La decisión de llevar adelante la audiencia oral y pública que pidió la defensa de Cristina Kirchner para reclamar la nulidad de la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el Memorándum con Irán desató un vendaval dentro del expediente. El reclamo de recusación contra el tribunal por parte de los dos familiares de víctimas de la AMIA constituidos en querellantes fue rechazado por los propios magistrados en las últimas horas, que ratificaron la decisión de llevar adelante la audiencia y las medidas de prueba que apuntan al rol de Casación. Pero a la espera de que sus pares decidan si deben ser apartados o no, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, uno de los acusados en este proceso, se presentó en el expediente para acusar a la querella de ser los responsables del freno de la causa.
“Queda en evidencia que quienes impiden que el proceso avance son justamente los querellantes, que desarrollan una especie del catalogado por la ciencia como síndrome ‘adámico’, característico de echarle la culpa a los demás, de situaciones que justamente ellos mismos provocan”, sostuvo en un escrito que presentó esta mañana el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini en donde reclamó que se rechace in limine la recusación que pidió la querella por sus “temerarios planteos” a través de “una descalificable aventura procesal”.
A criterio de Zannini, “lo que motiva sus presentaciones es que los jueces han decidido, por primera vez en los seis años de proceso, que lo actuado tenga publicidad, y no se limite a las oscuras páginas de un expediente”. Eso, dijo, “aterra a las acusaciones privadas, que son completamente conscientes de que esta causa nunca debió existir y que ello puede ser percibido por cualquier persona; el hecho de que salga a la luz significaría revelar la arbitraria, enceguecida e incalificable persecución de un sector ideológicamente contaminado de la jurisdicción y de las querellas a personas totalmente inocentes que, hace mucho tiempo, están sometidas a un injusto proceso”.
Y agregó: “El temor de las querellas no es a la parcialidad, como trasunta en sus planteos, sino a que se convalide la verdad.
Todo se enmarca en la causa que nació en enero de 2015 con la denuncia del fiscal Alberto Nisman acusando a Cristina Kirchner, entonces presidenta, y a varios de sus funcionarios de haber montado un plan de impunidad a través de la firma del Memorándum con Irán. En esa hipótesis, aquel documento tenía como fin favorecer a los iraníes acusados de haber planificado el atentado contra la AMIA, haciendo caer las alertas rojas de Interpol.
Aunque el juez Daniel Rafecas desestimó originalmente la denuncia, nueva prueba –una grabación al ex canciller Héctor Timerman- sirvió para impulsar la reapertura del caso, según lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal a fines de 2016. Un año después, el juez que se había quedado con la causa, Claudio Bonadio, firmó procesamientos y prisiones preventivas para la entonces ya senadora Cristina Kirchner, Timerman (con arresto domiciliario por su estado de salud) o el propio Zannini (que no estaba originalmente en la denuncia de Nisman), entre otros. La causa pasó en marzo de 2018 a juicio oral y allí se ordenaron la excarcelación para todos, salvo para el ex líder de Quebracho Fernando Esteche que tenía otra condena.
El año pasado, la defensa de Zannini hizo la primera jugada para intentar voltear el proceso: llamar como testigo, antes del juicio oral, al ex directivo de Interpol Ronald Noble, quien públicamente siempre negó que las alertas rojas fueran a caer, como sostenía Nisman. La querella se opuso porque consideran que Noble debe ser imputado (fue sobreseído por el sucesor de Bonadio, Marcelo Martínez De Giorgi, pero la decisión fue apelado en la Cámara Federal y aún no fue resuelta). La declaración de Noble aún no pudo concretarse porque Interpol no lo habilita.
Pero la revelación sobre los encuentros con el entonces presidente Mauricio Macri con dos jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky llevaron a las defensas de Cristina Kirchner y del ministro bonaerense Andrés Larroque a pedir la nulidad de la causa del Memorándum porque esos dos magistrados intervinieron en la reapertura de la causa contra la hoy vicepresidenta. Y reclamó medidas de prueba para corroborar esas reuniones y la realización de una audiencia oral y pública para ventilar la cuestión.
En ese contexto, el 18 de junio, el TOF 8 decidió hacer lugar a audiencia para analizar estos planteos, tras el aval formulado por el fiscal Marcelo Colombo. “Si bien la audiencia oral y pública solicitada no se encuentra prevista en el Código Procesal de la Nación para resolver nulidades, no hay ninguna razón para desalentar su celebración”, dijeron los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michillini y Daniel Obligado.
El 22 de junio, la querella entonces pidió la recusación de los tres jueces y también del fiscal Colombo porque, a su criterio, los últimos hechos en la causa “generan un razonable temor o sospecha de parcialidad que no se encuentra sustentado en meras creencias, sino en actos concretos”. Ahí hablaron no solo de la audiencia “inventada”, según sus palabras, sino también de la citación a Noble. A la jueza también le achacaron no haberse inhibido cuando Casación apartó anteriormente a otra colega, Sabrina Namer.
El viernes pasado, los jueces Lopez Iñiguez, Michillini y Obligado hicieron su informe en donde rechazaron su apartamiento. Allí plantearon lo extemporáneo del cuestionamiento por la citación a Noble y afirmaron que la recusación estaba fundada en el “mero desacuerdo de la parte con una decisión” del TOF. No se entiende, dijeron, como eso “representa una clara tentativa de “frustrar el juicio” y/o justificaría el éxito de una recusación como la que aquí se intenta”.
En esa respuesta, los jueces también rechazaron suspender la producción de medidas de prueba sobre las reuniones que habrían mantenido Hornos y Borinsky, y también la realización de la audiencia que aún no tiene fecha. También fijaron para el 7 de julio la realización de la audiencia para evaluar la recusación contra el fiscal Colombo, algo que debe ser resuelto por el TOF. Mientras tanto, aguardaban que otros miembros de un TOF revise el planteo recusatorio.
En ese contexto se presentó ahora Zannini para pedir que se rechace la recusación solicitada por la querella. “Se advierte que los acusadores buscan evidenciar una utilitaria alteración de proceso, inclusive contraria a los que legítimamente serían sus propios intereses. Basta con leer unas pocas líneas para darse cuenta de que –una vez más-, guía las presentaciones de las querellas su continuo afán de frustrar que avance la causa, transitando las alternativas legales admitidas por el procedimiento, como única solución lógica y justa capaz de poner fin a este bochornoso proceso penal”, sostuvo el ex secretario Legal y Técnico de las gestiones kirchneristas.
Zannini sostuvo que, “con endebles argumentos”, “los distintos ejes sobre los que los acusadores particulares pretenden lograr el apartamiento de los Magistrados y del Fiscal de Juicio, son tan inexactos como improcedentes”. “Queda en evidencia que quienes impiden que el proceso avance, son justamente los querellantes, que desarrollan una especie del catalogado por la ciencia como síndrome ‘adámico’, característico de echarle la culpa a los demás, de situaciones que justamente ellos mismos provocan”, afirmaron.
“Uno esperaría que la débil construcción penal encausada en este vergonzoso proceso se cayese al primer soplo. La triste realidad es que hace más de seis años que esta causa se sostiene sobre los inventos más disparatados y peores maniobras ilegales. No contentos con elaborar interpretaciones inverosímiles del derecho, los acusadores privados se refieren a hechos inexistentes y lo peor es que, hasta al momento, pareciera que obtienen resultados. Lo cierto es que, si queremos recuperar algo de la mancillada imagen de nuestra justicia, se le debe poner un freno a este accionar subalterno y despiadado, que lesiona profundamente los cimientos de la República”.
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