Durante semanas, en silencio y fila india, abogados de traje color Tribunales y altos ejecutivos de Pfizer y otras empresas farmacéuticas radicadas en Estados Unidos, atravesaron los controles de la Casa Rosada y marcharon con paso rápido hacia una oficina que está muy cerca del Patio de las Palmeras. Vilma Ibarra esperaba en el vano de la puerta, ofrecía café, te y agua mineral, y con precisas instrucciones de Alberto Fernández protagonizaba una filosa negociación que tenía tres condiciones básicas: era secreta, no podía implicar garantías económicas y su soporte jurídico sería una nueva ley sancionada por el Congreso.
La secretaria Legal y Técnica no estaba sola en una batalla de abogados que se libraba bajó una permanente tormenta mediática, la presión política de Juntos por el Cambio y el monitoreo sutil del Ala Oeste de la Casa Blanca, que aceitaba la toma de decisiones asumiendo que Argentina regresaba todas las semanas a China y Rusia para conseguir vacunas que Estados Unidos negaba por específicas razones jurídicas.
Ibarra tuvo el aguante de Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini y Cecilia Todesca sus compañeras de travesía en estos casi diecinueve meses en el poder. La ministra de Salud, la asesora presidencial y la vice jefe de Gabinete siempre acompañaron a la secretaria Legal y Técnica -desayuno, almuerzo y cena-, y cerraban filas cuando la abogada más importante del Gobierno comentaba las traiciones cotidianas de Balcarce 50.
Ibarra reporta directo a Alberto Fernández y era contenida por Vizzotti, Nicolini y Todesca. El Presidente y la Secretaria se conocen de memoria, y recitan sin error títulos enteros del Código Penal de la República Argentina. Alberto Fernández explicó a Ibarra qué pretendía en la negociación con Pfizer, y la secretaria se plantó en una larga negociación que después sumó a los laboratorios Moderna y Johnson.
Ibarra conoce el poder y la política desde que leyó el Que Hacer de Lenin cuando aún estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires, y asumió rápido que Pfizer, Moderna y Johnson estaban haciendo una cartelización en sus reclamos. No le preocupó. Tenía una simple instrucción presidencial: sin perder soberanía legal, debía cerrar el acuerdo con las compañías farmacéuticas.
La clave jurídica de la negociación emprendida por Ibarra está en una palabra técnica del artículo 4 de la Ley de Vacunas. Ese artículo establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de incorporar en los contratos con proveedores públicos y privados “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
Negligencia es la palabra que trabó la firma del contrato entre el Estado Nacional y Pfizer. Este empresa ya firmó acuerdos comerciales con 116 países, y ese concepto jurídico no aparece en ninguno de los convenios comerciales entre la empresa de los Estados Unidos y sus clientes soberanos alrededor del planeta.
Pfizer propuso superar el escollo legal a través del deposito oficial de una garantía millonaria en dólares en la sucursal del Banco Nación en New York. Alberto Fernández e Ibarra dijeron que no.
Y a continuación, Pfizer, Moderna y Johnson plantearon una serie de interpretaciones jurídicas que Ibarra fue puliendo con sus visitas constantes al despacho presidencial de Balcarce 50 o de la quinta de Olivos.
A miles de kilómetros de la Casa Rosada, los asesores de Joseph Biden para América Latina también usaban la diplomacia política para acercar posiciones. Fue una tarea compleja por la desconfianza de las compañías de los Estados Unidos sobre la seguridad jurídica de la Argentina, pero en Washington entienden que es mejor encontrar un punto de contacto con la administración del Frente de Todos que regalar espacios geopolíticos a Beijing y Moscú.
Hace pocas horas, Vilma Ibarra entregó a Alberto Fernández un nuevo borrador del Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) que compatibiliza la legislación nacional con las disposiciones básicas de indemnidad penal que están en todos los contratos firmados por compañías extranjeras o locales que se rigen por las normas de los Estados Unidos.
Se trata de un puñado de reglas jurídicas que modifican y/o interpretan el artículo 4 de la Ley de Vacunas. La palabra “Negligencia” continuará en la norma aprobada en el Congreso, pero su hermenéutica estará condicionada por el trabajo legal que ejecutó Ibarra con las instrucciones directas de Alberto Fernández.
Pfizer, Moderna y Johnson ya aceptaron los términos del último borrador puesto a consideración por el Gobierno. Y después de la promulgación del DNU, lo único que faltaría es la firma de los contratos entre el Poder Ejecutivo y las compañías radicadas en los Estados Unidos.
Vilma Ibarra deseaba que el acuerdo con Pfizer tuviera una ley como marco jurídico. Pero esa pretensión hubiera causado un inevitable costo político a Alberto Fernández: la oposición habría preguntado en el Parlamento porqué se demoró tanto en resolver este conflicto legal, cuando las vacunas de Pfizer eran necesarias para aplacar la faena mortal del COVID-19.
El 10 de julio de 2020, Alberto Fernández recibió por primera vez a los directivos de Pfizer en la quinta de Olivos. Sucedió hace casi un año.
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