Alberto Fernández enfrenta un dilema político que aún no tiene solución: Cristina Fernández de Kirchner -a través de sus habituales voceros- ya explicitó que los 4.300 millones de dólares que llegarán en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) “deben destinarse a compensar los impactos negativos de la pandemia”, mientras que la Casa Blanca y los negociadores del Fondo Monetario Internacional -en todos los niveles- explicaron a Alberto Fernández que las partidas extraordinarias que se remitirán en agosto se deben usar para cancelar las deudas de capital que vencen en septiembre y diciembre de 2021.
Durante un cónclave en Chapadmalal que Alberto Fernández protagonizó con su ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, se diseñó una estrategia de negociación con el Fondo que implicaba pagar los intereses y refinanciar los vencimientos de capital previstos para 2021.
Esa hoja de ruta fue cuestionada por el FMI: su staff en Washington adelantó a Guzmán que sólo se refinanciaban las deudas de capital, si había un programa económico sustentable que permitiera conceder un Crédito de Facilidades Extendidas para pedalear los 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri dejó como deuda impaga tras su mandato presidencial.
Y si ese programa no existía, o el crédito de Facilidades Extendidas no estaba concedido, Argentina debía cancelar los pagos de capital previstos para septiembre y diciembre de 2021. Esa exigencia del Fondo era rechazada de frente por Alberto Fernández.
“Vamos a honrar la deuda, pero no con ajuste. El Fondo tiene que esperar”, repetía Alberto Fernández cuando le preguntaban desde Washington si el país tenía previsto cancelar los vencimientos del último trimestre de este año.
La crisis económica y social causada por la pandemia a nivel global cambiaron las reglas de juego en el FMI, y se abrió una nueva instancia de negociación sujete a la decisión del G7 de distribuir una ayuda extra de 650.000 millones de dólares en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG).
La decisión política del G7 -liderado por Estados Unidos y Alemania- implicaba que Argentina recibiría 4.300 millones de dólares en DEG que no estaban en los cálculos de Alberto Fernández y Guzmán, y otra suma parecida o mayor si los estados ricos resolvían distribuir su alicuota de DEG´s entre los países pobres más afectados el COVID-19.
Entonces, los DEG´s que le tocan a la Argentina -cerca de 4.300 millones de dólares- modificaron la estrategia que ya habían diseñado el Presidente, su ministro Guzmán y Chodos en Chapadmalal. Con esas partidas extras, el Gobierno podía pagar los vencimientos de septiembre y diciembre (casi 4.000 millones de dólares) y evitar un obstáculo complejo en la negociación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Hace tres meses, Guzmán dialogó con los negociadores del FMI y adelantó que los vencimientos de septiembre y diciembre se cancelarían con los 4.300 millones de dólares que llegarían a las arcas públicas en concepto de Derechos Especiales de Giro. El ministro es vertical, y jamás da un paso estratégico sin consultar al Presidente.
La información adelantada por Guzmán a Julie Kozack, subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, y al venezolano Luis Cubeddu, jefe de la Misión para Argentina, aflojó ciertas tensiones en Washington. El staff del Fondo se atraganta cada vez que refiere a la Argentina, y la noticia de un pago en tiempo y forma es un acontecimiento inusual para la relación política que vincula al país con el organismo multilateral de crédito.
Cristina Fernández de Kirchner se enteró de los DEG´s que se enviarían desde el FMI y de la decisión de Alberto Fernández de usarlos para pagar los vencimientos de capital de septiembre y diciembre. La Vicepresidente es muy cuidadosa con los secretos de Estado, y antes de avanzar en su propia estrategia de negociación con el FMI, consultó con el Presidente y su ministro de Economía.
CFK confirmó la información, y dialogó a solas con Axel Kicillof, que es gobernador bonaerense y su ministro de Economía en las sombras. Cristina escuchó los argumentos de Kicillof, y días más tarde, el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de Declaración que cuestionaba la estrategia diseñada por Alberto Fernández y ejecutada por Guzmán desde Buenos Aires y Chodos en DC.
“Si nosotros utilizamos los derechos de giro para pagar la deuda que tenemos, vamos a terminar ampliando la desigualdad con el resto de los países que van a recibir fondos y, además, van a recibir lo que nosotros paguemos”, argumentó Parrilli en el recinto de la Cámara Alta para defender su iniciativa.
Y remató: “Lo que estamos previendo es ayudar a nuestro gobierno para que tenga todos los elementos a su favor para que cuando se siente a negociar, negocie pensando además de en el equilibrio fiscal, comercial y pagando las deudas, piense en el equilibrio social”.
Alberto Fernández no comparte la ideología y la mirada agonal de la política que Parrilli practica por orden de CFK. Y cuando se enteró de la iniciativa del senador oficialista, se encogió de hombros. “Es sólo un proyecto de declaración. No sirve para nada”, comentó el presidente en la intimidad de Olivos.
La mirada despectiva de Alberto Fernández contrastó con la inmediata reacción de la línea burocrática del FMI. Julie Kozack, subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, y Luis Cubeddu, jefe de la Misión para la Argentina, se comunicaron con Guzmán para conocer la influencia política del proyecto aprobado con la mayoría kirchnerista del Senado.
El ministro trató de contener a Kozack y Cubeddu, una tarea ingrata con escaso resultado. Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional plantearon que los 4.300 millones de dólares en DEG´s para la Argentina tenían que tener una cláusula ad hoc que estableciera que su uso debería ser “unicamente” para cancelar las deudas contraídas con el organismo multilateral de crédito.
La cruzada de Kozack y Cubeddu chocó con los límites institucionales previstos en el propio reglamento del FMI. Había decisión política en Washington de evitar que los 4.300 millones de dólares en DEG´s fueran usados para la campaña electoral, pero los estatutos internos jugaron a favor de Cristina y el ala dura del kirchnerismo.
Sin embargo, el asunto quedó planteado en el staff del FMI y después escaló hasta el despacho de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo. Georgieva escuchó los argumentos técnicos y políticos de Kozack y Cubeddu, y después ejecutó dos movimientos casi sucesivos: ordenó que se comunicara a las autoridades argentinas que los 4.300 millones de dólares en DEG´s tenían que usarse para cancelar los vencimientos de capital de 2021, y trató el tema con Yenet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.
En este contexto, se entiende porqué Yellen abrió la posibilidad de una posible audiencia con Guzmán. La secretaría del Tesoro quiere saber si la estrategia de negociación con el FMI responde a las instrucciones de Alberto Fernández o se va a adecuar al proyecto de Declaración que defendió Parrilli y bosquejó Kicillof por pedido de CFK.
Frente al dilema planteado por Cristina Fernández de Kirchner y Kristalina Georgieva, el presidente se mueve con muchísima cautela. Si paga se enfrenta con el ala dura del kirchnerismo, y si no lo hace pone al país rumbo a un nuevo default.
Final abierto.
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