En plena pandemia, el viernes próximo será una jornada complicada para atenderse en el sistema de salud: el Sindicato de Sanidad anunció que ese día realizará paros de cuatro horas por turno, mientras que el sector empresarial de los prestadores decidió una protesta que consistirá en la reprogramación de los turnos no urgentes en clínicas, sanatorios y hospitales privados.
Ambos sectores pasarán a la ofensiva el viernes porque ese día vencerá la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el conflicto por las paritarias 2021 del personal de Sanidad y quedarán en libertad de disponer las medidas que consideren convenientes.
Hay una audiencia oficial con sindicalistas y empresarios programada para este jueves, pero los prestadores de salud insistieron en su posición: “No podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT, llamó a “seguir presionando para vencer la resistencia de los empresarios”, por lo que impulsó para este viernes paros de cuatro horas por turno, aunque desde el lunes pasado el sindicato movilizó a sus afiliados para “visualizar” su reclamo de un aumento del 45% para este año en la Ciudad de Buenos Aires y en los establecimientos.
En un comunicado, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) advirtió sobre la reprogramación de los turnos no urgentes en caso de que no haya un acuerdo con el sindicato en las paritarias y destacó que, “como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, pero, sin embargo, esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”.
La entidad afirmó que “nuestros ingresos, que, en definitiva, son los recursos de los trabajadores, están estipulados por los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI)” y recordó que “si los financiadores no actualizan los aranceles que pagan, nuestros ingresos pierden día a día frente a los costos en alza”.
“Durante todo el 2020, las obras sociales, PAMI y las empresas de medicina prepaga prácticamente no actualizaron los valores de los aranceles, mientras que nuestros costos subieron, y siguen subiendo, incluso por encima de la inflación -señalaron los prestadores de salud-. En medio de una pandemia y privilegiando la atención que brindamos al 70% de las personas que habitan nuestro país, dimos nuestro mayor esfuerzo para acompañar el incremento salarial, merecido e indiscutido, de los trabajadores de la salud correspondiente al 2020″.
La FAPS afirmó que “tan sólo tres meses atrás, logramos cerrar esa paritaria con un incremento final del 36%, cifra que acompañó la inflación del 2020 para los trabajadores, pero que no fue acompañada por los aranceles que recibimos por parte de las obras sociales y las prepagas”. Y aseguró: “Hoy nos encontramos en una calle sin salida en la que, de un lado, tenemos la responsabilidad de actualizar nuevamente los salarios de nuestros trabajadores y, del otro, nuestros ingresos están casi congelados. En el medio, miles de instituciones prestadoras de salud en todo el país al borde de la quiebra, con serias dificultades para poder subsistir y brindar salud normalmente a su comunidad”.
Los prestadores sostuvieron que “hoy llegamos a esta nueva discusión paritaria extenuados económica y financieramente” y, aunque “se implementaron algunas medidas paliativas como el ATP, el Repro y, durante 2021 se incrementaron muy por debajo de la inflación algunos aranceles”, destacaron que “la distancia entre costos e ingresos lamentablemente se sigue ampliando y la situación agravando”.
La situación en que quedará el conflicto este viernes será similar a la del 30 de junio, cuando se declaró la conciliación obligatoria: en ese momento, el sindicato anunció paros de cuatro horas por turno durante 48 horas, a los que sumó una protesta de la FAPS, que en esos días iba a suspender las atenciones programadas no urgentes ante “la dramática falta de financiamiento del sistema”.
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