Los ex presidentes de Iberoamérica participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) apoyaron este martes a Mauricio Macri en el marco de la causa que investiga si el ex jefe de Estado argentino envió de contrabando material bélico a Bolivia para reprimir las protestas sociales que se dieron en el país andino en noviembre de 2019, mientras se desataba una crisis política por la salida de Evo Morales del poder y la asunción de Jeanine Áñez. En ese sentido, denunciaron la “criminalización de los liderazgos democráticos” en la región.
A través de un comunicado, se refirieron a lo sucedido en Bolivia: “Tras un proceso de sucesión constitucional avalado y reconocido por la Organización de los Estados Americanos, la ONU, la Unión Europea, China y Rusia, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, sus nuevas autoridades revierten la narrativa, acusan a los medios de comunicación independientes, persiguen a quienes evitaron que el señalado incidente no comprometiese la viabilidad democrática boliviana, y ahora se judicializan los expedientes que aseguraron dicha transición”.
Los 18 ex mandatarios que firmaron el comunicado, titulado “Declaración sobre la criminalización de los liderazgos democráticos”, aseguraron que “se intenta manipular” el caso de Bolivia para perseguir a Macri. Según el escrito, los “adversarios de la izquierda antidemocrática” de la Argentina han marcado al ex mandatario como su “objetivo”, motivo por el cual se han iniciado causas judiciales en su contra “sin asidero real o por discrepancias manifiestamente políticas”.
“Bajo la dirección del actual gobernante argentino adquiere su plena significación la guerra híbrida y jurídica diseñada por la señalada extrema izquierda antidemocrática en las Américas; por lo que se hace imperativo hacerle un llamado a la Administración de Justicia, a los jueces y fiscales, al objeto de que no se olviden que en sus manos reposa en última instancia el destino de las libertades democráticas”, precisaron.
En el escrito advirtieron su preocupación sobre “el proceso de secuestro del lenguaje democrático por las izquierdas radicales antidemocráticas que subsisten” en toda la región. Según indicaron, el objetivo de este sector es “vaciar de contenidos a la experiencia de la democracia prosternando sus elementos esenciales, usando de estos para alcanzar el poder y sostenerlo a contravía de la alternabilidad en su ejercicio y así, mediante formas constitucionales, desmantelar el Estado de Derecho y las mismas garantías democráticas de los derechos humanos”.
Este accionar predica una “guerra híbrida o guerra jurídica” que forma parte del lawfare, según los participantes de IDEA, implementado por la mencionada izquierda antidemocrática, cuya finalidad es “criminalizar a las oposiciones que de modo auténtico defienden los valores de la democracia y la libertad”.
A modo de ejemplo, tomaron los casos de las represiones en Centroamérica: “En Cuba han sido detenidos con violencia y judicializados 700 cubanos por las manifestaciones en pedido de libertad del 11J, mientras que en Nicaragua han sido detenidos y judicializados 5 precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, acusándoles de atentar contra la soberanía por ‘incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares’, incluyendo a comunicadores sociales”.
También hicieron mención a Venezuela: “Tras la simulación de otro intento de diálogo en medio de la represión y la violencia que se hace extensiva en el marco de una severa crisis humanitaria provocada por su régimen, este opta por perseguir al presidente interino Juan Guaidó y encarcelar al diputado Freddy Guevara, uno de los líderes promoventes del señalado diálogo como parte de un Acuerdo de Salvación Nacional”.
“IDEA seguirá sirviendo a la verdad y condenando los regímenes de la mentira, por ser aquella el valor ético sustantivo de la democracia, del Estado de Derecho y para la vigencia efectiva de los derechos humanos”, concluye el escrito que cuenta con la firma de ex presidentes y jefes de Estado de Costa Rica, España, Panamá, México, El Salvador, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay.
Avanza la investigación
La causa que investiga si el gobierno de Macri envió de contrabando material bélico a Bolivia sigue sumando elementos: mientras el juez en lo penal económico Javier López Biscayart analiza la información que solicitó la semana pasada, el fiscal Claudio Navas Rial amplió las imputaciones por la nueva denuncia que presentó el Ejecutivo la semana pasada.
El ex mandatario -varado en Europa- se presentó en el expediente a través del abogado Pablo Lanusse -quien también lo asesora en otras causas penales en donde esta imputado- y recientemente, según revelaron a Infobae fuentes del caso, pidió que se suspenda el sumario interno que está haciendo Gendarmería por orden del presidente Alberto Fernández, en busca de la recolección de información de los protagonistas que viajaron a Bolivia con el armamento denunciado.
Lanusse planteaba que el sumario debía suspenderse para que la defensa pudiera controlar la prueba que se estuviera produciendo con ese informe. Según revelaron las fuentes a Infobae, la defensa no tuvo suerte. El juez López Biscayart denegó el pedido. Es probable que la defensa apele esta decisión ante la Cámara en lo Penal Económico.
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