Delia Ferreira Rubio: “Los casos de los vacunados VIP son una clarísima definición de corrupción”

“Los casos de vacunados VIP que se conocieron, no solo en Argentina sino también en Perú y España, son una clarísima definición de corrupción, y es algo que debemos revisar en materia de integridad pública”, sostuvo tajante Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional (TI), en la apertura de la jornada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en la Argentina, para debatir sobre ética y transparencia en el sector público y privado.

Integrante del consejo asesor del Instituto de Ética y Transparencia de esa entidad que reúne a la empresas norteamericanas, Ferreira Rubio sostuvo también que “la emergencia sanitaria fue usada como una excusa para el abuso”, y que ”no es un cheque en blanco, pese que así fue entendido por algunos países”.

El foro “Hacia una cultura de integridad: ¿cómo construir una Argentina más ética y transparente?” tuvo lugar ayer en forma virtual, y expusieron una veintena de profesionales y reconocidos expertos del ámbito público y privado. Asistieron alrededor de 150 funcionarios, diplomáticos y ejecutivos de empresas. Fue inaugurado por Néstor García y Gabriela Renaudo, presidente y vicepresidenta del Instituto de Ética y Transparencia de AmCham Argentina, quienes hicieron hincapié en que el país “debe seguir trabajando en su transformación cultural para reforzar los sistemas de integridad públicos y privados, anclados en los valores de la ética y la transparencia”.

En su exposición, Ferreira Rubio advirtió que “existe una correlación llamativa entre los países más corruptos, y aquellos que tuvieron una baja reacción en materia sanitaria para enfrentar el COVID y respuestas más autoritarias ante la emergencia”.

Como primera oradora de la jornada, señaló que “hay un estancamiento en la lucha anticorrupción, a nivel mundial, influida por la emergencia del COVID-19, no solo por la crisis sanitaria, sino también por la crisis económica y del buen gobierno”.

Esta abogada nacida en Córdoba y ex presidente de Poder Ciudadano, capítulo local de TI en Argentina, recordó que Argentina bajó su calificación a 42 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que realiza Transparencia Internacional, siendo 100 el puntaje máximo para el país considerado más transparente. Argentina obtuvo tres puntos menos que el año pasado. Y si bien reconoció que “la corrupción es un fenómeno global, no solo de Latinoamérica”, destacó que países vecinos como Uruguay y Chile están rankeados entre los mejores del mundo. “Esto indica que no hay nada genético en América Latina que nos haga proclive a la corrupción”.

Ferreira Rubio advirtió, asimismo, sobre los riesgos de una “una marcada concentración del poder en los poderes ejecutivos y un debilitamiento en los organismos de control”. Y consideró que “Argentina no fue excepción”.

Para esta especialista en la lucha contra la corrupción, “el acceso a la información es otra materia fundamental para garantizar derechos de la ciudadanía y conocer el uso de recursos públicos”. Y en ese sentido, cuestionó la “confidencialidad absoluta de los contratos de vacunas. Es algo que no ocurre, por ejemplo, con los contratos de la vacuna contra el sarampión. No se debe aceptar la confidencialidad cuando no hay ningún justificativo claro”.

Respecto del uso de fondos públicos, sostuvo que desde TI identificaron dos áreas problemáticas. “Todo lo que se refiere a compras públicas realizadas mediante mecanismos excepcionales, sin licitaciones, ha sido uno de los problemas en muchas partes del mundo. La emergencia sirvió para comprar cualquier cosa, no solo respiradores”. Y puso por ejemplo la compra de bozales de perros para la Policía Federal adquiridos sin licitación, mediante una compra directa. “Lo sabemos gracias a que Poder Ciudadano realizó un trabajo de hormiga para recopilar y acceder a todos los contratos que se habían firmado para contrataciones de emergencia. Hubo que ir uno a uno, para ver qué se había comprado y a qué precio. Esa base de datos está a disposición de cualquiera que la quiera consultar”.

También alertó sobre la necesidad del contralor en un contexto de pandemia: “Así como tenemos que habilitar contratos de emergencia, también debemos contar con controles de emergencia”.

Por último, alertó sobre “la falta de respeto al estado de derecho” en el país. “Hay convenios internacionales de los que Argentina es parte, que fijan derechos a respetar y límites a las facultades excepcionales. Por ejemplo, las restricciones a derechos de la ciudadanía, que deben ser razonables. El gobierno argentino no respetó muchos de estos estándares”.

