La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si la causa conocida como “Paseo del Bajo” debe seguir investigándose. En el expediente están imputados el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del ex ministro de Transporte macrista, Guillermo Dietrich. Tanto el juez Claudio Bonadio como la Cámara Federal entendieron que no existió delito. Pero la Fiscalía presentó un recurso para insistir en que el cierre de la causa es prematuro y debe profundizarse en cómo se hizo la licitación. Ahora, la resolución sobre si el caso es reabierto quedó en manos de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucchi.
La base de la acusación gira en torno a si se adjudicó de forma indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor que el que hubiese correspondido, el tramo más oneroso de la licitación pública internacional en cuestión, en favor de la empresa IECSA, firma que era propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, y en 2017 fue vendida al empresario Marcelo Mindlin.
“Las escasas, erráticas y hasta en ocasiones incomprensibles medidas probatorias dispuestas por el juez que tuvo a su cargo la instrucción, lejos de descartar dichos extremos, vinieron a sembrar más dudas sobre la regularidad del procedimiento administrativo desarrollado en el seno de AUSA para la licitación de la obra Paseo del Bajo”, sostuvieron en su recurso de apelación el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y el fiscal subrogante de la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe.
A criterio de la fiscalía, “no hay elementos suficientes que autoricen a confirmar los sobreseimientos”. Los acusadores afirmaron: “Sigue transcurriendo el tiempo y esta parte se ve impedida de recolectar la prueba necesaria para efectuar un análisis conglobante y definitivo de la hipótesis que se trajo a estudio que permita sostenerla o descartarla. Tal lapso temporal no es atribuible a esta parte sin perjuicio de lo cual, generó y sigue generando consecuencias negativas para los intereses representados por este Ministerio Público Fiscal, es decir el interés general de la sociedad”.
La Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, concedió esta semana el recurso solicitado por el Ministerio Público y el caso llegó a Casación, donde -por sorteo- serán los jueces Slokar, Mahiques y Yacobucchi los que deberán analizar si reabren la causa, como quieren los fiscales, o ratifican los pronunciamientos de primera y segunda instancia, en donde se sostuvo que “no se corroboró un perjuicio al Estado en la construcción y adjudicación de la obra”.
La causa investiga si en el gobierno de Cambiemos se favoreció al firma IECSA en uno de los tramos de la licitación para construir uno de los tramos del corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata y se emplaza entre las arterias Alicia Moreau de Justo – Avenidas Huergo-Madero de la ciudad de Buenos Aires. La obra se convirtió en uno de los emblemas del macrismo durante la campaña del 2019.
“El dinero de las obras ya no termina en bolsos que vuelan por el aire”, había dicho Macri arrodillándose y tocando el piso, en una clara alusión a las denuncias de corrupción que salpicaban al kirchnerismo con la causa Cuadernos o la figura en el convento del ex secretario de Obras Públicas José López.
Sin embargo, para esa altura, ya existía una causa penal en Comodoro Py. La denuncia por estas obras fue radicada el 25 de octubre del 2018 por Fernando Míguez, de la Fundación del Cambio Climático, a la que luego se le sumó otra investigación realizada por la Procuración de Investigaciones Administrativas. Se habló de delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Los imputados son el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación: el presidente de la firma Carlos María Frugoni y Natalia Bustos, jefa de Compras.
Según la fiscalía, la maniobra sospechada estaba en que se había adjudicado el último tramo de la obra a la unión transitoria conformada por IECSA y Fontana Nicastro SA mediante la alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, beneficiando indebidamente a esa unión de empresas. Otros dos ejes de la denuncia apuntaban a la inclusión de las obras de infraestructura civil del llamado “RER” y la remoción de un gasoducto.
En diciembre de 2019, el juez Bonadio dictó el sobreseimiento de todos los involucrados por entender que no hubo delito. Tanto la fiscal Alejandra Mángano como el titular de la PIA entendieron que archivar la causa así era “prematuro” y reclamaron una serie de medidas de prueba para saber si se estaba detrás de un hecho de “corrupción”.
En mayo pasado, la Cámara Federal ratificó el criterio de Bonadio. “No toda alteración de una disposición que regula materias reglamentarias constituye necesariamente una ilicitud penal”, afirmaron Bruglia, Llorens y Bertuzzi. “La afirmación de que las modificaciones al orden de prelación fueron el instrumento para ‘direccionar’ la licitación en favor del consorcio integrado por IECSA no se corresponde con las circunstancias fácticas en que se desarrolló el proceso licitatorio en cuestión”.
Una vez más, la PIA apeló el cierre junto al fiscal Agüero Iturbe. El dictamen afirmó que las conclusiones a las que llegó la Cámara Federal fueron “prematuras, cuando no antojadizas, pues no derivan razonablemente de la simple lectura de las pruebas recolectadas”. La fiscalía sostuvo que busca seguir investigando para “dilucidar si efectivamente nos enfrentamos a un acto de corrupción”.
“Nuestro cuestionamiento no surca la concreción material de la obra, ni los beneficios que trajo aparejada; sino sobre el procedimiento licitatorio y su –posible- direccionamiento, para beneficiar a empresarios a costa del Estado frente a la existencia de indicios más que suficientes que dan acabada cuenta de la necesaria profundización de la investigación. Tareas éstas a desarrollarse respetando todos los derechos y garantías, entre los cuales se inscribe el de obtener un juicio justo; no existiendo en nuestro catálogo constitucional un derecho al no juicio, es decir a no ser investigado, máxime frente al carácter de funcionarios públicos que revestían varios de los supuestos involucrados”, dijeron. La decisión queda ahora en manos de Casación.
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