Sonó fuerte en medio del silencio. Ta vez haya sido un reflejo político a destiempo y no necesariamente una pieza jugada frente a la cifra de las 100 mil muertes por coronavirus. Una funcionaria trató de explicar que no es conveniente o adecuado comparar los datos locales con los de otros países de la región, porque algunos de ellos -Brasil, Colombia- estarían exponiendo un subregistro de fallecidos por COVID-19. Traducido: no sería conveniente porque Argentina quedaría peor ubicada en el comparativo internacional. Difícil entender la diferencia entre ocupar un escalón algo mayor o menor en ese ranking trágico.
La línea de los 100 mil muertos es desoladora, golpea por sí sola. Y en rigor, el propio gobierno le había agregado carga simbólica con aquella desafortunada frase presidencial cuando parecía un número imposible y todavía se discutía en blanco y negro sobre salud o economía. Con el paso de los meses, el agravamiento de la crisis y los efectos que pusieron en discusión la administración de las restricciones trazaron un cuadro en el que ya asomaban esas sombras.
Existe un acumulado de episodios que en medios oficiales son vinculados críticamente con la comunicación. Es una mirada simplificadora. Algunos se quejan por la exposición “desmedida” de Alberto Fernández, una manera de aludir a frases “imprudentes”. El problema es mayor y no se limita al contrapunto entre estos datos de esta realidad y aquellas primeras exposiciones del Presidente. Están en discusión muchos gestos del poder, desde la despedida de Maradona al vacunatorio VIP -entre los más potentes-, además de las estrategias concretas en materia sanitaria.
Lo que asoma en estas horas es una reacción política, un plan básico, que computaba la cifra conmocionante y la necesidad de pasar la página. Se trata de bajarle el tono al tema, dar señales de mejores expectativas y exhibir la vacuna como eje de campaña. Lo dicho ayer por la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona -para poner en tela de juicio las referencias a cifras de otras naciones-, seguramente fue un reflejo de esa consigna interna antes que un paso planificado. Llegó en el día no indicado.
En rigor, las estadísticas de escala mundial sobre el impacto de la pandemia son elocuentes más allá de posibles déficits de registro de algunos países. Argentina ocupa el séptimo lugar en muertes diarias durante la última semana. Y se ubica en la decimoprimera posición en fallecimientos por millón de habitantes desde el inicio de la pandemia.
Pero el número “maldito” en la visión política ya era un tema de inquietud en el Gobierno, con alguna pincelada de que lo suele ser definido como estrategia en situaciones de crisis. Un intento. Tal vez eso explique la decisión de realizar un homenaje a los fallecidos por COVID-19, hace casi veinte días, cuando se cruzaba la línea de los 92 mil casos. Aquel acto, con presencia de los gobernadores, recibió algunos cuestionamientos como gesto tardío ante la gravedad que exponían las cifras en la escalada de la segunda ola. Otros lo vieron como un gesto de anticipo o admisión del cuadro, aunque no expuso reflexión alguna sobre los pasos dados.
El silencio posterior y sobre todo el de ayer, lo dejó como un hecho aislado. Riesgoso como mensaje. El oficialismo se concentró en colocar la vacunación como eje de campaña, junto con la apuesta a una cierta mejora de la economía en los últimos tres o cuatro meses del año y a medidas puntuales de mayor asistencia, en sentido amplio, como fue esta semana el anuncio de un bono para compensar en parte el ajuste sobre las jubilaciones.
Eso último y la intención de generar un mensaje optimista se expresaron a en el acto que encabezó el Presidente hace dos días en Lomas de Zamora. Alberto Fernández hizo un nuevo pronóstico sobre vacunas: dijo que para septiembre -mes de las PASO- sería alcanzado el objetivo de vacunar a todos los argentinos. Se supone que se refirió a los mayores de 18 años y que aludió a la primera dosis y no al esquema completo de vacunación. Y fue más allá. “Preparémonos para disfrutar una linda primavera y un lindo verano”, dijo.
De todos modos, y al margen de la nueva frase destinada a la prueba del tiempo, quedó a la vista que la vacuna es un tema con arrastre de demanda social. Y en ese plano, se hacía insostenible el caso de Pfizer. La cerrazón del Gobierno exponía falta de sensibilidad a cuestiones como la vacunación de menores con graves problemas de salud. Era ya un tema erosionante en medio de las cargas opositores. Y resultaba casi imposible explicar la pérdida de una oportunidad de privilegio frente a ese laboratorio.
Con bastante demora, una decisión política del Gobierno fue revertida entonces con otra decisión política, que el oficialismo trató de destacar como determinación novedosa y propia, al rechazar la movida opositora que planteaba un acuerdo en el Congreso. Así, un DNU modificó la ley de vacunas contra el coronavirus para habilitar los contratos con Pfizer y por extensión Moderna y Johnson & Johnson.
Después llegó la frase ácida de Máximo Kirchner sobre la debilidad que representaría esa decisión presidencial. Dos datos. El primero es que la propuesta inicial de DNU demoró al menos cuatro meses en los escritorios de la Casa Rosada por razones atribuidas a la interna. El segundo refiere al Senado, ámbito de dominio exclusivo de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy debería avalar el decreto presidencial. Se verá cómo termina esa definición con sello doméstico. Hacia afuera, se trata de un recorrido especialmente largo y lento. Inexplicable.
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