“Elegimos el mal menor. Si entra la variante Delta, dentro de tres semanas nos van a criticar por la ocupación de camas y el cierre de comercios”. Con esas palabras, un vocero del Gobierno defendió el cuestionado cupo que se impuso al ingreso de argentinos desde el exterior. En la Casa Rosada, hasta el martes por la tarde se mantenían firmes en la decisión que se anunció la semana pasada y que rige hasta el 9 de julio. Ante el pedido de parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la organización que nuclea a las empresas, de un encuentro con las autoridades nacionales, desde el Ministerio de Transporte aseguraron que “ya hablan” con las compañías de líneas aéreas. Sin embargo, en la Casa Rosada evalúan la posibilidad de recibirlos en el marco del actual conflicto.
La medida, que se anunció el viernes y lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es ejecutada por el Ministerio de Transporte, a cargo de Alexis Guerrera, y monitoreada por la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior que comanda Eduardo “Wado” de Pedro. En esa cartera dijeron que la medida nacional busca “priorizar la salud por sobre las necesidades comerciales” e insisten en que todos los argentinos que viajaron al exterior en los últimos meses viajaron a sabiendas del “riesgo” que representaba en la pandemia, y que incluso firmaron una declaración jurada donde, entre otras cosas, aceptaban que eventuales medidas sanitarias les impidieran regresar.
Ayer, la IATA dijo que “comprende” al Gobierno en su intención de “proteger a salud de sus ciudadanos”, pero destacó que la nueva medida “obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”. Se expresó a través del vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, y pidió un encuentro con las autoridades nacionales.
Esta tarde, voceros de Transporte aseguraron a Infobae que no estaba previsto que la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC), institución encargada de disponer un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos que se encuentran en el exterior, reciba a la IATA en una reunión extraordinaria en el actual contexto. “Las aerolíneas ya están hablando con la ANAC todos los días para la reprogramación de vuelos, dijeron desde el ministerio que conduce Guerrera. “Hay diálogo constante”, remarcaron. Mientras tanto, en la Jefatura de Gabinete evalúan el pedido de reunión, pero aún no brindaron definiciones.
En los últimos días hubo un cruce de versiones sobre los argentinos que se encuentran en el exterior entre las empresas de líneas aéreas y el Gobierno. El sector privado asegura que son más de 45 mil, mientras que desde la Casa Rosada dicen que “no pueden llamarse varados” y aseguran que “sólo deberán reprogramar sus vuelos y retrasar unos pocos días su regreso”. “Las autoridades de las empresas saben desde el año pasado cuáles son las medidas que se están tomando”, dijeron fuentes de Interior.
Ante la escalada del conflicto, la titular de Migraciones, Florencia Carignano, relativizó hoy el problema que acusaron las aerolíneas. “No hay varados. En realidad se trata de 45 mil argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses”, dijo la titular de la DNM según un comunicado que dio a conocer el ministerio. Y detalló que, según datos del organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el último mes unos 26 mil argentinos salieron del país con fines turísticos, de los cuales 10 mil lo hicieron en la última semana.
En el Gobierno aseguran que la medida se tomó en base a las evaluaciones que realiza sobre la variante Delta el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti, donde hay preocupación por el impacto que pueda llegar a tener en el sistema sanitario argentino. También se decidió luego de los registros de incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio de los argentinos que llegan desde el exterior. La semana pasada, Interior difundió un informe que indicaba una situación “grave” en ese sentido. Hoy, en la Casa Rosada responsabilizaban a las jurisdicciones por la falta de control de las cuarentenas de los viajantes, pero admitían que es “muy difícil” hacer un seguimiento estricto de los movimientos de los recién llegados.
Por ahora, el Gobierno se mantiene firme en su postura con respecto al cupo, y no descarta extenderlo cuando venza el plazo actual. Mientras tanto, IATA, entidad que agrupa al 80 por ciento de las compañías aéreas a nivel internacional, mantiene su reclamo y su pedido de una reunión con las autoridades nacionales, aunque hasta ahora no tuvo respuesta positiva.
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