El trabajo actual de la OA

A continuación, expuso Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, quien contó distintas acciones que se están llevando adelante desde el organismo que “formaban parte del menú inicial de la Oficina, pero han sido adaptadas, priorizadas y reorientadas en función de lo que las carteras exigen en la función pública”.

Uno de los tópicos en los que viene trabajando la OA es “el fortalecimiento institucional en integridad y transparencia”, para lo cual promovió la creación de “26 áreas de integridad” en la administración pública y en las empresas públicas, y no estatales con participación mayoritaria.

Sin hacer ninguna referencia a un caso concreto de corrupción en la actual gestión, o en las anteriores, el ex fiscal sostuvo: “Queremos instalar una cultura de compliance público en el Estado, de control y de transparencia en la Administración Pública. Y una integración natural con los organismo de control interno dentro de cada ministerio y dependencia estatal”

Entre otras acciones, el titular de la OA también mencionó la Encuesta Nacional de Integridad, que lleva adelante en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Secretaría de Gestión y Empleo Público. “Es una cuenta pendiente de la Oficina construir un mapa de riesgo” y una herramienta de prevención, “para poner la mirada junto con la SIGEN en los espacios que pueden ser más riesgosos”.

Crous también relató que la OA está trabajando en un plataforma pública con “un registro de pre y post empleo público que servirá para conocer los antecedentes profesionales de quienes llegan, y qué hace el funcionario cuando se va”. La definió como “una forma de control del fenómeno de la puerta giratoria” y “será un aporte al control de los conflictos de intereses, ya que hará foco en lo que se conoce como período de enfriamiento, que es cuando se analiza la actividad privada de quien fuera funcionario”. Dijo que propondrá que sea por un año con posterioridad a la salida de la función pública, y que será de acceso público.

También se refirió al Registro de Integridad y Transparencia (RITE), que se está implementando en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está destinado a las empresas privadas, las de participación estatal mayoritaria, y de las entidades sin fines de lucro. “La idea es entender el desarrollo como una actividad colaborativa, en donde los más avanzados puedan compartir sus experiencias en temas de integridad y transparencia con aquellos que están más atrasados, y quienes tienen menos recursos puedan contar con estas herramientas para involucrarse con mayor formalidad y transparencia”, explicó.

Por último, respecto de las declaraciones juradas de los funcionarios, sostuvo que existe aún “opacidad en este tema” y “resistencia”, por ejemplo de directores de las empresas estatales, “a mostrar su billetera”. Y concluyó: “Debemos ir hacia la transparencia total ahí donde hay dinero público involucrado”. No mencionó sin embargo la posibilidad de modificar el formulario de declaraciones juradas actual, que tras la reforma impulsada por Cristina Kirchner en 2013, incluye menos información y menor detalle que anteriormente, lo que dificulta el control de un posible enriquecimiento por parte de la ciudadanía.

La importancia de los datos precisos

A su turno, el titular del INDEC, Marco Lavagna, expuso sobre la importancia de los datos para el diseño de políticas transparentes y resultados efectivos.

“Las decisiones requieren información certera. Las oficinas estadísticas tienen que ser capaces de brindar información precisa, confiable, oportuna, sin sesgos y sin responder a intereses políticos”, sostuvo el ex diputado de Consenso Federal. Y agregó: “Por eso las oficinas estadísticas no deben involucrarse en la definición de políticas públicas”.

Tras afirmar que el INDEC “sigue reglas y metodologías internacionales para la elaboración de estadísticas”, destacó la importancia de la previsibilidad de los datos. “Todos deben tener en claro lo que estamos haciendo y cuándo los estaremos publicando. Los datos siempre se publican a una misma hora la fecha indicada, y todos pueden acceder al mismo tiempo, incluido el Presidente de la Nación”, aseguró.

Puso énfasis en la necesidad de proteger el secreto estadístico. “Podemos hablar de sectores, pero no hacemos referencia a una persona o empresa en particular. Además de estar reglamentado por ley, es central para lograr confiabilidad en nuestro trabajo. Si no, la información que recabemos va a estar incompleta o con sesgo”.

