nos encontramos un programa vacío. No había ningún tipo de intervención ante ningún evento en el que hubiera habido uso de armas de fuego”, consideró Rodríguez durante la presentación.
Desde el comienzo de su gestión, Sabina Frederic derogó varios de los protocolos de actuación policial impulsados por su predecesora, Patricia Bullrich. Entre ellos, la normativa que validaba el comportamiento del ex policía Luis Chocobar, condenado por el asesinato del asaltante Pablo Kukoc (18) durante una persecución en el barrio La Boca en 2017 tras apuñalar a un turista norteamericano. El programa de “Uso Racional de la Fuerza” se inscribe en ese enfoque opuesto, como una estrategia para reducir los niveles de violencia institucional mediante la formación y el reentrenamiento.
“Celebro estas acciones. Son un primer paso para generar políticas que cuiden no solo a los ciudadanos sino también al personal de las fuerzas de seguridad. Cuando hablamos de construir una política contra la violencia institucional, también tenemos que construir una política y un cambio cultural”, planteó Pietragalla por videoconferencia.
Planteos de los organismos de DDHH
Entre las organizaciones que participaron de la reunión estuvieron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Capital, Correpi, la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, entre otros.
El equipo de Frederic dejó varias promesas y respondió sugerencias a los organismos de derechos humanos. En lo inmediato, se les comunicó que la información producida por el programa será de “acceso abierto”, un problema estructural de las estadísticas del área. Además, se dejará de brindar asistencia jurídica a las fuerzas federales desde el Estado ante casos “graves” de violencia institucional y que habrá un Comité de Ética Profesional para definir, en diálogo con la sociedad, “los lineamientos, principios, valores y contenidos de esa ética profesional policial”.
“Los objetivos no son nada novedosos, están dentro de nuestra normativa y leyes internas sobre el tema que son de aplicación obligatoria. La novedad es que digan que todo esto no está funcionando y está mal. Es mejor una iniciativa contra la violencia institucional que una foto con Chocobar”, analizó María del Carmen Verdú, de Correpi, uno de los organismos más críticos sobre la gestión del Gobierno en materia de seguridad.
Según la referente, el Gobierno puede avanzar en algunos reclamos históricos, como la derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias, la eliminación de portar armas con cartucho en recámara o la prohibición para usar el arma reglamentaria cuando los policías están fuera de servicio. El ministerio de Seguridad mostró una estadística ilustrativa sobre ese punto: más de la mitad de los hechos violentos donde está involucrada un arma de fuego se produce cuando los uniformados no están trabajando. Algo similar se registra en las estadísticas vinculadas a femicidios de parte de parejas de policías.
“Hay un cuestionamiento sobre accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país, y el gatillo fácil y las muertes no aflojan”, sostuvo Verdú.
En la reunión, los organismos recordaron temas que estuvieron presentes en la semana, como la actuación policial en el caso del músico “Chano” Charpentier, quien fue neutralizado a través de un uso letal de la fuerza en un contexto de un cuadro de salud mental, o la arenga de la policía de Chubut contra los piqueteros. Son asuntos donde intervienen otras jurisdicciones y los gobernadores.
En la cartera de Frederic tienen la expectativa de intervenir en el entrenamiento de las fuerzas locales a través de los Consejos Federal de Seguridad Interior, donde asisten todos los ministros de Seguridad provinciales, aunque solo han habido avances concretos en ese plano San Juan y La Pampa.
“Entre las organizaciones y familiares de víctimas de violencia institucional hubo reclamos por el vacío total que hay en las provincias. Si bien el Ministerio de Seguridad no tiene jurisdicción, y es un dato real, no hay que desatender el problema”, expuso Manuel Trufó, director de Violencia y seguridad del CELS. “Quedan algunas incógnitas sobre cómo va a funcionar el programa, antes había un equipo específico a cargo y ahora es una coordinación. Creemos que es un aporte y es interesante, después años de autonomización de las fuerzas de seguridad, pero sus resultados e implementación se verán en el mediano y largo plazo”, concluyó.
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