Diferencias en el Gobierno por la creación y financiamiento de un salario universal propuesto por los movimientos sociales

En el contexto electoral, en medio de la crisis económica y social, la implementación de un “ingreso” o “salario universal” está en plena ebullición en el Frente de Todos y genera diferencias. Hace semanas circulan distintos borradores en las dependencias estatales nacionales y de la Provincia de Buenos Aires con propuestas variadas de los movimientos sociales y del kirchnerismo, que dialogan entre sí. Mientras tanto, en los ministerios de Desarrollo Social y Economía se muestran reacios o ajenos y Alberto Fernández monitorea el tema, sobre el cual aún no hay definiciones.

Los diálogos en la coalición de gobierno se producen por lo bajo entre movimientos sociales, funcionarios nacionales y provinciales, y legisladores con ascendencia en el Frente de Todos en el Congreso, según pudo reconstruir Infobae. Escala la presión sobre la Casa Rosada para que se incrementen y modifiquen las ayudas sociales de cara a la preocupante situación social.

El martes, el presidente Alberto Fernández dio una señal al recibir al director del Banco Nación, Claudio Lozano, y escuchar su propuesta de un “ingreso básico universal de $8.500 para personas entre 18 y 65 años en situación de desempleo, informalidad o monotributistas con ingresos inferiores al salario mínimo”, según detallaron fuentes del referente de Unidad Popular.

La medida sería “incondicional”, es decir, que no exigiría una contraprestación laboral, a diferencia de lo que proponen desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde habita el dirigente social Juan Grabois, uno de los principales impulsores de la medida. Cerca de Lozano dijeron que en paralelo proponen un plan de trabajo para 4 millones de personas. La respuesta del primer mandatario, según dijo el dirigente a la prensa, fue que “debe discutirse a la luz de la disponibilidad de recursos”.

En la Casa Rosada admiten que es un asunto bajo análisis, pero le bajan el tono. Desde el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, sostuvieron que no tienen en carpeta una política en este sentido, y que aún no fueron consultados al respecto, pero que están al tanto de las discusiones que se mantienen sobre un eventual ingreso universal, en distintos ámbitos del Estado. Y destacaron la preocupación del ministro por la situación social.

Los movimientos sociales vieron en la política de restricción fiscal de Guzmán el año pasado un freno para impulsar este proyecto. El presupuesto que se estableció para 2021 tampoco lo permitiría. En tanto, el Instituto Patria ve el freno al gasto público como un problema, en especial en el año electoral.

En Desarrollo Social admiten que el salario universal es uno de los temas que “se viene discutiendo”, pero le restaron importancia, y aseguraron que no está en los planes implementarlo en lo sucesivo. En cambio, destacaron la importancia de la Tarjeta Alimentar. También, la actualización en un 70%, del monto del reintegro a los consumos realizados con tarjeta de débito de los sectores de menores ingresos que se anunció esta semana.

“Hay una tensión, pero también una discusión constructiva que hay que dar”, dijo un vocero del oficialismo que está al tanto de las conversaciones. “Ante la urgencia de este gobierno para contener a los sectores más vulnerables, la Tarjeta Alimentar, ¿fue una mala solución? No. Ahora, la pregunta es si debe seguir siendo una política central, o debe reforzarse la AUH, o ir a un salario universal. La discusión discusión está abierta”, agregó.

Hay varios borradores dando vueltas entre organizaciones sociales, el Congreso, el gobierno nacional y el de la Provincia. Las diferencias entre unos y otros yacen principalmente en puntos clave vinculados a la exigencia o no de una contraprestación laboral; el monto, y el financiamiento. Las de máxima apuntan a salarios en torno al 80 por ciento de la canasta básica, que representaría una erogación de entre uno y dos puntos del PBI.

Fuentes la Utep lo consideraron “un tipo de medida urgente”, y dijeron que buscarán que se aplique por ley y “consenso”. Quieren desligarlo de una medida de corte asistencialista por motivos proselitistas: buscan que sea “parte de la discusión en las elecciones”, pero no una forma de entregar dinero “durante” el proceso electoral. Fuentes del Instituto Patria, sin embargo, dijeron que no descartan que una “primera experiencia” se impulse durante los comicios. Hay preocupación en ese sector por la merma en las adhesiones entre los votantes del núcleo duro.

Los movimientos sociales encadenan el apoyo a esta medida con la exigencia que vienen planteando a la Casa Rosada de un viraje “hacia el trabajo” en las ayudas sociales que otorga el Estado. Una de las propuestas con más fuerza dentro de la UTEP es impulsada por el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Grabois, de relación oscilante con el Gobierno.

El dirigente social se mostró crítico con la Casa Rosada con su embestida contra el incremento de la Tarjeta Alimentar, que había anunciado el Presidente junto a su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Museo del Bicentenario, con gran despliegue. También el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, había dejado conocer su fuerte malestar.

Esas quejas se produjeron la misma semana en la que el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, también funcionario de Axel Kicillof en La Plata, deslizó la necesidad de que se volviera a un esquema de ayudas similar al Ingreso Federal de Emergencia (IFE) que otorgó el Gobierno nacional el año pasado de forma puntual para paliar las consecuencias socioeconómicas del freno de actividades por la cuarentena. Después, para frenar los rumores de internas y presiones a la Casa Rosada, en su entorno bajaron el tono al pedido. En La Plata hoy también se discuten políticas universales, de modo subterráneo.

El tema está a la orden del día. Las organizaciones sociales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) tuvieron un encuentro por Zoom ayer donde discutieron una serie de propuestas que llevarán al Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social y al Congreso. Planean hacerlo en la fecha simbólica del 7 de agosto, el Día de San Cayetano. Entre ellas, la principal es un salario universal, aunque plantearán también un plan de salud para los 6 millones de personas que son consideradas parte del universo de la economía popular; así como créditos no bancarios, a través de mutuales y cooperativas.

La cuestión social preocupa al Gobierno, en especial cuando se acercan las elecciones y cuando uno de los temas clave para los votantes es el bolsillo. El problema es la forma de enfrentarlo. Mientras el Gobierno insiste con la Tarjeta Alimentar, se elaboran otros planes con mirada “universal” entre los movimientos sociales, en sintonía con el Instituto Patria.

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