Durante el juicio por enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime murieron tres de sus testaferros

Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner. Fue echado del gobierno en julio de 2009. Ya en 2008 había sido objeto de una denuncia por enriquecimiento ilícito que en el momento de su expulsión del gobierno había comenzado a acumular información que reafirmaba las sospechas de corrupción en su contra.

Jaime fue procesado por enriquecimiento ilícito por el juez Sebastián Casanello en 2013. Y el fiscal Carlos Rívolo formalizó la acusación para que el caso pase a juicio oral y público en marzo de 2016.

En octubre de 2015, antes de que se supiera quién iba a ser el presidente de la Nación y previo a que se comenzara a usar la palabra “lawfare” para explicar ciertos procesos judiciales, Jaime fue condenado por coimero. Admitió su culpa ante el fiscal Guillermo Marijuán y fue condenado por el juez Julián Ercolini por recibir pagos de empresarios a los que debió controlar. Esa condena está firme. Antes de esa condena un Tribunal Oral Federal de Córdoba lo había hallado culpable por el intento de robo de pruebas durante un allanamiento en la causa por enriquecimiento ilícito. Desaparecieron tarjetas personales que lo involucraban con un entramado político empresarial que rozaba a lo más alto del poder kirchneristas. Esas pruebas que Jaime intentó robar jamás aparecieron en el expediente. Esa condena también está firme.

En diciembre de 2015 fue condenado por su responsabilidad por la Tragedia de Once. Las condenas de todos los imputados en aquel caso fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Salvo la de Jaime que está pendiente de una nueva revisión por parte de la Cámara de Casación.

En abril de 2016 Jaime fue detenido por orden del juez Ercolini quien investigaba otra defraudación cometida en la secretaría de Transporte: la compra de trenes a España y Portugal. Jaime sigue preso en la cárcel de Ezeiza y desde allí asiste a varios juicios que tiene en su contra. El Tribunal Oral Federal 6 –que lo mantiene detenido- lo juzga desde abril de 2019 por cuatro casos de corrupción: entre ellos está el de la compra de trenes chatarra a España y Portugal y el de enriquecimiento ilícito.

El juicio comenzó dieciséis años más tarde de la llegada de Jaime a la secretaría de Transporte y una década después de que lo echaran. Pasaron once años desde el inicio de la causa y tres luego de que se formalizara la elevación para que interviniera un TOF. Se suspendió por la pandemia de coronavirus y luego se reinició en El paso del tiempo no contribuye demasiado en la realización de juicios orales de casos complejos. Los testigos -muchos de ellos ancianos-no recuerdan los hechos o mueren durante el proceso. Algo similar sucede con los imputados: fallecen mientras el juicio avanza.

Cuando comenzó el juicio por enriquecimiento ilícito contra Jaime había más de una quincena de imputados como testaferros. Legalmente se los denomina “personas interpuestas” para el enriquecimiento. En este caso eran familiares o integrantes del círculo de negocios ilegales del ex secretario de Transporte que pusieron a su nombre bienes que eran de Jaime pero el ex funcionario no podía blanquear. Allegados que participaron en sociedades a través de las que se ocultaron bienes que en realidad eran de Jaime.

Tres de los testaferros que iniciaron el juicio en el banquillo de los acusados murieron. Todos por causas naturales. Los tres tenían problemas de salud. No hay nada extraño en las muertes de ninguno de ellos. Pero la situación muestra cómo el paso del tiempo conspira contra la resolución de los casos judiciales complejos como son los de corrupción. Algo similar sucede con los testigos. En el juicio contra Jaime se prevé que declaren más de 250 testigos muchos de ellos pedidos por la fiscalía que encabeza Gabriela Baigún. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae son diez los testigos que murieron sin llegar a declarar en el juicio. Y hay varios con graves problema de salud que fueron desistidos por las partes. En este juicio hay otra particularidad: Nina Lozeva una ciudadana búlgara que era acusada de testaferro de Jaime se fue de la Argentina y volvió a su Bulgaria natal. Tiene pedido de captura internacional.

El primero de los testaferros en morir fue Daniel Jaime, uno de los hermanos del ex funcionario público. Cuando gobernaban los Kirchner vivía en Brasil y no tenía dinero, pero a partir de la furia recaudadora de su hermano comenzó a hacer negocios; por ejemplo, una de sus empresas fantasmas hizo obra pública ferroviaria. El que asignaba los contratos era Ricardo Jaime. En 2010 se difundieron los mails de Manuel Vázquez, principal testaferro del ex funcionario. Allí quedaron plasmadas miles de huellas de los negocios ilegales de Jaime. Su hermano Daniel fue autor de varios correos en los que pedía que le dieran plata y negocios. Reclamaba hacerse rico como su hermano.

Daniel Jaime puso su nombre un Toyota Corolla, un Volkswagen Passat y un Volkswagen Bora que usaba su hermano y que fueron comprados con dinero proveniente de la corrupción. Llegó al juicio con algunos problemas de salud y murió el 24 de abril de 2020 en Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil.

La cuenta de Twitter (@ricardojaime_ok) que manejan desde fuera de la cárcel los familiares de Jaime publicó aquel día: “Eduardo Daniel Jaime partió hoy, tenía 68 años. Sé que a Macri y Ercolini nada les importa, pero a los miles y miles de compañeros peronistas sí les va a importar. Ahora está con todos aquellos que lucharon a su lado contra la dictadura genocida de 1976”. Jaime se considera un perseguido político por el macrismo.

