Al cumplirse 27 años del atentado a la sede de la AMIA, el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, le pidió al gobierno “agotar los recursos judiciales y llevar a los responsables ante la justicia”.
Al igual que en 1994, los principales objetivos de los investigadores siguen siendo los mismos: dar con quienes tienen captura internacional e identificar al resto de los involucrados.
Actualmente, la Justicia apunta su investigación en dos líneas. Una es dar con Samuel Salman El Reda, quien es considerado como el nexo entre los autores materiales y los intelectuales del ataque a la mutual judía. Y la segunda es, a partir de El Reda, llegar a otras personas que estuvieron en el país para participar del atentado.
“Hoy conmemoramos 27 años del atentado terrorista contra el edificio de la comunidad judía de Argentina (AMIA) e inclinamos la cabeza en memoria de las 85 víctimas, abrazamos a sus familiares y fortalecemos las manos de cientos de heridos en el atentado”, escribió en su Twitter.
En un hilo que publicó en esa red social, Lapid recordó que “el atentado contra la sede de la AMIA fue perpetrado dos años después del criminal atentado contra la embajada de Israel en Argentina”.
El 18 de julio de 1994 a las 9:53 horas voló la AMIA. Murieron 85 personas y 151 fueron heridas. Ese fue el segundo atentado terrorista que sufrió el país después del ataque a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992.
Lapid recordó que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país reconoció que el atentado fue perpetrado por la organización terrorista Hezbolá y que “con justa razón, fue calificada por Argentina como organización terrorista”.
Lo que ya se sabe de la investigación judicial es que la explosión a la AMIA la provocó una camioneta Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos (que la entregó el reducidor de autos Carlos Telleldín por lo que fue juzgado y absuelto en diciembre del año pasado) y que el hecho estuvo a cargo de la organización terrorista Hezbolá, de vínculo con el gobierno de Irán. Se podría saber más pero el juez, los fiscales del caso y los responsables del gobierno de Carlos Menem de dilucidar lo que ocurrió están condenados por desviar y entorpecer la investigación judicial.
El jefe de la diplomacia israelí dijo que el Estado de Israel está comprometido a proteger a sus enviados, a sus familiares y todos los empleados que trabajan en las representaciones israelíes en el mundo, “incluso en estos tiempos en los que Irán continúa sembrando el mal y planificando actos terroristas en todo el mundo”.
Por eso, hizo un llamamiento a las autoridades argentinas para profundizar la investigación y hallar a los responsables. “Bendita sea la memoria de todas las víctimas”, concluyó Lapid.
A pesar de las órdenes de detención con circular roja de Interpol y de que la mayoría de los acusados son figuras políticas de Irán no se los logra detener. Y muchos de ellos han viajado por el mundo. El primer impedimento es que por ley Irán no extradita a ningún ciudadano. El segundo es que el mecanismo diplomático de detención internacional no funciona como un arresto dentro del país.
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