El escándalo de la vacunación VIP sigue abierto pese a la resolución de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que archivó la investigación para 65 de los 70 “estratégicos” que recibieron la Sputnik V en las primeras semanas de vacunación. Entre los beneficiados de ese fallo aparecen Carlos Zannini, el periodista Horacio Verbitsky, el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. Para la jueza, no cometieron un delito, pese a la “legítima preocupación de la comunidad”, por lo que, a lo sumo, se los podría tildar de inmorales. Dentro de ese mismo expediente se investiga el envío de 10 dosis a la localidad del El Calafate en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Aunque pasaron varios meses, la Justicia todavía no pudo reunir toda la información sobre ese misterioso vuelo, pero ya cuenta con algunos indicios inquietantes.
El núcleo de la causa judicial es el vacunatorio VIP que se organizó en el Ministerio de Salud y las dosis asignadas al Hospital Posadas. La investigación sobre las vacunas enviadas a El Calafate el 23 de enero es parte del expediente principal pero quedó comprimida en el “legajo de investigación número 1”.
La denuncia original, a cargo de la diputada Graciela Ocaña, hablaba de más de 60 dosis, aunque luego el Ministerio de Salud informó que la partida para el hospital SAMIC de El Calafate eran “2 viales multidosis, de 5 dosis cada uno, de vacunas Sputnik V, componente 1”. La cartera que dirige Carla Vizzotti dijo en ese momento que era “un envío complementario” de la dosis ya enviadas y que era habitual “el intercambio de insumos entre hospitales dependientes de la órbita nacional”. En efecto, el SAMIC está en Santa Cruz pero depende del gobierno nacional y estuvo intervenido durante la presidencia de Mauricio Macri.
A la hora de intentar reconstruir la trazabilidad de esas dosis, los investigadores se toparon con varios problemas. Las dosis son parte de un lote mucho más grande identificado como 486081120R. De hecho, en los dos primeros meses del año se aplicaron un total de 256 dosis de mismo lote en el hospital SAMIC. El dato surge de un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colabora en la investigación junto al fiscal Eduardo Taiano.
De esas 256 dosis, 253 fueron registradas para “personal de salud”.
¿Quiénes son las otras 3 personas? El único que figura como “personal estratégico” es Sergio Orlando Vallejos. Según registros comerciales consultados por Infobae, tiene 42 años y cobra un sueldo del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz desde mediados del año pasado. Fue inmunizado el 9 de enero, apenas dos semanas después de la llegada del primer avión a la Argentina.
Del listado también sobresale Ramón Anjel Díaz (así figura en el sistema NOMIVAC y en la base de datos NOSIS) y su mujer, María Soledad Zazo Gómez. Tal como reveló esta semana el periodista Nicolás Wiñazki en el sitio TN, ambos trabajan hacen varios años en la casa de la vicepresidenta en El Calafate. Díaz cumple funciones como jardinero y ya tuvo que declarar en la causa “Los Sauces” porque figuraba hasta 2017 como empleado de esa sociedad. Su mujer es una de las históricas empleadas domésticas de la ex presidenta.
Según consta en la causa, Díaz (71) y su mujer (62) se vacunaron el 30 de enero en el hospital SAMIC y quedaron registrados en el sistema NOMIVAC en el rubro “Personas de 60 o más años”.
El “código de aplicación” que corresponde a la inoculación del jardinero es el número 174965706 y el de su pareja el 174965806.
Ese mismo día se vacunaron otras tres personas en el hospital de El Calafate: Santiago Cristian Piedrabuena, Fernando Ariel Piedrabuena e Iván David Chaile.
Los tres fueron registrados como “personal de salud”, aunque uno de ellos, Santiago Cristian Piedrabuena (45), es abogado. De hecho, en enero de este año fue designado “para cumplir funciones como abogado en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar El Calafate”. Así figura en el Boletín oficial de Santa Cruz.
El caso de Iván Chaile (39) es muy especial. Según los registros comerciales consultados por este medio, trabaja en el hospital SAMIC desde febrero de este año, aunque se vacunó el 30 de enero. En El Calafate lo vinculan de manera directa con Verónica De Cristófaro, ex directora del SAMIC y actual funcionaria del Ministerio de Salud nacional.