Daniel Jaime había partido al exilio teóricamente por pertenecer a Montoneros por eso la referencia a la dictadura en el tweet del día de su fallecimiento. En una entrevista con este cronista contó que en 1998 se había tatuado en su hombro derecho el escudo de la organización armada de los años 70. Aún no llegó al TOF 6 el certificado oficial de defunción emitido por las autoridades brasileras con el que el caso quedará formalmente cerrado para él.

El segundo testaferro de Jaime en fallecer durante el juicio fue Norberto Ledantes. Había sido consuegro de Jaime. Su hijo Sebastián Ledantes estuvo casado unos meses con Julieta Jaime una de las tres hijas del ex funcionario. Cuando se formalizó el matrimonio Jaime compró con dinero ilegal una casa y la puso a nombre de los padres de su yerno: necesitaba esconder esa propiedad porque sus ingresos no le permitían justificar la adquisición. La casa en Carlos Paz luego del divorcio de la pareja fue transferida a nombre de Julieta Jaime, otra de las enjuiciadas. Fue por eso que llegaron al juicio acusados como testaferros Graciela Vigna esposa de Norberto y también Sebastián Ledantes que participó además en la compra de un hotel que manejaba la familia Jaime. En 2018 se presentaron ante una fiscalía cordobesa y explicaron cómo se hicieron las maniobras en las que están involucrados: y señalaron a Jaime como el responsable de poner dinero ilegal para la compra de la casa.

Norberto Ledantes tenía problemas de salud cuando comenzó el juicio en 2019, en enero de 2021 había cumplido 66 años y falleció un mes después. Fue sobreseído por fallecimiento en marzo pasado.

El tercer testaferro de Jaime que murió fue Ignacio Julián Soba Rojo. Sobra Rojo fue clave en el esquema de sociedades que creó Manuel Vázquez otro testaferro de Jaime, ex asesor de la secretaría de Transporte y hacedor de negocios sucios que compartía con el ex funcionario. Soba Rojo prestó su nombre para presidir dos de las “compañías” con las que Vázquez canalizaba los cobros y los pagos del entramado de negocios creado alrededor de Jaime. Una de las sociedades que presidió Soba Rojo es Caesa y fue la que cobró -por ejemplo- comisiones millonarias por intermediar en la compra de trenes chatarra a España y Portugal. La otra sociedad que encabezó Soba Rojo por pedido de Vázquez se llama Delome. Esa sociedad -entre otras operaciones- compró en 2009 una radio y un diario en Córdoba con dinero ilegal para que Jaime que era el jefe del Frente para la Victoria provincial, hiciera campaña electoral.

Hasta el inicio del juicio Vázquez coordinó la defensa de Soba Rojo. No bien comenzado el debate oral y público se distanciaron. De hecho Soba Rojo declaró en indagatoria el 6 de mayo de 2019 y apuntó contra Vázquez como al autor de las maniobras para esconder dinero de Jaime. Aquel día, a poco de un mes de cumplir 92 años, contó ante los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico sus muchos padecimientos de salud.

En aquella indagatoria dijo que allá por 2005 su situación económica era acuciante y aceptó que Vázquez le pagara $1.000 pesos por presidir Caesa-que factutó millones- y luego cuando le sumó la presidencia de Delome sus ingresos fueron de $5.000. A cambio de ese dinero una vez por semana rubricaba papeles en las oficinas de Vázquez. En su declaración negó que fuera su firma la que aparecía en las facturas emitidas por Caesa. Solo reconoció haber firmado un convenio con una de las empresas españolas que intervino en la venta de los trenes. Negó haber manejados fondos de Caesa porque esa tarea, según explicó, la realizaba Marta Domínguez, esposa de Vázquez.

“Nunca hablé con Jaime, nunca fui a la secretaría de Transporte mi relación era con Vázquez a quien los empresarios contactaban porque era amigo de Jaime y era un buscador de negocios”, había declarado Soba Rojo.

Soba Rojo ratifico que la sociedad Delome era de Vázquez y se usaba para hacer negocios para Jaime. En la indagatoria relató cómo fue la adquisición de los medios cordobeses que se iban a financiar con pauta oficial otorgada por el gobierno nacional. “La empresa Delome compró dos medios de Córdoba. Vázquez -recordó Soba Rojo- me llevó al canal América a firmar la transferencia porque eran los vendedores de los medios. Vazquez cargó una valija llena de billetes y pagó la compra en efectivo”.

“Tuve que viajar a Córdoba con pasajes que me pagaron los Vázquez para cumplir con formalidades. Ellos - Manuel y su hijo Julián Vázquez-eran los que administraron los medios cordobeses. La actividad del diario se extingue cuando Jaime renuncia a su cargo en julio de2009. Era un pasquín de propaganda del gobierno de los Kirchner basado en el esquema de poder del ingeniero en Jaime en Córdoba”, resumió quien figuraba como presidente de la sociedad pantalla que compró la radio LV2 y el diario La Mañana de Córdoba.

“Yo fui un prestanombre absoluto. Fui un viejo idiota útil“ dijo Soba Rojo, ingeniero civil y con un pasado de constructor, en aquella indagatoria de mayo de 2019. Murió el 8 de junio de 2021 días antes de cumplir 94 años. Fue sobreseído por fallecimiento.

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