El Consejo de la Magistratura de la Nación dio a conocer hoy el orden provisorio de los postulantes que compiten para cubrir los juzgados federales 6 y 11 de los tribunales de Comodoro Py que están vacantes desde la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral y el fallecimiento de Claudio Bonadio. Entre los 10 primeros están un juez de la ciudad de Buenos Aires, un ex funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y muchos secretarios judiciales que buscan dar el salto a magistrados en su carrera carrera judicial.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que esta mañana la Comisión de Selección del Consejo, a cargo de la diputada Graciela Camaño, develó las claves que tiene cada uno de los postulantes. Así se supo el puntaje que cada uno de ellos obtuvo por el examen que rindió y por sus antecedentes laborales y académicos. Con esa sumatoria se elaboró el orden provisorio del concurso. Ese orden no es el definitivo ya que al concurso le faltan otros pasos que lo pueden alterar. Pero sí marca quiénes quedaron con mejores chances de ser nombrados en los juzgados.
El primer lugar fue para Gonzalo Rúa, que obtuvo un total de 177,75 puntos, 92,75 por el examen y 85 por los antecedentes. Rua es desde 2003 juez penal de la ciudad de Buenos Aires e integra el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). El segundo lugar fue para la única mujer entre los 10 primeros. Albertina Caron, secretaria judicial del juzgado federal de Daniel Rafecas, obtuvo 167,6 puntos.
En el tercer lugar quedó Pablo Cina, secretario federal del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, con 157,3 puntos; en el cuarto Matías Latino, secretario de la Cámara Federal de San Martín, con 151 puntos; y en el quinto el único de los mejores postulantes que no trabaja en el Poder Judicial. Se trata de Federico Gasipi, quien fue funcionario del gobierno porteño de Rodríguez Larreta. Gasipi, que obtuvo 147,1 puntos, fue desde enero de 2016 a diciembre de 2019 jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad de Buenos Aires. Tuvo un paso por la Justicia de Comodoro Py en donde trabajó en el Juzgado Federal 4.
Raúl Roust, secretario del Juzgado Federal de Campana, quedó sexto con 146,93 puntos; Javier Teodoro Álvarez, secretario letrado de la Procuración General de la Nación, séptimo con 144,9 puntos; Pablo Flores, secretario de la Cámara Federal de San Martín, octavo con 144,1 puntos; Carlos Oneto, secretario del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, noveno con 142,6 puntos; y Leonardo D’Ascenzo, secretario de la Fiscalía 15 ante los Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires.
El listado completo lo integran 97 personas, que son quienes se presentaron a rendir el examen. Ahora vienen otros pasos del concurso: la etapa de impugnaciones, de entrevistas personales con los candidatos y el orden definitivo que analizará el Consejo para enviar una terna al Poder Ejecutivo Nacional, donde se elige a uno por cargo y se remite su nombre al Senado de la Nación para su aprobación definitiva como juez.
Las vacantes son para dos cargos que no pasan desapercibidos para la política. En Comodoro Py tramitan las causas por corrupción del poder político y económico. Y los juzgados de primera instancia son el puntapié inicial de esos expedientes. De hecho, en los juzgados 6 y 11 hay causas importantes.
En el 6, que era de Canicoba Corral hasta su jubilación en julio del año pasado, está la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que está con órdenes de captura internacional para cinco iraníes acusados por el hecho. También tiene la causa por las presuntas irregularidades en la causa llamada “peajes”, en la que están imputados ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, en el Juzgado 11, de Bonadio hasta su fallecimiento en febrero del 2020, hay un remanente de la llamada causa de los “cuadernos de la corrupción” y tiene el expediente por presunto lavado de dinero en una cuenta que el fallecido fiscal Alberto Nisman tenía en Estados Unidos con 500 mil dólares.
Esas dos vacantes no son las únicas que hay en Comodoro Py. También están abiertos -y en una etapa más avanzada- los concursos para cubrir el Juzgado 12, que era de Sergio Torres, quien asumió como juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y el de los cargos en la Sala I de la Cámara Federal que hoy ocupan los magistrados trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También otro para seis cargos en los Tribunales Orales Federales, donde se juzgan las causas que llegan a juicio y que hoy tienen especial protagonismo por los expedientes que están allí de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de ex funcionarios de su gobierno y que podrían recibir las causas que involucran al macrismo.
A todos esos concursos, cuando finalice la parte técnica, vendrá la política. Para aprobar un concurso, con su terna de candidatos enviada al Poder Ejecutivo, en el Consejo se necesita una mayoría especial de nueve votos de los 13 consejeros que lo integran. Hoy el oficialismo cuenta con seis, más el de Camaño, una aliada del bloque en las decisiones clave, y la oposición también con seis. Por eso se necesitan acuerdos entre los dos sectores para poder avanzar en los concursos. Y eso implica repartir los cargos para los candidatos que tengan el visto bueno de cada sector.
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