Alberto Fernández inició una negociación simultánea con Vladimir Putin, Xi Jinping, AstraZeneca-Oxford, Johnson, Moderna y Pfizer para comprar de 26 millones de vacunas contra el COVID-19. Sucedió a mediados de 2020, y el Presidente estaba muy confiado con las vacunas que llegarían desde Moscú y Beijing, y con la producción local de AstraZeneca que se complementaría en un laboratorio de Ciudad de México.
A diferencia de Putin, Xi y AstraZeneca, las empresas farmacéuticas de Estados Unidos exigieron una ley ad hoc para firmar los contratos de provisión de sus propias vacunas. El jefe de Estado aceptó esta exigencia jurídica y remitió al Congreso un proyecto de ley que terminó en una catástrofe política.
Esa iniciativa del Gobierno fue reformulada por la bancada oficialista en Diputados y Pfizer -su principal beneficiario- alegó que no cumplía sus expectativas y exigió una nueva adenda. Alberto Fernández rechazó los planteos de Pfizer y afirmó -en público y en privado- que la compañía extranjera planteaba una diagonal jurídica que afectaba la soberanía nacional y ponía en jaque al sistema penal argentino.
Los argumentos legales del Presidente mimetizaban una supuesta ventaja política: en Balcarce 50 calculaban que Putin, Xi y AstraZeneca podían cumplir con sus compromisos de entrega -cerca de 50 millones de dosis- y que no había necesidad de ceder otra vez a los planteos de Pfizer y sus aliados de la industria farmacéutica.
Pero las expectativas de Alberto Fernández se transformaron en un hecho incierto y volátil cuando confirmó que Xi no podía asegurar el suministro constante de las vacunas de Sinopharm, AstraZeneca reconoció que tenía problemas de fabricación en México y Putin dejo trascender que la Sputnik V llegaría con retraso por problemas domésticos en la Federación Rusa.
La situación más compleja se apalancó en las promesas incumplidas de Putin y en la decisión política de basar el plan de vacunación nacional en la Sputnik V. En este contexto, por los incumplimientos del Kremlin, hay casi siete millones de personas que aún aguardan la dosis 2 de la Sputnik V. Y más de 3 millones de vacunados que ya tienen vencido el plazo previsto entre la primera dosis y la segunda dosis.
Alberto Fernández no tenía intenciones de repetir el mismo camino. Y asume que en 2022 necesitará otros 26 millones de vacunas para enfrentar las sucesivas olas del COVID-19. El jefe de Estado -pese a las sonrisas de ocasión- ya desconfía de las promesas de Xi, Putin y los fabricantes locales de AstraZeneca.
Y en este contexto, Alberto Fernández instruyó a Vilma Ibarra para que cierre un contrato a la medida de los reclamos jurídicos de Pfizer, Moderna y Johnson. La secretaría Legal y Técnica cumplió las instrucciones presidenciales, y la adenda legal reclamada durante meses se transformó en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue ratificado por ambas cámaras parlamentarias. En el DNU se contempló el planteo sobre la indemnidad reclamada por los laboratorios norteamericanos y se atemperó su eventual responsabilidad penal.
En las últimas horas, Carla Vizzotti anunció que ya firmó un contrato con Pfizer por 20 millones de vacunas. Esta decisión institucional de la ministra de Salud se respalda en obvias razones políticas-sanitarias:
1. La vacuna Pfizer tiene dos dosis iguales, y se puede ajustar en un tiempo prudencial a las distintas variables, entre ellas la Delta. Esta situación no existe para la vacuna Sputnik V.
2. Su precio es más bajo en comparación con las vacunas que se fabrican bajo la licencia de Sinopharm y Sputnik V.
3. Pfizer está en condiciones de garantizar la entrega de sus vacunas con más certeza que Putin y Xi.
Rusia y China desplegaron un fuerte lobby geopolítico en la Casa Rosada para imponer sus vacunas en plena pandemia del COVID-19. Alberto Fernández compró la producción de Putin y Xi y dilató las negociaciones con Pfizer al confiar en las promesas de Moscú y Beijing.
Cuando el Presidente comprobó que las vacunas Sputnik V y Sinopharm no llegarían en tiempo y forma, aceleró las negociaciones con Pfizer, Moderna y Johnson. Ya era tarde: millones de vacunados esperan la segunda dosis de Sputnik V con los plazos vencidos, y ahora depende de una promesa política que Putin ya formalizó más de una vez en los últimos seis meses.
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