La ciudad de Reconquista, en Santa Fe, se convirtió en un escenario central de la crisis habitacional, después de que en un lapso de 10 días se produjeran dos usurpaciones de tierras. La solución al conflicto todavía parece lejana.
El 10 de junio, unas 816 familias ocuparon los terrrenos pertenecientes al campo de una familia de apellido Cian, en el barrio de Belén. Y en el transcurso del viernes, al menos unas 100 familias se establecieron en un campo ubicado en el Departamento de General Obligado perteneciente a la empresa ganadera Ernesto Roberts SCA, que se ubica nada menos que a menos de un kilómetro de la plaza principal de la ciudad.
La diputada de la Coalición Cívica Lucila Lehmann repudió de manera pública la primera usurpación del 10 de junio. Además, apuntó a sectores del kirchnerismo provincial como los instigadores de las tomas.
“Repudio la toma ilegal de tierras en Reconquista y de cualquier propiedad privada de mi país. Más aún, cuando se trata de una usurpación armada y violenta. Resulta sumamente reprochable la justificación política que pretenden hacer ciertos sectores del kirchnerismo. Parece que se olvidan eso de que “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”, afirmó la legisladora.
Y agregó: “La provincia de Santa Fe está padeciendo usurpaciones de manera constante e insostenible. Se está violentando la propiedad privada y el primer derecho a respetarse. El kirchnerismo justifica una toma ilegal y violenta con fundamentos carentes de sentido común. Con sus ideas vacías, castigan al sector privado que es el único que puede generar trabajo legítimo y sacar a la gente de la pobreza””.
La dirigente acusa al kirchnerismo a raíz de un comunicado difundido por una agrupación de mujeres locales ligadas al Partido Justicialista de Santa Fe, en apoyo a las familias que se instalaron en los terrenos en disputa. En ese documento, el conjunto de organizaciones también cuestionaron las formas para alcanzar sus objetivos.
“El movimiento de Mujeres Peronistas de Reconquista, en el marco de la toma de tierras que protagonizan vecinos y vecinas de nuestra ciudad, manifestamos nuestro reconocimiento a su derecho a la vivienda y de sus necesidades sociales, porque responde a los principios del Movimiento Nacional Justicialista. Ya lo expresaba Evita. ‘Donde existe una necesidad, nace un derecho”, somos fieles a estos principios, pero rechazamos el uso de todas las formas de violencia para el logro de estos objetivos. Desaprobamos además cualquier actitud de violencia institucional de las fuerzas policiales contra el pueblo”, se informó en la parte inicial del comunicado.
El documento estuvo firmado por diferentes agrupaciones e individuos como Soledad Zalazar, Gabriel Gasparutti, Marta Staringher, Estela Pietropaolo y Jorge Micheli.
Una representante de la toma se reunió con el intendente de la ciudad, Amadeo Enrique Vallejos, pero no aceptó la propuesta de abandonar el terreno para trabajar luego en conjunto en políticas habitacionales.
De acuerdo al Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, el fiscal Leandro Mai imputó a tres personas de entre 20 y 27 años que agredieron al personal policial que intentaba retirar a las familias del lugar.
Como resultado de ese suceso, 13 policías sufrieron heridas leves y se dañaron cinco patrulleros.
“De acuerdo a la información que nos ha llegado de buena fuentes esta es una maniobra de punteros políticos del PJ que están involucrados en la toma de tierras, aprovechándose de la necesidad de la gente y su cercanía por su actividad política, ejecutando una línea que llega desde nación. Hay que decirlo. Cuando el Presidente, la máxima autoridad del país, plantea un cuestionamiento a los particulares por lo que él subjetivamente llama tierras improductivas, estas acciones cobran un sentido muy oscuro, mostrando la peor cara de la política”, afirmó la legisladora Lehmann, quien terminó por apuntar al Gobierno nacional.
“El gobierno termina legitimando la demostración de un fracaso total, donde lamentablemente terminan enfrentados ciudadanos contra ciudadanos. Y por otra manera, lo que quienes usurpan deben entender, que si un gobierno permite que una persona se apropie de algo que no le pertenece, como te va a garantizar a vos, en caso que a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio, hayas podido comprarte un terrenito, no va a permitir que venga otro y te lo robe”, agregó.
Por otro lado, la toma del terreno del viernes causó conmoción y desesperación a sus dueños, la familia Roberts. La denuncia fue radicada por uno de los socios de la empresa, Ernesto Roberts.
En tanto, una de sus hermanas, Karen Roberts, fue la encargada de negociar con una representante de la toma una salida pacífica al conflicto. Mientras la usurpadora aseguró que la empresaria les había asegurado que no tenía problemas en brindarles las tierras, la propia socia de la empresa negó esos dichos. Afirmó que el pacto había sido retirar a todas las familias del predio y recién después sentarse a negociar una propuesta de solución al conflicto habitacional.
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