Chaile y De Cristófaro, ambos otorrinolaringólogos, recorrieron juntos la provincia de Santa Cruz mediante el Programa Red ORL, una iniciativa del Ministerio de Salud provincial, cuando esa cartera estaba a cargo de Rocío García, ex pareja de Máximo Kirchner, para llevar especialistas a distintos hospitales.
Con el cambio de Gobierno, la médica fue designada como presidenta del Consejo de Administración del SAMIC.
En marzo de este año, casi en simultáneo con la denuncias de Ocaña, De Cristófaro saltó del SAMIC al ministro de Salud nacional, donde fue nombrada por Carla Vizzotti como Subsecretaría de Articulación Federal. Su ascenso, no obstante, tiene apoyo político de La Cámpora.
La ahora funcionaria nacional fue una de las primeras en vacunarse. Según el listado al que accedió Infobae, recibió la Sputnik V el 9 de enero. En los registros aparecen otros directivos de ese hospital.
El vuelo de Aerolíneas Argentinas que denunció Ocaña llegó a El Calafate el 23 de enero. Una semana después se vacunaron la empleada doméstica, el jardinero, Chaile y los dos Piedrabuena. Aunque no hay certezas absolutas, los investigadores sospechan que les aplicaron las dosis que viajaron en ese avión por un pedido especial. Pero todavía no se sabe a dónde fueron a parar las otras cinco dosis.
En su último dictamen, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) le pidió a la jueza Capuchetti que insista con pedidos de informes y con otras medidas de prueba. La magistrada contestó con dureza: “El extenso objeto de la pesquisa que lleva adelante la PIA adolece de los requisitos necesarios para llevar a cabo una investigación penal, la cual debe estar dirigida a determinar hechos precisos, circunstanciados y acotados a un tiempo determinado”.
La diputada Ocaña sostiene que ya deberían haber citado a los pilotos del avión de Aerolíneas y a los directores médicos del SAMIC para que puedan aportar datos.
En marzo, el fiscal Taiano le pidió a Capuchetti que le solicite a Aerolíneas Argentinas un informe detallado sobre el vuelo a Calafate. También pidió que se investigue quién entregó las vacunas, quién estuvo a cargo del cuidado durante el vuelo y quién las recibió en el destino. Nunca se avanzó. La magistrada tampoco hizo lugar a un entrecruzamiento de llamados.
Las dosis del Posadas
El jueves, la jueza Capuchetti archivó la causa para 65 de los 70 vacunados que figuran en el listado difundido por el Gobierno tras la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud. El argumento principal fue que “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. De esa manera, con las normales actuales, solo podrían ser sometidos a la Ley de Ética Pública.
En el fallo, Capuchetti le sugirió a los diputados que hicieron las denunciadas sobre el mismo escándalo que trabajen para reformar las leyes. “Nada se legisló sobre la creación de tipos penales específicos sobre los planes de vacunación, como sí sucedió en otros países”, destacó.
En la misma resolución, la jueza decidió citar como testigos a los otros cinco vacunados porque no eran personal de salud, ni estratégicos y tenían menos de 60 años. Se trata de las dos hijas de Eduardo Duhalde, Juliana y María Eva (de 48 y 45 años), el periodista Gabriel Michi (de 52), y Néstor Mandraccio (59) y su pareja, Irene López (43).
Estos dos últimos tienen una casa de cambio en el barrio porteño de Liniers que trabaja con las colectividades boliviana y paraguaya. Aunque viajan por el mundo, Mandraccio solo tiene a su nombre un vehículo de 1980.
La jueza también decidió profundizar un dato aportado este martes por la PIA, aunque cuestionó el enfoque de su investigación. Esa Fiscalía detectó que 385 vacunados en el Hospital Posadas como “personal de salud” no serían médicos. “Sin perjuicio de lo prematura que es la valoración efectuada por la PIA, teniendo en cuenta la escasa actividad probatoria desarrollada por ese organismo para definir la supuesta irregularidad en la inoculación de aquellas personas mencionadas en el Anexo “B”, lo cierto es que se impone la necesidad de adoptar medidas de prueba que tengan por objeto establecer la real condición de esas personas”, contestó la jueza.
La decisión de Capuchetti ahora podrá ser apelada por el fiscal Eduardo Taiano o por el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
Mas allá de lo que decida la Cámara Federal sobre los que se vacunaron salteando la fila, en la causa siguen imputados Ginés González García; su jefe de gabinete, Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé; y el secretario de la cartera, Alejandro Collia.
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