Respecto del censo económico, Lavagna remarcó que “hacia adelante el desafío es ver cómo empezamos a interactuar con otros organismos para aliviar la carga de respuesta de las empresas. El objetivo es aprovechar la información que ya tiene el Estado y no volver a preguntarles lo mismo que, por ejemplo la AFIP, alcanzada por el secreto fiscal”.

Las nuevas normas de Joe Biden

Otro de los oradores en el foro fue Wifredo Ferrer, ex fiscal general para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos durante siete años, designado por Barack Obama. Actual socio del estudio Partner Holland & Night, expuso sobre los nuevos lineamientos de Joe Biden para combatir la corrupción, y cómo va a afectar a las compañías en la región.

Mencionó que el 3 de junio, el nuevo presidente norteamericano emitió un memorándum que considera a la corrupción “como un riesgo crítico para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que erosiona la democracia en el mundo, alimenta al extremismo y los gobierno autoritarios”.

Contó que Biden ordenó a más de una docena de agencias federales - incluyendo al Departamento de Justicia y el Tesoro norteamericano - la elaboración conjunta de un informe con recomendaciones estratégicas para modernizar y utilizar mejor los recursos para combatir la corrupción. “El reporte tiene que ser entregado en 200 días y, por primera vez, estas agencias deben hacer este reporte juntos. Esto va a generar más acceso a la información para todos, y se van a poder investigar hechos de corrupción de forma más rápida”, opinó.

Según Ferrer, el objetivo de ese memorándum “es lograr más transparencia en el sistema financiero de Estaos Unidos para poder confiscar activos de funcionarios provenientes de la corrupción”.

Hasta ahora - explicó - “la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero se aplica sólo a los que pagan los sobornos, pero no al oficial que lo recibe. Ahora se podría seguir qué hace ese funcionario cuando recibe dinero, y se podría enjuiciar a esos oficiales en la medida que el dinero haya pasado por EE.UU.” Y citó como ejemplos, los casos de PdVSA de Venezuela, y PetroEcuador.

“El gobierno federal de Estados Unidos va a estar trabajando con sus agencias para conseguir y recibir información de otros países. Y eso implica que las investigaciones ya no van a comenzar solo con una autodenuncia de las propias compañías como hasta ahora, para recibir menos cargos y menos multas. Van a ser investigaciones que van a iniciar las agencias estatales y van a ser más amplias y más fuertes”.

También recordó que Biden lanzó una nueva ley contra el lavado de dinero por la cual “se va a generar un registro que los fiscales van a poder utilizar para identificar las empresas fantasmas que están escondiendo el dinero ilícito e ir contra ellas. Esto va a ser algo que va a afectar a todos en el mundo, Latinoamérica incluida”.

Es por estas normas impulsadas por el presidente norteamericano que - según dijo- “las empresas deberán reforzar todos sus mecanismos internos, y revisar sus programas de compliance interno,para ver que son efectivos para prevenir la corrupción”.

El rol del periodismo

También fue convocado a exponer Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción del diario La Nación y columnista del Washington Post, periodista especialista en temas de corrupción, lavado de dinero y fraude, quien reflexionó sobre la función de los medios en la construcción de democracia.

Se refirió al desafío que plantean las fake news y el rol del periodismo en ese sentido. “Ante un hecho controvertido, ¿a quién le creo? ¿Es verdadera o no una información? ¿O es una operación de un sector político? Si no sabemos si lo que vemos es correcto o falso, solo nos queda apoyarnos en determinados periodistas específicos”.

Se refirió a las dificultades que enfrenta el periodismo por “la crisis económica galopante, en el contexto local e internacional y nacional” y las nuevas tecnologías. “Para nosotros, Google o Facebook son una gran herramienta y un enorme dolor de cabeza. Nosotros producimos los contenidos, pero la recaudación por publicidad queda en otras manos. Entonces, cuando tenés que hacer una nueva investigación, no tenés más fondos. Para una investigación son necesarios recursos. Si no se sustenta, estamos frente a una dificultad”.

Otro problema que abordó es la polarización. “En las redes sociales hay burbujas que no se comunican entre sí. En los últimos meses, a partir de las sanciones impuestas a (Donald) Trump, sus seguidores emigraron a otras redes. Por lo cual, los mensajes de burbujas no están ya en la misma red social, ahora están en universos paralelos, con el desafío que implica cuando alguien quiere establecer un diálogo democrático”.

