Para el fiscal anticorrupción es prematuro archivar la causa del Vacunatorio VIP: “Quedaron un montón de medidas probatorias por realizar”

“Quedaron un montón de medidas probatorias por realizar y el ámbito para desarrollarlas es el marco del proceso”, sostuvo el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, al explicar por qué apeló la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de archivar gran parte del expediente en el que se investigaba si existió un “vacunatorio vip” organizado desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Para Rodríguez, la decisión de la magistrada “es cuanto menos prematura”, y “cierra casi en forma definitiva un gran tramo de la investigación por no decir casi toda, al considerar que la conducta investigada no es delito, a lo sumo, una falta vinculada a la ética o la moral”.

Según el titular de la fiscalía especializada en casos de corrupción de funcionarios públicos, “la causa no estaba aún para ser cerrada” y “de quedar firme esta resolución de archivo, luego no podría ser revertida”.

En declaraciones radiales al programa “Código F” de radio Continental, Rodríguez aseveró que “hay que investigar fundamentalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos que tomaron la decisión de saltar el orden de prelación que la propia normativa del Ministerio de Salud había previsto”.

Tal como publicó Infobae, la apelación de Rodríguez implica que sea ahora la Cámara Federal la que revise la decisión que tomó Capuchetti la semana pasada.

“Había un grupo poblacional que fue prioritario y dentro de ese grupo había algunos segmentos con un orden de prelación. Hubo algún tipo de actividad que la jueza calificó que era discrecional del Estado y para nosotros no fue discrecional, sino que estaba vedada”.

Al momento en que se conoció el escándalo del “vacunatorio vip”, que consistió en la vacunación de funcionarios, familiares, dirigentes y personas cercanas al Gobierno entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, la prioridad para la aplicación de las dosis disponibles era el personal de salud.

Entre los “vacunados vip” estaban desde el presidente Alberto Fernández y sus asesores cercanos hasta el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa, el ex ministro de Salud Ginés González García y colaboradores suyos; el periodista Horacio Verbitsky; el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda Chiche González y sus dos hijas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y empleados de su cartera; el canciller, Felipe Solá; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; los diputados oficialistas Jorge Taiana y Eduardo Valdés; y el empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias y tres familiares suyos.

Todos ellos fueron vacunados con dosis provistas por el Hospital Alejandro Posadas que depende del Estado nacional, y en su mayoría asentados en el registro como “personal de salud”.

En la causa siguen imputados González García; el ex jefe de gabinete del Ministerio Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé y el secretario de la cartera, Alejandro Collia.

La jueza Capuchetti consideró que de la lista de 70 nombres difundida por el Gobierno, en 65 casos las personas eran “personal estratégico” o tenían más de 60 años. Por este motivo, los desvinculó de la investigación ya que consideró que no habían cometido un delito. Solo en 5 casos, los vacunados tenían menos de esa edad, y los convocó a declarar como testigos: Juliana y Maria Eva Duhalde (de 48 y 45 años), el periodista Gabriel Michi (de 52), Néstor Mandraccio (59) e Irene López (43).

Al amparar a la mayoría de los “vacunados vip” como “personal estratégico”, en su fallo la jueza hizo alusión al “margen de discrecionalidad” que implicó esa figura. Sin embargo, en ese momento, todavía no se había habilitado la vacunación para mayores de esa edad, ni existía la categoría de “personal estratégico” como tal, ya que fue creada por una resolución cuando la ministra Carla Vizzotti se hizo cargo de la cartera de Salud en reemplazo de González García, quien debió renunciar.

El fiscal Rodríguez hizo una interpretación distinta sobre la responsabilidad de los vacunados: “Las personas que fueron vacunadas en esa situación, algún tipo de participación tuvieron, ya que sin la actividad en ellos la maniobra no hubiera podido ser consumada”.

El fiscal mencionó entre las medidas pedidas desde la PIA al fiscal Eduardo Taiano, que es quien interviene en la causa, y que Capuchetti no accedió a ordenar, el cruce de llamadas telefónicas de los imputados. “La jueza no hizo lugar por considerar que eran medidas de una gravedad importante para tomarlas en ese estadio. Nosotros insistimos en que había que hacerlas”, sostuvo.

También recordó que desde la PIA elaboraron “un informe técnico, muy detallado y trabajoso, que llevó varios meses”, en el que reconstruyeron “la trazabilidad de todas las dosis desde que llegaron a Ezeiza hasta el momento en que se distribuyeron en las distintas jurisdicciones”. Fue en virtud de ese informe que solicitó “una serie de medidas probatorias, a través del fiscal Taiano a la jueza que en la mayoría de los casos no fueron recogidas”.

“Cuando presentamos este informe sustancial volvimos a reiterarlas. Informe que no tenía una valoración jurídica penal, sino un análisis técnico de toda la trazabilidad de las vacunas que permitía dictar las medidas probatorias que estábamos solicitando, pero a los dos días nos encontramos con el archivo”, agregó Rodríguez.

El titular de la PIA - de extremo bajo perfil y carrera judicial - recordó el contexto en que tuvieron lugar los hechos investigados. “En ese momento, las vacunas eran un bien escaso. Hoy tenemos en virtud de todas las políticas que se adoptaron, una vacunación intensa”.

“En el informe habíamos advertido que había un stock crítico que la Nación se reservaba para determinados casos, ya que el plan de vacunación es aplicado por las distintas jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires. Ese stock crítico se reservaba, de acuerdo a la prueba, para avanzar en principio con el personal de salud del Hospital Nacional Posadas. Y advertimos que había personas que habían sido incluidas en la vacunación, y no aparecen como personal de salud del Posadas, sin perjuicio de que pueda haber algún tipo de explicación posterior al respecto”, detalló en sus declaraciones radiales.

Sobre el final, Rodríguez destacó que el tema de la vacunación fuera de las prioridades establecidas por la cartera sanitaria en ese momento es “una cuestión muy sensible” para el conjunto social. “Los fiscales defendemos los derechos e intereses de la sociedad, y puede haber algún tipo de afectación a determinados derechos constitucionales y derechos humanos como el derecho a la no discriminación y a la igualdad. Esta situación pudo haber tenido algún tipo de afectación a estos derechos primarios”.

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