“Nos enfrentamos a un proceso judicial debido a estas demoras como funcionarios públicos, lo que pone en riesgo a nuestro gobierno”, termina el mail enviado por la asesora presidencial Cecilia Nicolini al Fondo Ruso para reclamar por la segunda dosis de la Sputnik V. No se refería a la denuncia por la vacuna rusa, más conocida por la acusación de “envenenamiento”. De hecho, ese expediente ya fue archivado por el juez Sebastián Casanello, tras un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán.
Nicolini se refería a la causa donde se investigan las demoras en la vacuna de AstraZeneca, a cargo del mismo fiscal. En esa investigación, la asesora presidencial todavía no declaró: pretendía hacerlo por escrito dada su condición de funcionaria, la misma prerrogativa que utilizaron la ministra de Salud Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. La citación de Nicolini quedó “sin efecto” antes de la feria judicial aunque podría reflotarse tras su reciente viaje a Londres, donde mantuvo varias reuniones con directivos de AstraZeneca.
Si no hay sorpresas, luego de la feria sería citada para que declare de manera presencial o vía Zoom, pudo saber Infobae en fuentes judiciales.
La asesora que tiene el respaldo del presidente Alberto Fernández deberá contestar por el contrato con el laboratorio anglosueco y por las demoras en la llegada de esa vacuna, algo similar a lo que ella misma le reclamó al Fondo Ruso en el mail que reveló el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación y que Infobae publicó completo esta mañana.
La investigación judicial apunta a determinar si hubo responsabilidad de los funcionarios nacionales en las demoras registradas para la llegada de las vacunas de AstraZeneca, una hipótesis difícil de comprobar.
Hasta ahora hay dos funcionarios imputados: el ex ministro Ginés González García, quien firmó el contrato, y Mauricio Monsalvo, actual secretario de Gestión Administrativa y uno de los funcionarios que se mantuvieron cuando asumió Vizzotti al frente del Ministerio de Salud. Si se tiene en cuenta a todos los que participaron del expediente interno, los funcionarios en la mira son casi diez.
En la causa hay decenas de mails entre Montalvo y una abogada que funcionaba como representante legal de AstraZeneca en Argentina. Casualmente, es la única imputada que se presentó en la causa con un abogado particular.
Los otros tres investigados son directivos del laboratorio: Agustín Lamas, Germán de la Llave y Verónica Aguilar. Son las mismas personas que fueron citadas por Vizzotti el 28 de abril pasado para que informen sobre el cronograma de entrega.
La investigación está centrada en los correos electrónicos que intercambiaron los funcionarios de Salud con los directivos de AstraZeneca. Pero el fiscal todavía no tiene todo el material. Recién a comienzos de julio, tras un allanamiento frustrado, el estudio jurídico que representa al laboratorio en el país entregó miles de mails vinculados a la firma del contrato con el Estado argentino para la provisión de 22,4 millones de vacunas contra el COVID-19.
Son 9.983 archivos, pudo saber este medio, pero no equivalen a la misma cantidad de mails. Los correos que tienen valor para la causa no son más de 350.
Por su parte, el Ministerio de Salud entregó decenas de correos sobre la negociación con AstraZeneca aunque aún no pudo entregar los mails del ex ministro Ginés González García. La última respuesta antes de la feria de invierno no dejó conformes a los investigadores aunque esos correos ya estarían en poder de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por la causa del vacunatorio VIP.
Con todo, la investigación está lejos de poner en riesgo a funcionarios del Gobierno, tal como expresa en su carta la asesora presidencial. “Las medidas de prueba y las órdenes de presentación apuntan a la responsabilidad del ex ministro y de Monsalvo”, apuntó una fuente judicial.
Aunque ya había trabajado en el Ministerio de Salud, Monsalvo recibió un cargo importante durante la gestión de Ginés y estuvo involucrado en las negociaciones con la mayoría de los laboratorios, incluyendo a Pfizer. Con la llegada de Vizzotti, logró mantenerse, pero ahora es el centro de todas las miradas. En el Gobierno hay voces que lo acusan por la filtración de la carta. Y nadie se anima a garantizar su continuidad.
Otros arriesgan que fue una filtración consensuada para blanquear el malestar del Gobierno ante los rusos por la demora de la segunda dosis. Si fue así, se trata de una jugada arriesgada que podría sumar fricciones con el Instituto Patria.
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