También planteó entre otras dificultades, los recortes de personal en los medios frente a la pérdida de anunciantes, y la cada vez mayor trivialización de los contenidos en los medios, “porque generan tráfico de lectores y más ingresos por anuncios”.

Sin embargo, también destacó ventajas, por ejemplo, con los avances de la tecnología. “Hoy hay menos secreto sobre las sociedades comerciales que se constituyen en Suiza que en Argentina. Para nosotros es más fácil acceder a información sobre el registro público de comercio de una empresa europea por Internet, que de la Inspección General de Justicia”

Y concluyó: “Todavía hoy el periodismo ofrece oportunidades para hacer la diferencia, para aportar al debate público, para aportar a la ciudadanía. El periodismo es un servicio público”.

La burocracia estatal

Sobre el final, intervino Graciela Camaño, diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación quien destacó la importancia de contar “con buenas reglas de juego”.

“Es imposible hablar de gobernanza ética sin una dirigencia política consolidada en valores, con acciones que propendan a una mejor institucionalidad. Vamos a seguir siendo un país de inversiones de paso si no logramos torcer el rumbo de decisiones erradas en materia de ética, corrupción y transparencia”, sostuvo. “Hay necesidad de cambios profundos en los tres poderes del Estado”, afirmó.

“Hay países donde claramente no se permite esa suerte de dumping en materia de corrupción. De alguna manera, debemos promover que todos se paren en la misma línea de largada para competir”, sostuvo en su intervención.

Para Camaño, una de las deudas pendientes es “simplificar” la gestión pública. “Tenemos una madeja de leyes disposiciones y normas que solo sirven para generar una burocracia y corruptela del Estado. Hay que avanzar en la simplificación de trámites. El Estado no debería tener más de 20 ministerios durante dos mandatos consecutivos. En un país que no crece, que genera pobreza y no genera trabajo, es inexplicable que sigamos montando un aparato estatal que no se condice en efectividad con lo que nos está sucediendo”, aseguró.

Y también mencionó como “otro meollo de la cuestión” una reforma impositiva aún no concretada. “Tenemos superposición en los tres niveles y una enorme cantidad de incumplimientos”, opinó.

Sobre el final, aseguró que la sociedad “reclama trabajo como herramienta de movilidad social, no más planes. Apuesta a trabajo genuino”. Y en ese sentido, señaló: “Lo más tremendo que nos ha sucedido en los últimos 10 años es este desgano de producir de la Argentina, tanto de empresarios como de trabajadores. Lo que salva a un país es el rol del empresario en la sociedad, y esto es la Argentina es un disvalor. Uno advierte en el discurso político y sus acciones, como que no se necesita, no se quiere, o se considera mal visto que un empresario sea meritorio o exitoso. Y yo provengo de un partido en el que era prioritario el ascenso social”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham. “Durante esta jornada hemos recorrido un camino para acercarnos a la construcción de una Argentina cada vez más ética y transparente. Sobre todas las cosas, entendimos que lograr una cultura de integridad es un esfuerzo conjunto y un trabajo que depende de todos: sector público, sector privado, medios de comunicación y también de cada uno de nosotros como individuos parte de esta sociedad”, concluyó.

Durante el foro también expusieron Armando Andrue, ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y presidente del Tribunal de Ética Judicial de Córdoba, sobre la ética y la responsabilidad judicial; y Alain Casanovas, socio responsable de servicios de Compliance de KPMG España, quien se refirió al aporte de las neurociencias a la ética empresarial.

También participaron Ana López Espinar, Socia líder de Forensic Services de KPMG Argentina; Federico Elewaut, CEO del Citibank; Fernando García Cozzi, director de Cargill; Giselle Malagrino, directora de Asuntos Institucionales de ManpowerGroup Argentina; Guillermo Grela, director de Legales y Asuntos Gubernamentales para América Hispana de Natura; Hernán Cao, director de Legales y Compliance de Latam South de Bristol Myers Squibb; Laura Toustau, directora de Compliance de Citibank; Lorice Scalise, gerente general de Roche; Mariana Idrogo, senior managing director de G5 Integritas; y Ramiro Cabrero, Global Compliance Leader de Baker Hughes.

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